Un gigante susceptible

El debate científico se quitó ayer la bata de los laboratorios para vestir la toga de los jueces. El motivo es la demanda, inusual en el panorama científico español, de la multinacional Merck Sharp & Dohme (MSD) contra Joan-Ramon Laporte, quien en el número de septiembre del

Butlletí Groc (Boletín Amarillo), del Instituto Catalán de Farmacología, calificó de "fraude científico" los ensayos para la aprobación del rofecoxib, el antiinflamatorio estrella de la compañía.

Laporte es un prestigioso farmacéutico. Dirige el Instituto Catalán de Farmacología, es jefe del Servicio de Farmacología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro destacado del Comité de Medicamentos Esenciales de la OMS. Y en su artículo se limitó "a hacer un resumen de las críticas aparecidas en revistas científicas de la talla de The Lancet y el British Medical Journal", como "minimizar sus riesgos cardiovasculares" y que a largo plazo producía casi tantas úlceras como otros antiinflamatorios.

"El caso pone en duda la credibilidad de los ensayos patrocinados por la industria"

La directora de la Asesoría Jurídica de MSD, Irene Andrés, afirma que creen en "la libertad de expresión", y que lo único que piden es "el derecho a una rectificación, un derecho constitucional". "Que meta nuestra opinión igual que mete las críticas", reclama Andrés.

La demanda de la compañía llega después de "varios intentos de acuerdo", indica la abogada. La empresa preparó un texto de rectificación, que Laporte admite que no quiso "ni mirar". "Si ellos tienen derecho a decir lo que podemos publicar, que nos dejen indicarles lo que pueden decir", comenta.

Las críticas eran para el rofecoxib y el celecoxib, pero Pfizer, fabricante de este último, no ha querido entrar en la polémica.Lo peor para Merck son los comentarios de Laporte en el apartado Intereses comerciales a expensas de la salud de los pacientes. En él afirma que "la evaluación y financiación de estos fármacos se basaron en la información falseada presentada en la Agencia Europea del Medicamento", y critica "la manipulación de los resultados científicos en detrimento de desatender la salud de los pacientes" y "las irregularidades que han rodeado la publicación" de los estudios. "Son acusaciones muy graves para dejarlas pasar", afirma Andrés.

"Este caso pone en duda la credibilidad de los ensayos patrocinados por la industria. Yo mismo pertenezco a varios comités encargados de aprobar las investigaciones en humanos, y éstas se aprueban sin una garantía de que los resultados se vayan a publicar incluso cuando no favorezcan a los intereses de las farmacéuticas", afirma Laporte. Como ejemplo, señala que "más del 70% de los ensayos realizados en los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona no llega a publicarse porque no son favorables a los fabricantes".

Laporte exhibe cientos de firmas de apoyo, entre ellas la de un catedrático de Farmacia estadounidense accionista de Merck quien califica la demanda de "vergüenza". La Consejera de Sanidad catalana, Marina Geli, ha dicho que "los científicos tienen derecho a publicar y expresar lo que piensen de los estudios".

Éste es el "punto clave", dice Laporte. "Está en juego es la posibilidad de criticar a una compañía, por muy grande que sea", dice. Las dos partes salieron ayer satisfechas de la audiencia. En unas dos semanas sabrán lo que decide la juez María Victoria Salcedo.