La fiscalía acusa a Valdemingómez de provocar graves problemas ecológicos

La Fiscalía de Madrid revela en una denuncia que el "descontrol" de la planta incineradora de Valdemingómez ha provocado el lanzamiento al exterior de agentes tóxicos que están afectando a aves que anidan en un perímetro de cinco kilómetros a la redonda. La fiscalía adjunta a su denuncia informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Guardia Civil que aseguran que, entre 2001 y 2003, la incineradora, gestionada en nombre del Ayuntamiento por la empresa Urbaser, ha expulsado altas cantidades de furanos, dioxinas y metales pesados.

El ministerio público ha interpuesto una denuncia contra los máximos responsables de la incineradora, entre ellos la directora general de la planta, María Jesús Ramírez, la ejecutiva Elvira García Bellido y el ex concejal del Ayuntamiento de Madrid Adriano García Loygorri, entre otros. Les considera responsables del incumplimiento de la estricta normativa por la que debe regirse una instalación de estas características. El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, sostiene que el descontrol de los últimos años en materia medioambiental "es muy grave" y que las emisiones de tóxicos y metales pesados está dañando el ecosistema de la zona. Los análisis practicados a las aves que viven en el entorno presentan altos niveles de contaminación.

La fiscalía entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delitos contra el medio ambiente y la salud, ya que recalca que la ingesta de productos que se crían en la zona expuestos a los tóxicos puede estar dañando la salud de los habitantes de la zona, en la que viven unas 400.000 personas. La combustión de la basura es la que produce las dioxinas y furanos, y la causa de la emisión de metales pesados al medioambiente. Los furanos y las dixionas son agentes con componentes que producen cáncer, entre otras afecciones, según la fiscalía.

La normativa de control de las emisiones de tóxicos en Valdemingómez se ha vulnerado de forma reiterada en los últimos tres años, según sostiene la fiscalía, que se basa en informes periciales. Deja entrever la fiscalía que el hecho de que arrojen resultados normales los controles periódicos que efectúa el Ayuntamiento en Valdemingómez a través de un laboratorio radicado en Barcelona puede deberse a que en la incineradora se saben los días en que acuden los analistas para tomar las muestras y que, en consecuencia, en esas fechas se reduce o ajusta la combustión para que los niveles no se disparen.

Según el fiscal, el control de la planta de Valdemingómez es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, aunque haya adjudicado su gestión a Urbaser. Dada la naturaleza de una incineradora, que se dedica a quemar toda la basura de la capital, el Ayuntamiento está obligado a controlar y exigir control al adjudicatario del contenido y nivel de toxicidad de los humos que salen por los tres hornos y chimeneas que tiene Valdemingómez. La fiscalía sostiene que la empresa adjudicataria cobra del Ayuntamiento por cada tonelada de basura que quema, de tal forma que cuantas más toneladas incinera, más beneficios obtiene. Por eso sugiere que puede haber algún tipo de connivencia que permita a los responsables de Valdemingómez saber qué día en concreto se realizan las muestras para comprobar la toxicidad que se emite desde Valdemingómez y reducir la actividad.

Resultados

La fiscalía llega a esta conclusión porque no entiende cómo es posible que las muestras del Ayuntamiento siempre hayan dado un resultado de normalidad y las que hizo por sorpresa la Comunidad de Madrid, hace dos años, dieran como resultado, hace casi cuatro años -25 de enero de 2001-, la clausura de los hornos. La Comunidad de Madrid cerró durante casi un mes uno de los hornos tras efectuar "análisis por sorpresa" en la planta y comprobar que la emisión de tóxicos superaba en 15 veces el nivel máximo permitido de toxicidad. Señala la fiscalía que las mediciones que efectuó la Comunidad y que arrojaron tan alarmantes datos se efectuaron en la misma fecha en que el Ayuntamiento había hecho los suyos, y cuyos resultados habían sido normales. Las muestras de la Comunidad y el Ayuntamiento fueron analizadas, además, por el mismo laboratorio de Barcelona.

La denuncia de la fiscalía, según han informado a este periódico fuentes de la investigación, es demoledora y llega a la conclusión de que la planta incineradora está vulnerando de forma reiterada la normativa específica que regula este tipo de instalaciones, un real decreto fechado en septiembre de 1992. De tales incumplimientos normativos se deduce, según la fiscalía, que la planta ha estado funcionando al margen de unos controles rigurosos y que por ello está lanzando emisiones tóxicas que superan con creces los niveles permitidos. Este descontrol ha propiciado que los informes técnicos en poder de la fiscalía certifiquen que en los tejidos de las aves que anidan en en un perímetro de cinco kilómetros de la planta haya un exceso de tóxicos, así como en el suelo de la zona.

Entre 2001 y 2003, el Ayuntamiento hizo análisis de las emisiones, cerca de 70. Todas ellas han dado un promedio de en torno a 0,4 nanogramos de tóxicos por metro cúbico de aire, lo que se considera dentro de los parámetros normales. No obstante, la fiscalía entiende que no son rigurosos y que la realidad es bien distinta. La labor de control del medio ambiente de la zona de Valdemingómez compete a la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento, como gestor de la planta, tiene la obligación de efectuar sus propios controles y de informar de ellos a la Comunidad. En junio de 2001, un perito dictaminó que la planta había incumplido su deber de informar de determinadas anomalías a la Comunidad de Madrid.

La fiscalía ha descubierto, asimismo, la emisión incontrolada de sustancias derivadas de la combustión de plásticos y la ebullición de metales pesados. Hay muchos animales en la zona con altísimos niveles de metales pesados en su sangre. La fiscalía basa sus afirmaciones en informes de la Guardia Civil del Seprona y en resultados de pruebas y análisis practicados a aves que anidan en varios kilómetros a la redonda de Valdemingómez. Se basa también en un informes emitido por el perito Alfonso del Val y relativo al año 2003, en el que se destaca, además, que la planta incumple la normativa que rige para este tipo de instalaciones. Segun la fiscalía, el incumplimiento de la normativa y de los límites máximos de las emisiones tóxicas pone en riesgo la salud de los vecinos de la zona, así como el ecosistema vegetal y animal que habita en los aledaños de Valdemingómez El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha aportado estudios que revelan altísimos niveles de toxicidad en la sangre de los pollos y otras aves que anidan en un perímetro de cinco kilómetros de la planta. La fiscalía ha remitido su denuncia a los tribunales y en ella reclama la práctica de pruebas para corroborar los informes que aporta.