El gobierno local defiende la "legalidad" de todo el proceso de desalojo en Los Bermejales

La jefa de servicio de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, María Luisa Arcos, respaldó ayer la "legalidad" de todos los pasos dados por el gerente, Manuel Marchena, para autorizar el desalojo de los chabolistas de Los Bermejales previo pago de 42.000 euros. La oposición, sin embargo, sigue considerando que el gerente "no tenía competencias" para modificar el contrato aprobado por la Consejo de Gerencia, según el cual la empresa Inmoavance tenía que "localizar" una vivienda para cada familia y garantizar que invertían en su compra el dinero cobrado.

María Luisa Arcos señaló ayer ante la comisión que investiga el desalojo de Los Bermejales que el gerente de Urbanismo, "en líneas generales", no tiene competencias para modificar un contrato aprobado por el Consejo de Gerencia. No obstante, Arcos entiende que el cambio firmado por Manuel Marchena no es "una modificación sustancial" del texto votado, por lo que la jefa de servicio avaló la decisión del gerente. Según Arcos, lo único que Marchena no podría haber cambiado sin pasar por el Consejo de Gerencia es la forma de pago del Ayuntamiento a Inmoavance, que se hará, si se cumple lo acordado, mediante aprovechamientos urbanísticos y no en metálico.

Al término de la sesión de comparecencias, la oposición y el gobierno volvieron a ofrecer versiones muy distintas de lo ocurrido. Según el portavoz del PSOE, Alfonso Rodríguez, ayer fue un día "muy satisfactorio" porque Arcos certificó "la legalidad" de todos los pasos que condujeron al desalojo. El portavoz del PSOE, además, instó al PP y al PA a "asumir" su responsabilidad en la operación, "igual que ya lo ha hecho el gobierno".

La oposición, por su parte, cuestiona las competencias de Marchena y, en todo caso, señala a los socialistas como únicos responsables de la polémica operación. "Todos los acuerdos que se han adoptado en el Ayuntamiento para realojar a chabolistas han sido en el Consejo de Gerencia. Y justo el que se adopta para darles dinero lo acuerda el PSOE solo", señaló el anterior delegado de Urbanismo, el andalucista Rafael Carmona. Su compañera de partido, Paola Vivancos, advirtió además de que, según lo visto hasta ahora, "no hay ningún órgano del Ayuntamiento que haya adoptado la decisión" de desalojar a los chabolistas previo pago en efectivo. "El acuerdo lo aprobó la junta de compensación, pero no es un órgano autónomo que deba tomar decisiones así para la ciudad", sostiene Vivancos.

Los populares van incluso más allá e insisten en considerar "nulo" el acuerdo adoptado en la sesión del 22 de julio de la junta de compensación, cuya acta, a juicio del PP, da a entender que lo aprobado debía ser ratificado en el Consejo de Gerencia. El portavoz popular, Jaime Raynaud, preguntó ayer sobre esta cuestión a la jefa de servicio de Urbanismo. "Arcos ha reconocido que puede que la redacción del acta del 22 de julio no sea afortunada", dijo Raynaud. "Y Rodríguez de Celis [el portavoz socialista y presidente de la comisión] se ha apresurado a decir que el acta se puede modificar ahora", aseguró el portavoz popular.

Con la sesión de ayer, la comisión de investigación cerró las jornadas de comparecencias de técnicos y funcionarios públicos. Las dos sesiones que quedan, previstas para hoy y mañana, contarán con los testimonios de miembros del PP y el PA que, en anteriores mandatos, participaron en los proyectos de desalojo de Los Bermejales. La oposición solicitó ayer que se llame de nuevo a la ex edil de Bienestar Social, la socialista Piedad Bolaños, quien no acudió a la cita de la comisión el pasado miércoles.