Millones de inmigrantes no votan, pero cuentan
En Arizona, los electores se pronunciarán también el 2 de noviembre sobre una propuesta que obliga a denunciar a los 'sin papeles'
Los votantes de Arizona, aparte de elegir entre John Kerry y George W. Bush, deben pronunciarse el 2 de noviembre sobre la Proposición 200, una iniciativa de la coalición conservadora Protege Arizona Ahora que convertiría en delincuentes a los funcionarios que no denunciaran a los inmigrantes indocumentados. Propuestas similares se han planteado, con y sin éxito, en otros Estados, y dejan al descubierto un gigantesco problema sin resolver -la presencia de al menos ocho millones de sin papeles en todo el país- que ninguno de los dos candidatos aborda con seriedad en esta campaña. Y no es por falta de interés: en el debate del miércoles en Arizona, el moderador, Bob Schieffer, dijo que era el asunto sobre el que más correo electrónico había recibido para plantearlo a George W. Bush y a John Kerry.
La Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 470.000 'sin papeles' en el último año
"Mientras se siga empleándoles, seguirán llegando", asegura un profesor de Arizona
Arizona es la gran puerta de entrada de inmigrantes sin papeles a Estados Unidos. La patrulla fronteriza, dotada con mejores y más sofisticados medios, asegura haber detenido en el último año a más de 470.000 indocumentados. Es raro el día en el que la patrulla no descubre y detiene a a grupos de personas intentando entrar por su cuenta. Esas personas son en ocasiones abandonadas por los coyotes o polleros que cobran -a los antiguos espaldas mojadas y ahora pollitos- cientos o miles de dólares por el viaje y que les dejan a su suerte cuando hay peligro, y muchas veces también cuando no lo hay. Más de 160 personas han muerto perdidas en el desierto en el último año, de hambre y de sed.
Se calcula que en Arizona hay de 300.000 a 350.000 inmigrantes indocumentados. La ley ya prohíbe que reciban ayudas, se beneficien de la asistencia social o voten. Pero normas federales exigen que se proporcione a todo el mundo, con o sin papeles, atención sanitaria o policial de emergencia y educación básica. La ironía de la Proposición 200 es que un niño con padres indocumentados puede ir a la escuela, pero no podría tener el carné de la biblioteca pública, porque es un beneficio suplementario. La norma, si se aprobara, exigiría que todos los habitantes de Arizona demostraran que tienen residencia legal para poder beneficiarse de servicios públicos no obligatorios.
El comité para el voto afirmativo a la Proposición 200 sostiene que "los votantes pueden hacer algo contra la inmigración ilegal y enviar un mensaje que se escuche al otro lado de la frontera". El comité afirma que los indocumentados cuestan a Arizona 1.300 millones de dólares anuales entre educación, cuidados médicos y prisiones. El grupo Ciudadanos de Arizona por una Reforma Auténtica de la Inmigración -una alianza de ejecutivos y líderes políticos, religiosos y sindicales que tiene el apoyo de la gobernadora demócrata Janet Napolitano y del senador republicano John McCain- contesta que la iniciativa no servirá para frenar la inmigración ilegal. La Conferencia de Obispos de Arizona coincide en que la Proposición 200 "no hará nada para resolver el problema de la inmigración ni reducirá el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera".
Los funcionarios que se verían criminalizados por la ley si ayudaran a ilegales sin denunciarles se rebelan. La asociación de bomberos de Phoenix denuncia la Proposición 200 porque "exigiría a los auxiliares sanitarios y a los bomberos pedir papeles en casos que no fueran urgentes, para evitar multas y procesos, en lugar de hacer lo que tienen que hacer". La asociación dice que los bomberos reciben 180.000 llamadas al año, de las que sólo el 10% son urgentes; además de complicarles la tarea a paramédicos y bomberos, temen que haya gente que no les avise por miedo a las posibles denuncias. En un anuncio pagado por los grupos contrarios a la Proposición 200, un bombero dice: "Cuando hay vidas en juego, no tengo tiempo para comprobar carnés de identidad".
Pero la Proposición 200 tiene gancho: según el diario The Arizona Republic, el 57% de la población la respalda, el 20% está en contra y el 23% no se pronuncia. Entre ellos, seguramente por miedo, está Juan C., un mexicano -con papeles- que se sube a las palmeras de los jardines con una motosierra para limpiar los troncos de palmas secas. No se pronuncia al principio, pero sí diez minutos más tarde, después de bajar, asegurado con una cuerda a la cintura y calzado con botas de escalar: "No me parece bien que no se ayude a los que les haga falta, y además, todos los que andan por ahí trabajando querrían tener los papeles".
