ICV presentará proposiciones de ley para que la Iglesia católica deje de recibir dinero de todos los ciudadanos

Joan Herrera, diputado de Iniciativa per Catalunya en el Congreso, anunció ayer que en septiembre presentará varias propuestas legislativas para revisar los criterios de financiación de la Iglesia católica y evitar que su jerarquía siga recibiendo recursos del Estado mientras actúa como "lobby reactivo" ante los avances democráticos. Según indicó Herrera en una rueda de prensa, sus iniciativas se concretarán, en primer lugar, en una proposición de ley de revisión de los acuerdos Estado español con la Santa Sede de 1975 a 1979, que posibilitan la financiación de la Iglesia católica, "porque el Estado tiene que ser aconfesional y no ofrecer a la Iglesia católica un clarísimo trato de privilegio respecto a otras religiones", informa Efe.

En la actualidad, el Estado completa hasta 140 millones de euros lo que la Iglesia católica no recauda con la asignación tributaria, también conocida como impuesto religioso. Por este concepto la Iglesia ha recibido en el presente ejercicio 78 millones de euros. El resto fue aportado por todos los ciudadanos a través de los presupuestos generales del Estado.

Trato favorable

ICV también impulsará una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa aprobada en 1980 "porque en ella se favorece a la jerarquía católica y se le ofrece un trato diferencial". Esta reforma, explicó Herrera, "no sería urgente si la jerarquía católica mantuviese un papel de neutralidad en el debate político y respecto a los avances sociales que se aprueben para acabar con la discriminación por razones de sex o posibilitar el matrimonio entre homosexuales, pero esto no es así, sino que desempeña un papel reactivo". "Si como jerarquía religiosa quiere seguir asumiendo este papel e insiste en situarse fuera de la Constitución y no reconocer, por ejemplo, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, que lo haga, pero entonces nada de recibir recursos económicos públicos que pagamos entre todos los ciudadanos", indicó el diputado de ICV. Después de explicar que también pedirá pequeñas reformas en la Ley de Asociaciones, a fin de que en su ámbito de aplicación la Iglesia católica tampoco reciba "ningún privilegio", recordó las declaraciones efectuadas recientemente por varios obispos y miembros de la citada jerarquía, y las puso como ejemplos del carácter "involucionista" y "desmesurado" que han adoptado contra los avances sociales que preconizan los partidos de la izquierda. Según Herrera, "ningún Estado democrático europeo financia a grupos o confesiones religiosas que se dedican a actuar contra los principios democráticos y los derechos básicos reconocidos en la Constitución".

ICV confía en que sus propuestas para terminar con "esta situación que se arrastra desde el año 1976" saldrán adelante y serán apoyadas por muchos partidos, pero especialmente por el PSOE, "porque conocemos que muchos sectores vinculados a este partido son favorables a lo que estamos diciendo", añadió.