Lío de papeles

La desclasificación de documentos secretos por el Gobierno implica siempre un difícil equilibrio entre transparencia y responsabilidad. La decisión anunciada ayer constituye un batiburrillo que no facilitará la labor de la comisión parlamentaria de investigación del 11-M. Hay documentos que se desclasifican directamente, casi todos de Interior. Otros a los que tendrá acceso en sesión secreta, sin posibilidad de fotocopiarlos, la comisión del 11-M. Unos terceros que se verán en la Comisión de Secretos Oficiales, formalmente de gastos reservados, del Congreso, cuyos integrantes, distintos de los de la primera, tienen obligación de guardar silencio sobre la información que reciban. Y finalmente otros seis del CNI (Centro Nacional de Información), que no se desclasifican pues atañen a servicios de información extranjeros o a su funcionamiento interno. Es verdad que el Gobierno ha atendido, como afirma, a "la práctica totalidad" de peticiones de la comisión, pero de forma poco operativa.

La decisión prima la ley del CNI de 2002, más restrictiva, sobre la de Secretos Oficiales de 1968, reformada en 1978. Ésta señala que el Congreso y el Senado no se verán afectados por la declaración de materias clasificadas y "tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen". En definitiva, ha pesado en el Gobierno el criterio de Defensa, de quien vuelve a depender el CNI y cuya credibilidad se intenta preservar.

En la lucha contra el terrorismo de diversas clases, este país necesita de la colaboración de las fuerzas de seguridad y los servicios extranjeros. Esta necesidad justifica que algunos papeles del CNI no se desclasifiquen. Pero también es perentorio saber en qué fallaron los servicios, para poder mejorar la prevención de atentados como el del 11-M. A este respecto, la comisión ha de dilucidar si la información y los análisis disponibles fluyeron suficientemente entre la Policía, la Guardia Civil, el CNI y en general todos los órganos implicados.

La prioridad es que la comisión del 11-M aclare lo que pasó. El lío sobre las diferentes clases de acceso a los papeles no parece la mejor forma de proceder. Pero este ejercicio contrasta con la irresponsabilidad del Gobierno de Aznar, que, en funciones, desclasificó documentos del CNI solamente para justificarse políticamente. La Comisión de Secretos Oficiales tendrá al menos acceso a las evaluaciones del CNI sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Sadam Husein antes de la guerra. Sus conclusiones deberían ser públicas. Es el mínimo derecho de una ciudadanía que se opuso radicalmente a una guerra fabricada, ilegal e injustificada.