Entre los que están a favor, además de grupos conservadores, figuran los jubilados blancos retirados al sol de Arizona, como Emma, una mujer que hace la compra en el supermercado Wal-Mart de la avenida Apache, en las afueras de Phoenix, rodeada de urbanizaciones para la tercera edad: "No puede ser que haya tanta gente en la que se gaste tanto dinero y que no paguen impuestos porque no tienen papeles. Yo no sé cómo hay que arreglar el problema, aunque hay que arreglarlo, porque esas personas trabajan y hacen falta y a ellos les hace falta, pero, mientras no se arregle, la Proposición 200 puede servir para que vengan menos".
La Proposición 200 afecta a los latinos casi al 100%, y entre ellos, mayoritariamente, a los mexicanos. Pero hay hispanos de viejas raíces que se quieran distanciar de los indocumentados: "A veces, las peores críticas llegan de ellos, que en muchas ocasiones ya no hablan español y que no se identifican con los recién llegados", dice Kyle Longley, profesor de historia de la Universidad de Arizona, que considera que las tesis de Samuel Huntington sobre la dificultad de integración de los hispanos en Estados Unidos "son una pura basura" y que la Proposición 200 "es una maniobra política extremista".
Langley no tiene la menor duda de que la iniciativa "agita los estereotipos raciales y es alentada por el miedo y por la crisis económica". En su opinión, será aprobada, aunque inmediatamente se recurrirá ante los tribunales. En todo caso, no va a acabar con la inmigración ilegal, asegura el profesor: "Mientras se siga empleándoles, seguirán llegando. A menos de que no se encarcele a cada dueño de hotel, de restaurante o de empresa de jardinería que emplean a sin papeles, el problema seguirá: ellos quieren una vida mejor, y seguirán viniendo a buscarla mientras se les contrate, aunque sea en peores condiciones que si tuvieran papeles".
Una reforma necesaria
¿Qué hacer con los miles de inmigrantes que cada día atraviesan el Río Grande? ¿Y qué hacer con los ocho millones que ya están aquí, y sin los que no se podría funcionar como ahora en ciertos sectores económicos, como la hostelería, el campo o diversos servicios? La pregunta fue hecha a los dos candidatos en el mejor sitio posible, en el tercer debate celebrado en Arizona. El sistema de inmigración en EE UU necesita una reorganización -los planes previos al 11-S saltaron por los aires y las medidas posteriores son exageradas e inútiles en muchos casos-, y Arizona, con sus 350.000 indocumentados y su Proposición 200 en las urnas, una buena. Pero las respuestas fueron insuficientes. Bush, que antes del 11-S prometió al presidente mexicano Fox la legalización de millones de sus compatriotas, dijo que la inmigración ilegal es un problema de seguridad, económico y de derechos humanos. "Si en México ganas 50 centavos a la hora y en EE UU, 5,15 dólares , está claro que vas a venir aquí si quieres poner comida cada día en la mesa familiar". Bush sugirió un programa de permisos temporales para que no se contrate a ilegales y se mostró contrario a una amnistía "porque no se puede recompensar el comportamiento ilegal".
Kerry acusó a Bush de romper sus promesas sobre la reforna -las que se llevó por delante el 11-S- y propuso más seguridad en la frontera, un programa temporal como el del presidente y, si no una amnistía, sí "empezar a mover a los ilegales hacia la ciudadanía y fuera de las sombras".
La frontera nunca se podrá impermeabilizar, y los programas temporales son polémicos (el recuerdo del programa Braceros, en vigor de los años cuarenta a los sesenta, no es bueno, aunque fue apoyado por líderes latinos, como ahora, que quieren ampliar su base política, y por los empresarios, porque abarata la mano de obra y debilita a los sindicatos).
Para Kyle Longley, historiador de la Universidad de Arizona, "ningún candidato ha hablado con claridad a la comunidad hispana de sus problemas; Bush, que tiene una idea más clara del problema porque es de Tejas, prometió la reforma de las leyes de inmigración, pero la parte más conservadora de los republicanos la bloqueó. Y Kerry no está centrado en el asunto; al este del Misisipí, casi nadie entiende la cuestión latina". ¿Resultado? "No hay diferencias reales entre los dos por lo que se refiere a la inmigración, porque ninguno aborda el problema como hace falta".
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