Desarrollo económico o especulación

Los ingresos por aprovechamiento urbanístico previstos por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) en los presupuestos de este año alcanzan los 5,2 millones de euros. El sector privado ha venido construyendo una media de 1.300 nuevas viviendas por año en el término municipal, según la estimación del alcalde, Hernán Díaz Cortés de Independientes Portuenses (IP). Son datos que muestran el empuje económico del sector inmobiliario en una ciudad de 78.889 habitantes que ha vivido en carne propia en las dos últimas décadas la caída de dos de sus sectores productivos principales, la pesca y el vino.

Éstas son las armas con las que el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez (IP), y el propio alcalde intentan frenar las críticas, cada vez más sonoras, por la práctica de una codiciosa política urbanística que ha llevado al Ayuntamiento al filo de la navaja legal y a la ciudad a la perdida irremediable de valores patrimoniales.

Algunos empresarios han iniciado obras antes de que el pleno apruebe sus actuaciones

Lo último es el intento del gobierno local por sacar adelante, de una tacada, hasta 22 convenios urbanísticos con los que dar carta de legalidad a actuaciones pretendidas por el sector privado que no tendrían cabida en el actual planeamiento.

Estos acuerdos, ya apalabrados, pero aún pendientes de su aprobación en el pleno municipal, han recibido más de 500 alegaciones. Se trata de un método de retoque del plan de ordenación urbana que no es bien recibido por los expertos. El presidente del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Julio Malo de Molina, ha llegado a calificar los convenios urbanísticos como instrumentos para "bastardear" el espíritu del plan de ordenación urbana.

Este malestar es compartido por la asociación Ecologistas en Acción, que ha presentado alegaciones a la totalidad y que ha llegado a denunciar que algunos de los parajes donde se pretende meter la excavadora conservan incluso restos arqueológicos del Calcolítico o son suelos protegidos por su valor medioambiental.

Sorprendentemente, algunos empresarios están tan seguros de la aprobación de su expediente que, de hecho, ya han comenzado movimientos de tierra. En la finca El Lentiscal, en la costa noroeste de la ciudad, una promotora, que espera permiso para construir 271 viviendas y un hotel, ya ha iniciado rellenos y ha destruido un sotobosque que protege al pinar de la finca.

El concejal de urbanismo ya ha adelantado que no dará a conocer la valoración de las alegaciones hasta la celebración del pleno donde "algunas operaciones pueden prosperar y otras caer".

En el caso de El Puerto, estos convenios se están tramitando en paralelo a una revisión del Plan de Ordenación Urbana (el actual data de 1991). El nuevo documento fijará el crecimiento del término municipal, de 159 kilómetros cuadrados, en los próximos años. Sin embargo, la aplicación de los convenios, de quedar aprobados por el pleno, distorsionará hasta tal punto el nuevo planeamiento, incluso antes de entrar en vigor, que hará de la revisión papel mojado.

En cualquier caso la estrategia del Ayuntamiento aún debe salvar un obstáculo más. Tanto en la aplicación de los convenios como en la aprobación definitiva de la revisión del PGOU, la última palabra la tiene la Junta de Andalucía. Por el momento, un documento técnico en preparación en la delegación provincial de Medio Ambiente, supervisado por la Dirección General de Prevención Ambiental de la Junta andaluza, se pronuncia en contra del incremento de suelo urbanizable a costa de unas 75 hectáreas de terreno forestal.

Ya en el pasado, la Junta demostró su malestar con la política urbanística local. En octubre de 2002, el entonces delegado de Obras Públicas en Cádiz, José de Mier, retiró las competencias al Ayuntamiento para "devolver la legalidad" a la finca Las Beatillas, un suelo urbanizable no programado donde el promotor José Antonio López Estera (JALE) ha construido un palacio de congresos, carpas, pistas deportivas y restaurantes. Aún hoy, las competencias siguen subrogadas y el caso empantanado en los tribunales, donde el empresario ha presentado recursos contra los expedientes de Obras Públicas y Medio Ambiente.

Con este escenario, algunas inmobiliarias de renombre han tirado la toalla en El Puerto. La cordobesa PRASA adquirió en 2001 a la casa vinatera Osborne su parque de bodegas en desuso en pleno centro urbano. La compañía presentó un ambicioso proyecto inmobiliario para actuar en el Campo de Guía, una privilegiada zona de antigua actividad vinícola de unos 80.000 metros cuadrados de extensión.

El plan no sólo contó con el beneplácito del alcalde, sino que el propio Ayuntamiento convocó un acto público para presentarlo. Ahora, cuatro años después, PRASA ha puesto en venta todas las bodegas adquiridas tras reconocer, según un portavoz de la compañía, que "no ha habido posibilidad de entendimiento con el Ayuntamiento", circunstancia por la que la inmobiliaria reconoce que "ha desistido en su política de inversión" en la ciudad.