La justicia belga decide extraditar al principal inculpado por el asesinato de Buesa

La Cámara de Acusación del Tribunal de Mons decidió ayer entregar a la justicia española a los presuntos etarras Diego Ugarte y Jon López Gómez, detenidos en Bélgica el pasado 30 de marzo. El abogado de ambos detenidos ha apelado la decisión y confía en que el procedimiento se paralice automáticamente porque los dos pidieron asilo político en Bélgica tras ser detenidos.

Ugarte es el principal inculpado en el asesinato en febrero de 2000 del entonces portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, Fernando Buesa, y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez. Jon López Gómez, huido de la justicia española, está condenado a 17 años de prisión por quemar un autobús en Basauri en el que viajaban varias personas, en 1996, lo que motivó la salida en llamas del conductor del vehículo.

España y Bélgica han suscrito ya la euroorden, un sistema europeo que ha terminado con los largos procedimientos de extradición en los que los dos Gobiernos implicados intervenían en el proceso. Ahora es un trámite más corto en el que sólo intervienen los sistemas judiciales reconociendo las decisiones mutuas. En este caso, sin embargo, el juez de instrucción que llevó el caso tras la detención se negó a entregar a los dos arrestados basándose en un informe de la ONU que señala que en las comisarías españolas no se respetan los derechos humanos.

El fiscal belga recurrió la decisión y ahora la Cámara de Acusación da luz verde a la entrega porque el citado informe no fue aprobado por unanimidad y no tiene ningún valor jurídico, informa la agencia Efe.

El abogado de Ugarte y de López, Paul Bekaert, ha recurrido esta nueva decisión y la Cámara de Acusación tiene 15 días para decidir. En caso de mantener su opinión, la entrega podría ser casi inmediata, pero Bekaert confía también en la demanda de asilo político presentada por los dos presuntos terroristas.

"Legalmente, la presentación de tal demanda debería paralizar cualquier extradición", dijo ayer el letrado a este periódico. De llegar el conflicto hasta este nivel, las relaciones bilaterales podrían resentirse.

Las nuevas normas europeas de Justicia e Interior se basan en la confianza mutua de los sistemas judiciales y la Unión Europea (UE) acaba de aprobar una directiva de procedimiento de asilo que deja por sentado que no ha lugar a una petición de asilo por parte de ciudadanos provenientes de cualquier país de la UE.