Archivada la querella contra un ex alcalde de Sevilla la Nueva
Los grupos de defensa de la naturaleza Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF Adena se han unido para denunciar la "permisividad judicial ante irregularidades y delitos urbanísticos, que crean una sensación de impunidad en la zona oeste de Madrid". La desestimación de un recurso de apelación por parte de la Audiencia Provincial de Madrid contra el archivo de una querella interpuesta por el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, por presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en Sevilla la Nueva, ha provocado la reacción unánime de los ecologistas.
Para ellos, éste es el "caso más escandaloso" de los que han estudiado. Hace tres años, el ministerio fiscal interpuso una querella contra el ex alcalde de Sevilla la Nueva Ángel Batanero, el arquitecto municipal, y el secretario de la corporación. Denunciaba la edificación en zona verde, incremento de las viviendas autorizadas en determinados ámbitos, y la construcción de viviendas libres donde las normas subsidiarias tenían planificados inmuebles de protección pública.
Como acusación particular, se personaron tres concejales del PSOE, entonces en la oposición, y ahora en el equipo de Gobierno tras ganar las últimas elecciones del pasado mes de mayo. Las ediles denunciantes están estudiando la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Reducción de zona verde
La querella fue presentada en el juzgado de Navalcarnero, que la archivó al considerar que los hechos no eran constitutivos de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio. En el auto de archivo, el juzgado explica que se ha producido una reducción de una zona verde, pero considera que la actuación de Batanero -con doble condición de cargo público y empresario de la construcción- no fue constitutiva de delito. Explica que las actuaciones fueron aprobadas por el pleno, motivo por el que no puede deducirse de forma individualizada responsabilidad criminal contra quien no es responsable de esa decisión que se tomó de forma colegiada.
"Con el archivo de esta querella, el juzgado niega la posibilidad de llegar al fondo de los hechos, por lo que se está mandando el mensaje a la sociedad de que no pasa nada por construir en zonas verdes o más viviendas de las permitidas", dicen los ecologistas.
También afirman que "estas decisiones judiciales están vaciando de contenido los artículos del Código Penal relativos a la protección del medio ambiente y la ordenación del territorio".
Los ecologistas recuerdan también el caso de Alcorcón, donde 20.000 viviendas de protección oficial pasaron a ser de precio libre. El fiscal de Medio Ambiente interpuso la correspondiente querella hace un año y el juzgado todavía no ha practicado diligencia alguna, explican.
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