La batalla por el voto electrónico

El referéndum para aprobar la Constitución europea podría marcar dos hitos en la historia electoral española. Si se cumple lo sugerido en agosto por el presidente del Gobierno, la votación se realizará con medios electrónicos y con total validez legal, por primera vez. Además, Indra podría perder el monopolio 'de facto' que mantiene sobre los plebiscitos españoles desde 1978. Empresas como Accenture, Scytl, Odec o Ibermática aspiran a arrebatarle este incipiente pero jugoso mercado.

La competencia es enorme, y son muchas empresas para repartirse un negocio aún incipiente. Pero crece entre un 4% y un 5% al año

Ésta es la historia de un negocio que nació el 24 de noviembre de 2000. Aquel día, Robert Rosenberg, juez de Florida, fue fotografiado mientras observaba con toda su atención, y la ayuda de una enorme lupa, una de las papeletas que debían decidir quién sería el próximo presidente de Estados Unidos. La imagen, que dio la vuelta el mundo, desvelaba que la mayor potencia del planeta tenía problemas con su sistema electoral. La foto, además, avisaba a los responsables de las grandes compañías que realizan el recuento de las votaciones tradicionales de que su negocio estaba a punto de morir. Asimismo, indicaba a los directores de las pequeñas empresas que comenzaban a experimentar con las votaciones electrónicas que su mercado iba a explotar.

Los experimentos de voto electrónico se cuentan por centenares desde hace unos diez años. Se han celebrado en naciones, condados, municipios, Universidades y hasta clubes de fútbol. Muy pocas de ellas, en todo caso, han sido vinculantes. Si la Constitución europea se votara finalmente en España con un sistema electrónico, sería la primera vez en que se hace a escala estatal y con absoluta validez legal.

Aún hay muchas preguntas sin respuesta en torno a este posible referéndum electrónico. Se desconoce cuándo se realizará, aunque se está considerando marzo de 2005. Tampoco se sabe cuál será el sistema de votación elegido, ni si la consulta se llevará a cabo en todo el país -como pretenden algunos asesores del presidente Zapatero- o si se hará sólo en un puñado de colegios electorales, como sugieren, con prudencia, la mayor parte de los expertos.

Olfato bursátil

Cuando se conozcan las respuestas se sabrá, también, cuál será la empresa encargada de realizar esta votación. La Bolsa, en todo caso, ya ha decidido: las acciones de Indra, el gigante español de las tecnologías de la información, se revalorizaban un 1,31% el 10 de agosto, un día después de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunciara la posibilidad de celebrar el referéndum por vías electrónicas. Quizá no parezca una gran ganancia, pero el Ibex 35 se anotaba, en esos días, sus peores registros del año, lastrado por los precios del petróleo.

El mercado considera que Indra puede realizar este referéndum porque lleva organizando el recuento de votos en los procesos electorales españoles desde 1978, y de forma ininterrumpida. Juan Navarro, director de procesos electorales de la compañía, explica que no ha habido aún contacto alguno con el Ministerio del Interior, aunque precisa: "Es lógico que se piense en nosotros porque somos los que tenemos más experiencia en este área". Además de los procesos tradicionales, Indra ha organizado votaciones electrónicas en Argentina, Venezuela, Noruega, Portugal, Francia y, durante las elecciones generales del pasado 14 de marzo, en las localidades de Jun, Toro, Zamora y Pol.

Pero Indra no está sola. Una decena de competidores expresan su intención de competir con ella, por primera vez en muchos plebiscitos. Desde hace tiempo, Indra es la única empresa que se presenta a los concursos convocados para el recuento de las elecciones nacionales. En el voto electrónico, sin embargo, hay empresas que llevan casi diez años trabajando y desarrollando sus propios productos. ¿Quiénes son estas compañías que aspiran a disputar a Indra el trono del negocio electoral? Los grandes pesos pesados son las estadounidenses Diebold, Sequoia y Election Systems & Software. Los tres están inmersos en la preparación de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, un proceso repleto de problemas [veáse página 6], por lo que, según fuentes del mercado, no es probable que se interesen por entrar en el negocio español, al menos en este referéndum.

Algunas de las empresas más experimentadas del mundo son españolas. Odec, por ejemplo, lleva en este negocio desde 1995 y ha organizado votaciones como las catalanas de ese mismo año o los congresos de ERC y el PSC (2204). La catalana Scytl nació como un proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero se convirtió en compañía privada en 2001, en plena resaca del caso Florida. Ha gestionado procesos en los Mossos d'Esquadra (2003) o las recientes elecciones catalanas. En Euskadi, mientras, y bajo la iniciativa del Gobierno vasco, se ha desarrollado Demotek, en la que participan empresas como Ibermática, Ikusi, Hunolt o Euskaltel. Con este sistema han realizado, entre otras, las elecciones al rector de la Universidad del País Vasco (2004).

