CPV cobró 37 millones de euros de sus clientes y construyó por menos de uno

El perito judicial que ha analizado las cuentas de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) ha detectado numerosas irregularidades en los números de esta entidad que ha dejado un agujero a proveedores y compradores de pisos por importe de 27 millones de euros (unos 4.460 millones de las antiguas pesetas). CPV es la promotora que ha dejado en la estacada a 1.200 familias madrileñas que le anticiparon sus ahorros -entre 15.000 y 30.000 euros- para que les construyera una vivienda en los nuevos barrios del norte de la capital: Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo.

El informe judicial, redactado por el perito José Pita García a instancias del Juzgado instructor, el número 34 de la plaza de Castilla, revela que CPV ha funcionado prácticamente desde su constitución, en 1998, "sin fondos propios", y que el dinero ajeno obtenido lo destinó en general a fines distintos de la construcción de casas. Según el perito, los recursos de su actividad proceden mayoritariamente de los anticipos que le entregaron las cientos de familias madrileñas que pretendían adquirir una casa en los barrios antes citados.

Los cuatro máximos responsables de CPV se hallan en la actualidad libertad provisional con cargos tras haber permanecido en prisión en 2002 por su implicación en esta presunta estafa. Se trata del director general de CPV, Francisco García Moreno; de sus hijos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez, y de Ángel Morillo del Pozo.

Subcuentas

El perito judicial enumera en su informe la retahíla de dificultades halladas para poder analizar los números de CPV con rigor. Destaca que sólo ha podido analizar las cuentas de los años 2000, 2001 y 2002 y que no ha podido acceder a la contabilidad informatizada de los ejercicios de 1998 y 1999 por desconocimiento de las claves de acceso a los ordenadores. El perito advierte de que el desmantelamiento de los enseres y ordenadores de las instalaciones de CPV, que eran alquiladas, y el traslado de éstos a un almacén, "ha dificultado y dificultará considerablemente la comprobación de los datos contables".

No obstante, y en función de lo ya analizado, el perito denuncia graves irregularidades en la forma de preparación y elaboración de los asientos contables de CPV.Lamenta que esta promotora carezca de las obligadas "subcuentas para cada uno de los clientes". El perito ha podido conocer el monto de los anticipos entregados por los damnificados "gracias al descubrimiento de la clave de acceso a un ordenador", facilitada por uno de los empleados.

El experto señala que son tres los orígenes del dinero que ingresó CPV a lo largo de sus cinco años de funcionamiento. El capital social de la empresa, tras sucesivas ampliaciones, alcanzó en 2000 los 354.000 euros (unos 59 millones de pesetas). El perito considera esa cuantía "muy reducida, en comparación", explica, "con los miles de millones de pesetas de las operaciones acometidas por CPV, como es el caso de los anticipos de clientes, que en 2001 superaron los 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas).

La vía habitual de ingresos de cualquier empresa es la venta de sus productos e ingresos por prestación de servicios. A lo largo de su vida, y hasta mayo de 2002, CPV, según el informe pericial, obtuvo por este concepto 15,7 millones de euros (2.618 millones de pesetas). De ese dinero, sólo 643.000 euros (107 millones de pesetas) fueron destinados a construir y acabar casas, en concreto las de la promoción Lago de Magán, en Toledo.

Subraya el perito que CPV obtuvo la gran mayoría de sus fondos de los anticipos de los clientes. Y es que, mediante campañas publicitarias, captaba clientes a los que ofrecía pisos y les pedía 3.000 euros (unas 500.000 pesetas) en concepto de reserva. Después, suscribía un contrato de adquisición de vivienda, que incluía un primer pago adelantado de la casa de unos 6.000 euros y sucesivas letras de cambio hasta cubrir el importe del futuro inmueble. Las cantidades entregadas a cuenta, según el contrato, ingresarían, tal como marca la ley, en una cuenta bancaria restringida y CPV sólo podía sacar dinero de ellas si era para la construcción de las viviendas.

Pero los gestores de CPV se las valieron para disponer de ese dinero, con aquiescencia de los bancos, y no lo invirtieron en las viviendas prometidas. CPV "utilizó [ese dinero] para sus actuaciones y operaciones de todo tipo".