España plural en serio

En el debate de investidura José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a hacer todo lo posible por incluir el catalán en la Constitución europea. En cumplimiento de esa promesa, el Gobierno español solicitó que el artículo que enumera las 20 lenguas oficiales de la Unión Europea, además del gaélico irlandés, incluyera también a las lenguas españolas que son oficiales en diferentes comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Como es sabido, ese objetivo no se ha logrado, y el único beneficio del que gozarán el catalán/valenciano, el gallego y el euskera es una traducción de la Constitución, previa solicitud del Gobierno.

En un análisis a corto plazo, todos los que habían confiado en Zapatero tienen razón de sentirse defraudados, pero con un poco más de perspectiva el fracaso es un hito histórico: ningún Gobierno anterior, ni durante las negociaciones para la adhesión de España, ni al hilo de las sucesivas ampliaciones de la Unión, solicitó nunca el reconocimiento para el catalán/valenciano, el gallego y el euskera que se ha solicitado hogaño.

Más allá del hito histórico, la disposición de Zapatero a introducir el catalán/valenciano, el gallego y el euskera en las instituciones europeas incide de modo palmario en un debate que se ha abierto en la nueva etapa política de España, que no es otro que el del reconocimiento de las lenguas diferentes del castellano en las instituciones españolas. Plantear la posibilidad de que los ciudadanos españoles de lengua catalana/valenciana, gallega o vasca pudieran dirigirse a las instituciones europeas y recibir respuesta de ellas en su lengua propia nos recuerda que esos ciudadanos no gozan de ese derecho respecto a las instituciones centrales de su propio Estado. A día de hoy, la única institución central del Estado que admite escritos en lenguas españolas diferentes del castellano es el Senado, según un método pintoresco: si un ciudadano de Barcelona se dirige en catalán/valenciano al Senado, el Senado remitirá el escrito al Parlamento de Cataluña, sito en Barcelona, que lo traducirá al castellano y lo devolverá a Madrid, para que la Cámara alta pueda responder al ciudadano... en castellano.

Sin menoscabo de los esfuerzos que habrá de seguir ejerciendo el Gobierno para acercar el catalán/valenciano, el gallego y el euskera a la condición de lenguas oficiales de las instituciones europeas, parece llegado el momento de abordar con seriedad la posición de esas lenguas en las instituciones españolas. No hay que ver ahí ninguna concesión a nacionalismos exacerbados; se trata más bien de una exigencia democrática. En un primer nivel, Zapatero debe dar concreción en lo lingüístico al concepto de "España plural" con que se alzó victorioso (especialmente en Cataluña) el 14 de marzo; en un segundo nivel más profundo, se trata de arbitrar las medidas de acomodación características de las democracias plurilingües avanzadas (como Bélgica, Suiza o Canadá).

La promesa hecha por Zapatero se enfrentaba a unos plazos muy breves y a unas dificultades políticas de mucha enjundia; introducir el plurilingüismo en España está libre de ambos escollos. En cuanto al tiempo, tenemos toda una legislatura por delante, y en cuanto a los acuerdos, existe una mayoría en el Congreso de los Diputados como mínimo tan amplia como la que permitió la investidura del presidente del Gobierno. En este punto no deberíamos descartar el apoyo del Partido Popular. No olvidemos que el término "España plural" lo lanzó el PP en 1999, presentando una ponencia con ese título en su XIII Congreso Nacional. Y no olvidemos tampoco que el PP contribuyó a la unanimidad con que distintos parlamentos autonómicos se dirigieron al Congreso en la pasada legislatura con la demanda de que los sellos españoles incorporen todas las lenguas de España.

