El precio de vivir en el norte

El norte de Madrid siempre ha sido una zona cara para vivir. El PAU (Programa de Actuación Urbanística) de Montecarmelo -en el distrito de Fuencarral-El Pardo- se sitúa en este entorno. Está muy cerca del exclusivo barrio de Mirasierra y eso se nota a la hora de comprar un piso en esta zona, aunque sea de protección oficial (el 54% de las más de 8.500 viviendas que poblarán el nuevo barrio).

Algunos de los futuros vecinos, que han pedido que sus nombres no sean publicados, señalan que vivir en Montecarmelo "tiene su precio". Afirman que varias empresas han especulado con el suelo, más de 255 hectáreas -el equivalente a otros tantos campos de fútbol-, y esto está repercutiendo ]en el precio de su vivienda. En el caso de la protegida, se alcanzan cantidades superiores al doble de lo establecido por la ley (1.135 euros por metro cuadrado, según el último módulo de la Comunidad). La forma: las promotoras hacen pagar un sobreprecio "ilegal" por los pisos de protección, según afirman los afectados.

"¿Por qué una vivienda protegida tiene que incluir sauna y piscina?", se pregunta un afectado

Siete años después de la aprobación del barrio, viven en él mil de sus 30.000 vecinos

"Mantienen el precio final fijado por la administración", explican los vecinos, "pero te obligan a comprar un garaje o un local comercial". Nadie denuncia, porque "aunque el piso sale mucho más caro de lo establecido por la administración, es siempre más barato que una vivienda libre de la zona". Los pisos también se encarecen a través de mejoras obligadas. "¿Por qué una vivienda protegida tiene que incluir sauna y piscina?", se pregunta un vecino. "Eso sólo se explica por la especulación".

Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista en la Asamblea, sostiene que estas maniobras especulativas se explican "por la gestión privada del PAU". Según él, todo empezó en 1997, cuando el Ayuntamiento, los propietarios del suelo y las constructoras FCC y ACS firmaron un convenio por el que estas empresas se hicieron con la propiedad de la mayor parte de los terrenos destinados a vivienda protegida, "sin concurso público previo, como establece la ley", denuncia el diputado.

Las constructoras fueron vendiendo los solares a otras empresas que, a su vez, los retenían para obtener con su venta beneficios derivados del incremento del precio del suelo. Un ejemplo: el 31 de enero de 2001, FCC y ACS vendieron a Almarfe, SL una parcela para edificar viviendas de precio tasado por 2,4 millones de euros -es decir, 216 euros por metro cuadrado, inferior a los 276 euros marcados como precio máximo por la Comunidad-. Sólo cuatro meses más tarde, Almarfe vendió esa parcela a una cooperativa por 6,2 millones de euros: a 541 euros por metro cuadrado, dos veces y media más del precio original.

Tras cada operación de compra-venta, explica Fernández Gordillo, aumenta el precio del solar, y esto acaba repercutiendo en los cooperativistas. En el caso de la vivienda protegida, al existir un precio límite, la diferencia se salda con dinero negro o sobreprecios.

La especulación no es el único problema. Al igual que en todos los PAU, el de Montecarmelo ha sufrido retrasos. Tendría que haberse desarrollado antes de 2001, dentro del primer cuatrienio del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, pero no será hasta 2005 cuando pueda empezar a hablarse de cierta vida normal en el barrio. A día de hoy viven en el unas 1.000 personas, de los casi 30.000 residentes que lo ocuparán cuando esté terminado.

La mayoría de los edificios ya están terminados (el 15%) o en construcción (el 60%). Sólo una cuarta parte está sin empezar. Por el mismo convenio de 1997, ACS y FCC se hicieron cargo de las obras de urbanización en Montecarmelo y Las Tablas, con una subvención pública de 86,6 millones de euros. Siete años más tarde las calles están asfaltadas y hay parques y farolas. Pero no ha sido hasta el pasado 19 de julio cuando el Ayuntamiento se ha hecho cargo del barrio, de su mantenimiento y de los servicios básicos como, por ejemplo, la recogida de basuras.

Para movilizarse frente a estos retrasos se ha creado la Asociación de Vecinos de Montecarmelo, registrada hace apenas dos semanas. Su presidente es Raúl Antón, de 25 años. Teme que los equipamientos previstos (colegios, centros de salud, de ancianos, etcétera) no estén listos antes de que el grueso de los nuevos vecinos se mude al barrio. El Ayuntamiento ha concedido, por el momento, 300 licencias de primera ocupación (unas 1.000 personas), "y esa gente vive sin colegios adonde mandar a sus hijos", afirma Antón. "Está la experiencia de otros barrios. Primero surgen los problemas y después los vecinos se movilizan", explica, "y nosotros nos adelantamos para prevenir que eso ocurra".

Uno de los asuntos que más le preocupa es la mala comunicación del PAU: un puente de sólo dos carriles (uno por sentido) sobre la autovía M-607 y la carretera de El Pardo, también de un carril por sentido. Se suceden escenas surrealistas, sobre todo en la hora punta: cada mañana cientos de vehículos -no sólo de los habitantes del barrio sino de otros de zonas próximas- provocan atascos en el PAU. Eso si se va en coche, la única forma de acceder. La infraestructura de transportes prevista para "algún día", según Antón, incluye una estación de cercanías y de metro. Pero, a diferencia de los otros nuevos barrios del norte, no hay, por el momento, ninguna línea de EMT en funcionamiento.

La asociación sólo cuenta con una decena de miembros. Quiere movilizar a más vecinos, pero se encuentra con un obstáculo: "La gente se ha acostumbrado a no tener sus pisos a tiempo y a pagar de más por todo con tal de conseguirlos", dice Antón. "Por eso no se queja de nada".