El PSOE e IU responsabilizan a Martínez de las irregularidades en la zona franca de Cádiz
La alcaldesa gaditana elude el asunto en sus mítines, y Arenas afirma que está siendo insultada
El presidente andaluz, Manuel Chaves, ha dejado pasar 24 horas antes de pedir la dimisión de Teófila Martínez como presidenta del consorcio de la zona franca de Cádiz, después de que el Tribunal de Cuentas haya detectado irregularidades contables en la gestión de Manuel Rodríguez de Castro (PP), delegado especial del Estado en el consorcio entre 1997 y 2001, por valor de 595.000 euros. En la misma línea, el aspirante de IU a la presidencia de la Junta, Diego Valderas, afirmó que la candidata popular y alcaldesa de Cádiz es "corresponsable del agujero económico" detectado.
Chaves, que encabeza la lista socialista al Parlamento andaluz por Cádiz, aseguró ayer en Granada que el PP conocía las conclusiones del órgano fiscalizador -el PSOE cree que se demoró intencionadamente el registro del informe al Congreso- y por ende, también la candidata del PP. "Es difícil pensar que Teófila Martínez no conocía el informe", apostilló.
El candidato socialista pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, una acción ejemplificadora, en sintonía con su propuesta de regeneración democrática. "Eso exige no sólo explicaciones, sino también responsabilidades políticas y dimisiones, ya que es un nombramiento político" del Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Economía, Rodrigo Rato. "Tendría que pensarse si cabe la dimisión" de Rato, dijo. Chaves, tras pedir la dimisión como presidenta del consorcio de Martínez (en calidad de alcaldesa de Cádiz), recordó que Rodríguez de Castro está "íntimamente vinculado" a la candidata del PP, por lo que "debe dar explicaciones" al Ayuntamiento gaditano.
La arremetida de Chaves fue acentuada por el consejero de Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, quien consideró "irrisorio y carcajeante" que Martínez no conociese "que se estuviese haciendo uso ilegal de 600.000 euros en un organismo del que ella es presidenta". Además, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz y candidato al Congreso, Rafael Román, pidió la intervención del fiscal para determinar si se pueden derivar responsabilidades penales, así como la creación de una comisión de investigación municipal.
Ésta fue la línea seguida por el candidato de IU a la Junta, Diego Valderas, para quien la alcaldesa de Cádiz es "corresponsable del agujero económico", por lo que le pidió que permita una investigación: "No puede escurrir el bulto y mirar para otra parte. Es responsable a la hora de velar por los fondos públicos y habrá que responsabilizarla y corresponsabilizarla del agujero económico".
Antonio Ortega, aspirante del Partido Andalucista, tomó más distancia en la polémica al afirmar que no está dispuesto a hacerle "el juego al PSOE". A pesar de que afirmó que "los primeros indicios indican que hay que preocuparse", Ortega subrayó la necesidad de salvaguardar la presunción de inocencia: "Mientras no se tenga nada más firme prefiero salvaguardar la democracia que entrar en campaña en este asunto".
Pese a la polémica, Teófila Martínez no hizo ayer ninguna referencia a las citadas irregularidades en sus mítines en Jaén y Baza (Granada). Fuentes del PP confirmaron, minutos antes de las intervenciones de la dirigente popular, que ésta eludiría pronunciarse al respecto. A diferencia de otros mítines, Martínez se emocionó cuando dirigía a los reunidos los mensajes habituales de su programa. Incluso se le quebró la voz cuando dijo: "Soy una persona que necesita el calor. Ese calor que hace falta para mover montañas, porque hace falta en Andalucía mover las montañas del engaño y la demagogia".
Minutos antes, Javier Arenas, vicepresidente segundo del Gobierno, dio su explicación sobre lo que le ocurre a Martínez: "Sabemos lo difícil que es hacer una buena campaña en Andalucía siendo insultada todos los días, cuando el PSOE sólo tiene una estrategia, mantenerse en el poder con la confrontación, y porque no tenemos las mismas posibilidades de penetración mediática que los socialistas".
Gastos y contratos sin documentación
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz evidencia la falta de control sobre los gastos del ex delegado del Estado Manuel Rodríguez de Castro, quien no justificó (o lo hizo irregularmente) gastos por 318.536 euros efectuados con tarjetas de crédito corporativas, de 132.222 euros adelantados de su bolsillo y no avalados con facturas y de otros 144.232 euros abonados en conceptos de asesoría externa. Éstas son algunas de las irregularidades señaladas.
- Cesión de facultades. El Tribunal estima que "no puede considerarse prudente" el traspaso de todas las facultades contractuales de obras del pleno al comité ejecutivo del consorcio y de éste al delegado especial. Esto ha supuesto "la desvinculación" del pleno del consorcio "de uno de los aspectos más relevantes de la entidad". Así, revela el informe que "no aparece motivada la adjudicación de dos contratos en los que hubo concurrencia de ofertas".
- Publicidad. La contratación de campañas no se formalizó por escrito. Sobre un contrato de asesoría de comunicación y publicidad, por el que se pagaron 117.798 euros entre 1998 y 2000, "no hay constancia documental alguna de la prestación realizada por la empresa adjudicataria".
- Contratos externos. Un contrato de 1996 para prestar servicios al consorcio en Madrid, que tenía un costo anual de 10.800 euros, se disparó de 1997 a 2000 a 144.240 euros, la mayoría "gastos suplidos que el consorcio abonó sin que la perceptora le hubiera entregado los justificantes oportunos" ni haya "evidencia" del "rendimiento que reportó esta contratación".
- Viajes y comidas. La fiscalización de los viajes y comidas de Rodríguez de Castro se ha visto "limitada" por "el insuficiente control" por y "la insuficiencia de la documentación". El gasto por este motivo fue de 805.356 euros. Parte fueron abonados con la tarjeta del delegado y parte, adelantados por él y reintegrados.
- Tarjetas de crédito. El delegado pagó 318.536 euros con las tarjetas de crédito corporativas para "viajes, servicios de restauración y otros gastos" que no se han podido fiscalizar "adecuadamente", porque sólo se aportaron "los extractos mensuales de las tarjetas" y porque no se hacía constar el "motivo o finalidad del viaje". Faltan datos sobre un gasto de 2.404 euros en un hotel de Madrid en 1999; de 25.843 euros en libros "o artículos varios que parecen tener carácter particular", de los que luego sólo se reintegraron 2.500 euros; de otros 9.616 euros por desplazamientos nacionales e internacionales de varias personas "que el consorcio no ha podido identificar", y faltan por justificar 1.803 euros de disposiciones en efectivo desde la tarjeta que están sin reintegrar.
- Adelantos. Dice el informe, que siempre habla en pesetas, que el delegado adelantó 132.222 euros, que no se han justificado: 19.232 euros están avalados inadecuadamente con facturas "de carácter personal"; otros 5.000 euros son gastos propios, incluidos de servicio doméstico del delegado, y de los casi 77.000 euros de viajes sólo se justifican 10.217 euros.
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