¿Cómo debería articularse este proceso? Aunque la expresión se ha devaluado en los últimos meses, lo que necesita el plurilingüismo en España es una hoja de ruta que, con el máximo consenso, fije las metas que se desean conseguir, los plazos y acaso también las razones, para acallar las voces que ven en la promoción de las lenguas españolas diferentes del castellano el mismísimo espectro de la sedición. Trazar y pilotar esta hoja de ruta sería un cometido apropiado para el Observatorio de Diversidad Lingüística, una promesa electoral del PSOE que todavía no se ha llevado a la práctica. Por suerte, la política comparada ofrece ejemplos muy desarrollados de estados plurilingües, y el mismo régimen lingüístico de la Unión Europea podría ser otra referencia a considerar.

Una primera fase en este proceso podría afectar al ámbito simbólico. Introducir el catalán/valenciano, el gallego y el euskera en las monedas de euro es un cambio que podría realizarse sin coste alguno en una próxima emisión de monedas; hacer lo propio con los sellos de correos podría hacerse mañana mismo. De hecho, en cuestión de horas Correos cambió el sello monolingüe que tenía preparado para la boda del Príncipe por uno que desea felicidades en las cuatro grandes lenguas españolas; a ese sello solo le faltó que "Correos" y "España" también apareciesen en catalán/valenciano, gallego y euskera. De hecho, el mismo nombre del Estado es uno de los primeros ámbitos que debería pluralizarse. Otro ejemplo podría ser el pasaporte, que da cancha a un sinfín de lenguas europeas y omite las lenguas españolas diferentes del castellano.

Encauzado el ámbito simbólico, sin costes significativos pero con efectos de largo alcance en el imaginario colectivo, en una segunda fase habría que abordar el plurilingüismo en las instituciones elegidas directamente por los ciudadanos, donde además ya existe un consenso emergente para hacerlo. Nos referimos al Senado pero también al Congreso, puesto que no existen sistemas parlamentarios bicamerales en que sólo una de las cámaras aplique un régimen plurilingüe. En ambos casos, el referente europeo sería instructivo: si el Parlamento Europeo funciona con 20 lenguas, ¿por qué no habrían de funcionar nuestras Cortes con solo cuatro lenguas en liza? Naturalmente, el plurilingüismo de las Cortes acarrearía el de sus publicaciones y el del Boletín Oficial del Estado, que tendría otro precedente en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y puestos en perspectiva europea habría que planear también la regulación del derecho de petición tanto en las Cortes como en el resto de instituciones del Estado. Si Zapatero estaba dispuesto a aceptar que los ciudadanos españoles se dirigieran en catalán/valenciano, gallego o euskera al Defensor del Pueblo europeo, ¿por qué no habrían de poder hacer lo mismo con el Defensor del Pueblo español?

El régimen lingüístico de esas otras instituciones sería el objeto de una tercera fase más compleja. Aquí habría que determinar el grado y los modos de plurilingüismo de órganos tan diversos como la Presidencia del Gobierno, los distintos Ministerios o los órganos judiciales centrales, sin olvidar una institución tan emblemática como la Casa Real. Es difícil de entender, por ejemplo, que la página web de la Casa Real se pueda consultar en inglés pero no en las lenguas de una buena parte de los súbditos de S. M. el Rey, lenguas cuya existencia fue impasiblemente ocultada, por cierto, en el último enlace real.

El objetivo final de la hoja de ruta que proponemos debería ser llevar el concepto de "España plural" a sus últimas consecuencias en el plano lingüístico. Haciéndolo, España acabará abrazando un régimen de cuádruple oficialidad, que hará caer por su propio peso la oficialidad del catalán/valenciano, el gallego y el euskera en Europa. Zapatero tiene planteados muchos retos; tomarse la "España plural" en serio es acaso el de mayor calibre. Pasqual Maragall, citando la Oda a Espanya de su abuelo, lo ha dicho bien claro: España debe escoger entre los primeros versos (escuchar a los hijos que le hablan en lengua no castellana) y el último (el conocido "Adéu, Espanya!"). Y el momento de optar es ahora.

Albert Branchadell es profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidente de Organización por el Multilingüismo.