Un pacto a pedales

Si una civilización alienígena tuviera oportunidad de espiar la vida en las grandes ciudades del planeta Tierra podría llegar a pensar que nuestro mundo está habitado por los coches y que los humanos apenas somos una especie de parásitos que ocupan los vehículos a motor. Éstos requieren de enormes inversiones para poder moverse a su antojo por carreteras, autopistas o rondas de circunvalación, mientras que los peatones disponen de un espacio ridículo en comparación con las infraestructuras que devoran los automóviles.

A pesar de la atención desmesurada que recibe, el uso de este medio de transporte no ha resuelto el problema de la movilidad en las grandes urbes. La velocidad media de un automovilista en la mayoría de las capitales andaluzas oscila, según el grado de saturación que presenten las vías del casco urbano, entre los seis y los 15 kilómetros por hora, mientras que un ciclista en idénticas circunstancias se mantiene, sin dificultad, en los 20 kilómetros por hora de media, usando, además, el único transporte que permite desplazamientos puerta a puerta.

Si a esta ventaja sumamos las facilidades que otorgan el clima y la orografía, el uso de la bicicleta no debería ser un recurso casi anecdótico en el conjunto de las fórmulas de transporte que a diario usan los andaluces en sus desplazamientos urbanos. Aunque estos argumentos aparecen de forma insistente en todos los estudios sobre movilidad urbana, a la hora de la verdad las distintas administraciones apenas prestan apoyo a los ciclistas que, literalmente, se juegan la vida en su afán por trasladarse usando el medio de transporte más eficiente y limpio.

Al margen de campañas e iniciativas puntuales, los colectivos que en Andalucía aglutinan a los defensores de las dos ruedas se han embarcado, por vez primera, en una acción colectiva de gran envergadura, destinada a incentivar la adhesión a un Pacto Andaluz por la Bicicleta. El documento, que puede consultarse y suscribirse en Internet (www.andaluciaporlabici.org), lo promueven A Contramano (Sevilla), Granada al Pedal, Plataforma Carril-Bici (Córdoba) y Ruedas Redondas (Málaga).

En cinco meses, y con independencia de las adhesiones individuales, se ha conseguido el respaldo de más de un centenar de colectivos e instituciones, entre las que se cuentan el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación de Granada o la Universidad de Córdoba. En definitiva, se trata de ir sumando apoyos para que, a comienzos del próximo otoño, el pacto pueda convertirse en un proyecto de resolución que se remitiría al Parlamento andaluz para su aprobación.

Además de los epígrafes en los que se defiende la utilidad pública de la bicicleta, tanto por sus beneficios ambientales como por su contribución a la salud personal, los promotores del pacto concretan algunas reivindicaciones. En primer lugar, precisa el pacto, habría que "elaborar y aprobar medidas legislativas que garanticen la adaptación de las vías públicas de Andalucía al uso de la bicicleta", lo que supone, como mínimo, disponer de la señalización adecuada, adaptar las normas de diseño de las vías al uso de este tipo de transporte y, cuando sea necesario, reservar espacios exclusivos (carril-bici).

La atención a la bicicleta debería, asimismo, incluirse en los planes intermodales de transporte y en los planes de ordenación del territorio que se vienen aplicando en las grandes áreas metropolitanas de la comunidad autónoma. En estos casos no sólo se trata de diseñar vías aptas para el uso de bicicletas sino que, además, habría que desarrollar campañas que fomentaran el uso de estos vehículos e infraestructuras que permitieran una correcta combinación con los transportes públicos.

Tomando el ejemplo de otras comunidades autónomas, el pacto sugiere la puesta en marcha de una red básica de vías ciclistas, a la que se incorporarían, mediante programas de recuperación y puesta en valor, caminos rurales y vías pecuarias, así como carreteras comarcales adaptadas al uso de la bicicleta.

Un compromiso aún más directo es el que se pide a las administraciones públicas para que faciliten el acceso en bicicleta a todos sus edificios e instalaciones, dotándolas, por ejemplo, de aparcamientos específicos.

Seguir apostando por el vehículo a motor privado, en detrimento de otras fórmulas de transporte más sostenibles, no sólo reporta perjuicios ambientales o sanitarios. Los autores del pacto advierten de que las "ingentes inversiones que requieren los automóviles restan recursos a la educación, la sanidad o la cultura". De esta manera, añaden, "el fomento de la movilidad sostenible se enmarca dentro de aquellas políticas progresistas que inciden en dedicar más recursos a aquellos sectores directamente ligados al estado de bienestar".

sandoval@arrakis.es