El Ejecutivo catalán pide al Gobierno el 20% más de inspectores laborales

La Generalitat ha pedido al Gobierno 25 inspectores de trabajo adicionales -lo que supone el 20% más- para afrontar la escasez de inspectores laborales en Cataluña. Actualmente, 119 funcionarios estatales ejercen esta función en el territorio, lo que supone un inspector por cada 25.000 trabajadores, una proporción inferior a la media española (uno por cada 21.000 trabajadores), y que está a años luz de la media europea (uno por cada 7.000).

El triple accidente mortal ocurrido esta semana en Lleida ha agudizado la inquietud de la Generalitat y los sindicatos por la siniestralidad laboral, que Trabajo e Industria califica de "máxima prioridad política". La Generalitat ha reclamado el aumento de plantilla de 25 inspectores para complementar los 119 funcionarios estatales que ya trabajan en el territorio.

"La recepción de la petición de más inspectores en Cataluña ha sido positiva. Estamos pendientes de la respuesta, pero no será un proceso rápido porque hay un déficit de gente preparada para realizar este trabajo y dependemos de la convocatoria de nuevas oposiciones", explicó Juan Ignacio Marín, subdirector de Seguridad y Condiciones de Salud en el Trabajo de la Generalitat.

Más competencias

El tripartito también ha pedido al Gobierno la capacidad de gestionar el funcionamiento del cuerpo de inspectores estatales que trabajan en la comunidad autónoma para poder adaptar sus tareas a las necesidades de cada momento en Cataluña.

"Ahora mismo no tenemos competencias para poder dirigir a los efectivos estatales en situaciones de requieren una actuación intensiva, como por ejemplo en Lleida, donde la siniestralidad laboral ha aumentado", explica Mar Serna, directora general de Relaciones Laborales del Departamento de Trabajo.

El Ejecutivo catalán ha acordado ya con el Gobierno central una reforma de la Ley de Prevenciones de Riesgos Laborales que permitirá a los 90 técnicos expertos en seguridad y salud en el trabajo dependientes de la Generalitat realizar propuestas de sanciones y, por tanto, investigar oficialmente casos de incumplimiento de la normativa. Esta iniciativa se pondrá en marcha a principios de 2005 y busca aliviar la carga de trabajo de los inspectores estatales, que sólo tendrían que aprobar la decisión del técnico. Actualmente, estos agentes sólo pueden hacer visitas a los lugares de trabajo y prestar aseoramiento técnico.

La reclamación de mayor participación del Gobierno catalán en las inspecciones laborales forma parte de las negociaciones a tres bandas con empresarios y sindicatos en el marco del Acuerdo Estratégico de Competitividad, que debería cerrarse en octubre.

"El acuerdo aumentará la capacidad de la Generalitat para inspeccionar los lugares de trabajo para que las empresas cumplan la normativa", dijo Carme Rangil, secretaria de política sindical de UGT Cataluña, favorable a que la Generalitat tenga más competencias en la materia.

Cataluña ha dado en los últimos meses tímidos pasos en esta batalla. En los primeros siete mese del año, la siniestralidad laboral ha bajado el 5,6%, afirma Trabajo. "Tenemos que cambiar la mentalidad de las empresas. Creen que la seguridad laboral es un coste, cuando los gastos derivados por incumplimiento son mucho mayores", dijo Serna.