El voto electrónico ha suscitado, además, el interés de las grandes empresas de tecnologías de las información, que, de nuevo gracias al fiasco de Florida, comprendieron que el mundo entero comenzaría pronto a renovar sus sistemas electorales. La consultora estadounidense Accenture, por ejemplo, ha adquirido la empresa de software Election.com, y asegura estar realizando "agresivas inversiones" en este mercado. Junto a ella, fabricantes de hardware (Sun o HP) y software (Oracle ), compañías de telecomunicaciones (Telefónica o Euskaltel) y organismos oficiales, como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), han intervenido ya en algún proceso electrónico de los que han sido realizados en España [véase cuadro].

Hay un problema. Son muchas empresas para repartirse un negocio aún incipiente y que, en la mayor parte del mundo, sólo existe en pruebas. Según un cálculo de la revista Forbes, el mercado de las elecciones electrónicas moverá entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en los próximos tres años. Su crecimiento anual oscilará entre el 4% y el 5%, dice un documento de Diebold presentado a sus accionistas.

Todas estas compañías coinciden en que, por ahora, la generación de ingresos está muy limitada por las trabas legales impuestas al voto electrónico; en España, sólo el País Vasco ha adaptado su legislación a esta nueva realidad electoral. Además, los fabricantes deben invertir grandes cantidades en I+D para garantizar la seguridad de los sistemas, la confidencialidad del voto y el anonimato del elector. También deben buscar distribuidores para sus productos en todo el mundo, y así lograr economías de escala que conviertan en rentables sus inversiones. Y, finalmente, deben lidiar con lo más complejo: "Es necesario que exista la voluntad política de implantar estos sistemas", explica Andreu Riera, fundador y consejero delegado de Scytl.

Por eso, algunas empresas reconocen que la rentabilidad de este negocio se plantea a muy largo plazo, al menos 10 años. Una forma concreta de calcularlo es revisar las cuentas de las dos grandes compañías del sector que cotizan en Bolsa: Diebold e Indra. En el caso de la española, el mercado de procesos electorales -que incluye tanto los tradicionales y los electrónicos-, facturó 28,8 millones de euros en 2003, lo que supone un incremento de más de un 700% frente a los 3,6 millones de 2002. Aunque la compañía no desglosa qué parte de estas ventas corresponde a las votaciones electrónicas, aclara que se trata aún de un "porcentaje mínimo", aunque creciente. Diebold, que tiene unas 75.000 máquinas electrónicas de votación repartidas por Estados Unidos, prevé ingresar este año entre 75 y 85 millones de dólares con este negocio, entre un 11% y un 12% más que en 2003.

El interés de las grandes compañías por el voto digital es, en realidad, más estratégico que económico. "No es nuestro principal mercado", reconoce Enrique Arias, socio de Accenture, "pero tendrá una increíble trascendencia en la evolución de la sociedad de la información del futuro". Por eso,el foco principal de atención de todas estas compañías está centrado hoy en el referéndum europeo. Todas saben que, más allá del monto concreto del concurso, organizar la primera gran votación electrónica del país es un excelente trampolín para meter la cabeza en el futuro de la votación electrónica, que incluye elecciones en todos los niveles del Estado, plebiscitos populares, sufragios en Universidades y asociaciones y votaciones en grandes corporaciones y juntas de accionistas -aprobadas por la reciente Ley de Transparencia para empresas cotizadas-. Hay mucho en juego.

"Ésta es una excelente oportunidad para que el Ministerio del Interior dé entrada a otras compañías", dice Arias, de Accenture. "Así se podría mantener la salud del sistema", añade. "El referéndum no debería cerrarse a un único sistema de voto o a una empresa; lo ideal es que hubiera varios proveedores", opina Luis Pistoni, director comercial de Odec. Aunque nadie discute el poder de Indra sí creen poder competir con ella: "Tiene 200 veces nuestro tamaño", reconoce Pistoni, "pero nuestra experiencia es comparable a la suya".

Juan Navarro, desde Indra, dice "comprender" el entusiasmo de sus competidores, ya que contemplan la posibilidad de que haya "un cambio en el mercado". "Pero están equivocadas", añade: "El problema de nuestra competencia es que no sabe nada de procesos electorales. Una cosa es realizar una consulta popular, y otra muy distinta es gestionar un proceso con millones de electores, colegios, mesas... Nosotros ya lo hemos hecho", y concluye: "Lo hemos hecho muchas, muchas veces".