Una empresa pública gestionará las obras en los centros educativos

La Consejería de Educación contará el próximo curso -si los trámites legales marchan según lo previsto- con una empresa pública que se encargará de gestionar los proyectos de construcción y mejora de los centros docentes. El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, cuya creación se inició el pasado 19 de octubre con la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de poner en marcha un anteproyecto de ley, será un instrumento con personalidad jurídica propia que sustituirá al Plan Aula 2000.

"Con el sistema anterior, el proceso de gestión de las obras, desde el proyecto hasta su construcción, estaba repartido entre la Consejería de Educación y los Ayuntamientos; lo que en ocasiones ha producido disfunciones con los consecuentes retrasos en los proyectos. No podemos ocultar que con algunos Ayuntamientos no ha habido la suficiente coordinación", comenta el director general de Infraestructuras para la Educación Fernando Contreras.

"Si la nueva ley para la creación del ente llega al Parlamento entre enero y junio, el curso que viene la Consejería de Educación podrá asumir las competencias de planificación, gestión y ejecución de las obras", aclara Contreras.

Plan Aula 2000

El sistema que se ha venido aplicando desde 1997 es el resultado de los requisitos que imponía la LOGSE para adaptar los centros a una tipología determinada. "Tuvimos que hacer un gran esfuerzo que desbordaba todas las posibilidades económicas de la consejería y, entonces, se decidió hacerlo en colaboración con los Ayuntamientos; así que se aprobó un decreto por el cual municipios y diputaciones se hacían cargo del proyecto y las obras -siempre vigilados por una comisión de seguimiento de Educación- y la consejería les devolvía lo invertido en un máximo de cuatro años", comenta el director general.

Desde que en 1997 se puso en marcha el Plan Aula 2000 se han construido 272 nuevos colegios e institutos y se han realizado obras de modernización en otros 1.800 centros. En total, la inversión realizada por Educación y adelantada por los Ayuntamientos ha sido de 1.215 millones de euros.

"Éste sistema supone que las Administraciones locales han soportado los gastos de financiación y han asumido competencias que no les correspondía. Ahora se trata de terminar los flecos que nos quedan, que afecta a menos de un 5% de los 4.064 centros públicos de Educación Obligatoria y Especial que existen en Andalucía", precisa el responsable de Infraestructuras para la Educación.