La deuda de las diputaciones es ya superior a la del Gobierno

La deuda de las tres diputaciones vascas supero por vez primera en 2003 a la que tiene el Gobierno. El Gabinete de Juan José Ibarretxe ha reducido en 803 millones de euros su deuda entre 1999 y 2003, hasta dejarla en 1.048 millones a 31 de diciembre de ese año, mientras que en las instituciones forales se ha estancado o crecido. A final de 2003 la deuda de las tres era ya 1.166,5 millones, y sigue creciendo. Todas cumplen los límites legales, pero la deuda superó en Vizcaya en 2003 el 85% del gasto neto de los departamentos, el 54% en Guipúzcoa y el 40,6% en Álava.

Las diputaciones critican tener que dar dinero al Gobierno que luego lo devuelve

En el último Consejo Vasco de Finanzas la diputación de Guipúzcoa ya expresó su preocupación por la senda del incremento de su gasto social. En 2004, el gasto por ese concepto, 208 millones, superó al de inversiones en infraestructuras, 158, y sigue subiendo. Las fuertes inversiones en carreteras, -las diputaciones tienen la competencia exclusiva- son otro motivo de preocupación en Álava o en Vizcaya, dos provincias embarcadas en numerosos proyectos de infraestructuras como la supersur o la Eibar-Vitoria.

Y es que las finanzas del Gobierno vasco y de las tres diputaciones dibujan sendas divergentes. Mientras el Gobierno goza de una situación saneada y su deuda se reduce a pasos agigantados, al pasar de 1.851,3 millones de euros en 1999 a 1.048,2 en 2003, un total de 803,1 millones, en el mismo periodo las tres diputaciones han pasado de los 1.000 millones de deuda abierta a los 1.166,5 a 31 de diciembre de 2003.

Sin causa efecto

Desde esa fecha las diputaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa han estancado la deuda e incluso bajado muy poco, mientras los presupuestos crecen, pero la Diputación de Álava se sigue endeudando, aunque dispone, de momento, de más margen que sus provincias vecinas. Aunque los asesores consultados en las cuatro instituciones no se atreven a establecer una relación causa efecto entre la buena marcha del ejecutivo, y el corsé al gasto que tienen las diputaciones con la elevada deuda, las interpretaciones que ofrecen son sensiblemente diferentes.

El problema es que la situación no va a variar, al menos hasta 2007, cuando se renegocie el denominado coeficiente vertical, es decir, el porcentaje que se lleva el Gobierno de todo lo recaudado en Euskadi. En julio de 2002 las protestas de Álava no sirvieron de nada y a pesar de que pidió una rebaja del coeficiente establecido para el quinquenio en el 70,44%, el Gobierno vasco no movió ni una coma y consolidó su potencial económico dentro del entramado institucional de Euskadi. Además del coeficiente vertical, de carácter más político, está el horizontal, es decir el porcentaje que cada diputación ha de aportar para que el Gobierno reciba la cifra que representa ese 70,44%. El coeficiente horizontal es automático y sube o baja en función de las recaudaciones.

En aquella reunión de julio de 2002, el Gobierno vasco, conocedor de que las diputaciones no disponen de recursos suficientes, aceptó sacar adelante el Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública, que reparte cada año 120 millones de euros entre los tres territorios, precisamente para apoyarles económicamente en competencias exclusivas de las diputaciones.

"Es un contrasentido que tengamos que dar dinero para que luego nos lo devuelvan", protestan desde Álava. "Se trata simplemente de una cuestión de poder y el Gobierno vasco lo que hace es decir que el poder lo tienen ellos y el dinero también, y lo reparten cómo y cuando quieren".

Para el Gobierno vasco se trata simplemente de buena gestión por su parte y de esfuerzo presupuestario, dos claves que le han permitido llegar a un escenario de tranquilidad. En el ejercicio de 2003, el de la venta de Naturcorp por parte del Gobierno, el Ejecutivo bajó, de golpe, 500 millones de euros, el equivalente a la deuda abierta de las diputaciones de Guipúzcoa y Álava juntas. Curiosamente las Diputaciones, que son las instituciones que proporcionan el 95% de los ingresos del Gobierno, son las que sufren más dificultades para invertir en sus respectivas provincias.

Del presupuesto total de cada Diputación los departamentos apenas disponen del 15% para gastar. Por ejemplo el presupuesto de Vizcaya en 2003 fue de 4.893 millones de euros, y el gasto neto de los departamentos fue de 824,8 millones. Del resto unos 2.900 millones fueron aportaciones para el presupuesto del Gobierno vasco, unos 524 para financiar a los ayuntamientos y 561 para el Cupo. La deuda ese año era de 713 millones que sobre el presupuesto total representa un 14%. Sin embargo, esa deuda sobre la capacidad de gasto real de la Diputación Foral de Vizcaya es el 85%. Vizcaya está embarcada en proyectos como la Supersur, la nueva autopista paralela a la A-8 y el proyecto de campo de golf en La Arboleda. Además, padece el impacto presupuestario hasta 2027 del BEC. Vizcaya iba reduciendo paulatinamente su deuda hasta que en 2002, asumió 130 millones de euros de números rojos de la empresa Bideak, SA, de carreteras.

En Alava la situación es mejor debido a que los controvertidos Pagarés Forales de los años 1996 y 1997, que garantizaban la opacidad de los fondos a cambio de un bajo interés, y volvían a sus propietarios como dinero blanco, redujeron la deuda de Álava hasta mínimos históricos. A partir de esa fecha aunque muy despacio, la deuda ha ido subiendo. En los presupuestos operativos de 2002, que ascendieron a 304 millones de euros, la deuda era de 115 millones, el 37%, y en 2003 subió a los 130,4 millones sobre un presupuesto operativo de 320,9, es decir el 40,6%. Las obras de la Legua del Rey, el tramo de la N-1 entre Armiñón y Miranda de Ebro, la Eibar-Vitoria, además del Museo de Arqueología, han obligado a un importante esfuerzo inversor en la provincia.

En Guipúzcoa han podido contener la deuda en los mismos guarismos durante los últimos cinco años, a pesar del esfuerzo inversor y de la senda de sus presupuestos. Aunque la deuda se mantiene, baja el porcentaje respecto de su presupuesto operativo. Si en 1999 los números rojos representaban el 73,1%, en 2004 ha sido del 54%.