Chile revisa los crímenes del pasado

El general Juan Emilio Cheyre suele cultivar un estricto bajo perfil y no prodiga las declaraciones públicas. Sorprendentemente, el comandante en jefe del Ejército chileno, heredero del cargo que ocupó Augusto Pinochet durante 25 años, ha roto el silencio para criticar la actuación del Congreso. El general ha dicho que está "desesperanzado" porque la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre derechos humanos que el presidente Ricardo Lagos anunció en agosto no avanza, y ha responsabilizado de la demora a "sectores indiferentes y grupos de presión", sin dar mayores detalles. Las reacciones a las palabras del general no se han hecho esperar.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Isabel Allende, ha replicado al general Cheyre al afirmar que no hay ningún estancamiento, y que lo que está haciendo el Parlamento es escuchar, dialogar y buscar consensos. "Aquí no hay que olvidar que ha habido las más graves violaciones de derechos humanos, asesinatos y otros atropellos", ha dicho la presidenta de la Cámara baja. "Lo menos que se puede hacer es escuchar a toda la ciudadanía y eso está lejos de interpretarse como presiones".

Lo que se planteó inicialmente como el intento de esclarecer el paradero de miles de detenidos-desaparecidos durante la dictadura, y resolver una asignatura pendiente en la sociedad chilena, ha derivado en una agria polémica sobre los derechos humanos y ha reabierto el viejo dilema sobre verdad y/o justicia a la hora de resolver los casos.

El 12 de agosto pasado, ante el 30º aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el presidente Lagos se dirigió al país y propuso tres proyectos de ley para eliminar los antecedentes penales de los antiguos represaliados, reparar a las víctimas e incentivar la entrega de información sobre los desaparecidos.Las organizaciones de derechos humanos miraron con recelo la iniciativa presidencial. "Siempre hemos dicho que el tema no tiene solución legislativa. Lo único que se puede conseguir por esta vía es más impunidad", señala Nelson Caucoto, abogado de causas tan emblemáticas como el asesinato del cantante Víctor Jara en el Estadio Nacional, los últimos resistentes en el Palacio de la Moneda el día del golpe o el asesinato de 12 militantes del brazo armado del PC en la llamada Operación Albania (1987).

El más controvertido de los tres proyectos es, sin duda, el ofrecimiento de inmunidad a los militares involucrados que aporten información relevante sobre el paradero de los desaparecidos. Como integrante del equipo jurídico de FASIC, organización no gubernamental que heredó las causas de la Vicaría de la Solidaridad y referente en la defensa de los derechos humanos, Caucoto fue convocado al Palacio de la Moneda por el ministro del Interior, José Miguel Insulza, e invitado a la Cámara de Diputados. "Dijimos que no nos gustaba el ofrecimiento de inmunidad a los informantes, porque viola todos los tratados de derechos humanos y omite el Derecho Internacional, que operó a la perfección cuando detuvieron a Pinochet en Londres", explica Caucoto.

Las opiniones de los abogados y de las organizaciones humanitarias tuvieron eco en varios congresistas, sobre todo del Partido Socialista, que propusieron sustituir el concepto de inmunidad por la aplicación de atenuantes a los informantes (autores, colaboradores o encubridores) sobre el paradero de los desaparecidos. Este mismo sector de parlamentarios sostiene que la ley de amnistía aprobada por el régimen de Pinochet para garantizar la impunidad de sus funcionarios es de nula aplicación. Como era de esperar, los partidos de derecha rechazaron los nuevos planteamientos y defendieron la propuesta inicial del Gobierno. La discusión quedó empantanada.

Así estaban las cosas cuando el general Cheyre destapó la caja de los truenos el jueves pasado. Al salir del Palacio de los Tribunales, adonde acudió para saludar al nuevo presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, el comandante en jefe criticó a los legisladores en estos términos: "El Ejército lo único que quiere es que las víctimas no vivan un duelo permanente y que los procesados, muchos de los cuales pueden ser inocentes, no sufran venganza. Y para eso se necesitan disposiciones, porque es raro que no avancen desde que están en agosto por una propuesta presidencial". A buen entendedor pocas palabras bastan, y las del general Cheyre denotaban el malestar en las filas castrenses por el continuo desfile de militares ante la Justicia y el procesamiento de 300 oficiales retirados y en activo.

El Ejército tiene prisa por cerrar un capítulo que lleva abierto 30 años en Chile. Y el Gobierno también. "No es una tarea fácil", sostiene el abogado Caucoto, "porque el futuro democrático de Chile dependerá en buena medida de cómo se resuelva el problema de los graves crímenes que se cometieron". La detención de Pinochet en Londres (octubre de 1998) marcó el comienzo de una etapa nueva, que ha permitido un vuelco espectacular en la acción de los jueces en Chile. Desde hace tres años, la Corte Suprema no ha sobreseído ninguna causa contra militares por aplicación de la amnistía, y en todas las contiendas de competencia la Justicia civil se ha impuesto a la militar.

El avance de la acción judicial en Chile ha tenido un límite: Pinochet no ha sido juzgado en su país. Pinochet ha probado que sigue siendo intocable en Chile, pero como contrapartida el poder judicial ha dado señales de que por debajo del jefe todos pueden ser citados por los tribunales. Algo impensable hasta la ejecución de la orden dictada por el juez Baltasar Garzón.