El PP y los cambios educativos

El PP ganó las elecciones de marzo de 1996 con el discurso de que nos encontrábamos con la generación de jóvenes mejor formada de la historia de nuestro país. Durante la primera legislatura, con Esperanza Aguirre como ministra de Educación, cambiaron rápidamente el discurso y lanzaron una fuerte campaña sobre la poca formación humanística de nuestros jóvenes, intentando justificar las contrarreformas que tenían preparadas. Al no disponer de mayoría parlamentaria para imponer sus cambios educativos, guardaron su discurso para mejores tiempos y nombraron ministro de educación a Mariano Rajoy que se limitó a dejar transcurrir el tiempo, a no resolver ninguno de los problemas de nuestro sistema educativo y a favorecer, por tanto, que cundiera la sensación de que nuestro sistema educativo necesitaba grandes cambios.

En la segunda legislatura, con la mayoría absoluta y con Pilar del Castillo como ministra de educación, se lanzaron a poner en marcha el proceso de contrarreformas educativas con la LOU, la ley de FP y la Ley de Calidad, aprobadas en solitario en estos dos últimos años, que han supuesto "el bienio negro" de la educación en nuestro país.

La LOU es un claro ejemplo de la desconfianza del PP hacia la universidad pública y de la obsesión de su control, a través de una Agencia Nacional que está siendo el mejor exponente del sectarismo y de la falta de seriedad científica y rigor académico. Ocho años de retroceso en el compromiso con la universidad pública, de disminución del gasto real en euros constantes y de grave merma en la igualdad de oportunidades con la disminución de becas y ayudas a los estudiantes. La Ley de FP no da ningún paso hacia la necesaria integración de los tres subsistemas de formación profesional (Reglada, Ocupacional y Continua), y culmina una política que demuestra su despreocupación hacia la existencia de varios millones de personas, significativamente mujeres en su mayoría, sin la cualificación necesaria para conseguir un empleo digno. Y el ejemplo más claro de su concepción del papel de la educación lo hemos podido comprobar en la mal llamada Ley de Calidad, una Ley que lejos de proponer soluciones para superar las dificultades de aprendizaje que encuentra el alumnado y dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento, opta por segregar a los estudiantes con dificultades, por expulsarlos del sistema educativo, por sacar a las familias de la escuela.

Sus contrarreformas educativas tienen un claro denominador común, en lugar de apostar porque la educación sea un potente instrumento de integración y cohesión social, su apuesta va dirigida a mantener las desigualdades de origen, a que se mantenga lo que ellos llaman "el orden natural de las cosas". Mientras ha aumentado la riqueza de España con el crecimiento del PIB, los recursos destinados a la Educación no han parado de disminuir. Así, mientras en 1996 el gasto suponía el 4,9 % del PIB, ahora supone sólo el 4,4%. Hoy, España es más pobre en Educación que hace ocho años, el Partido Popular ha descapitalizado nuestra inversión más importante y estratégica: las ciudadanas y los ciudadanos del futuro. Hay todavía quien piensa que esta política educativa responde a un intento diferente de resolver los problemas de nuestro sistema educativo, que los problemas los había generado la LRU o la LOGSE. Yo les invito a que analicen con calma la concepción social e ideológica que subyace en estas leyes, en la política educativa del PP, que no es sino la versión española de un movimiento más global presente en muchos países, especialmente en EEUU, en el que confluyen sectores neoliberales, populistas autoritarios y fundamentalistas religiosos.

En España esa confluencia la tienen mucho más fácil, porque todos esos sectores están en el PP. Esos son los sectores que obligan a la población escolar a que elija entre Religión Católica y Hecho Religioso (cuyos contenidos han sido dictados por la propia Conferencia Episcopal), esos son los sectores que promueven que todo el alumnado con dificultades de aprendizaje se escolarice en los centros públicos, para poder llevar a sus hijos a la privada concertada sin que se tengan que juntar con determinadas compañías que, según ellos, les impiden una adecuada formación. Esos son los sectores que en cada proceso electoral nos recuerdan que no podemos votar a la izquierda, bien sea por el divorcio, por el aborto, o, ahora, como nos recordaba hace unos días Rouco Varela, haciendo gala de "su independencia", por no aplaudir la imposición de las enseñanzas de Religión para todos. Ellos tienen claro el voto, les da igual que se llame Aznar o Rajoy, Camps o Zaplana. Los demás deberemos pensar bien qué hacemos el 14 de marzo si no queremos que esos sectores sigan gobernando, si no queremos que la educación de calidad sea patrimonio de los sectores sociales más favorecidos.

Miguel Soler es director de l'Escola Ernest Lluch. Fundació Societat i Progrés