Memoria incompleta

En nuestra condición de historiadores, hemos seguido con interés profesional y humano, como corresponde a quienes intentamos recomponer un pasado verídico, las iniciativas puestas en marcha en los últimos años en varias comunidades autónomas para indemnizar a las víctimas de la represión franquista. Por ello -y a pesar de no haberse establecido la cuestión previa sobre la instancia a la que corresponde indemnizar a los represaliados, o si la indemnización es el procedimiento de reparar aquel mal-, acogimos con esperanza el decreto que, con este fin, aprobó el Gobierno vasco en noviembre de 2002, puesto que parecía contribuir a cerrar por fin las heridas de la Guerra Civil en el País Vasco. Las buenas expectativas se incrementaron cuando la consejería de Vivienda y Asuntos Sociales optó por contar con especialistas que colaboraran en la búsqueda de los documentos acreditativos con el fin de que los solicitantes pudieran acceder a la percepción de las ayudas.

Se obligó a las familias a peregrinar de archivo en archivo en busca de documentación, en ocasiones para ser finalmente ninguneadas

La verdadera memoria ha de rehacerse desde la apertura de los archivos y desde la investigación historiográfica, no desde las visiones políticas

Sin embargo, cuando ya han pasado dos años de la publicación del decreto, dichas expectativas se han visto en buena medida defraudadas. Tras una propaganda maximalista -que parecía resaltar, más que sus consecuencias prácticas, la mera publicidad del decreto, y que además pecaba de ser excesivamente personalista-, comenzó a verse que la realidad era mucho más modesta que lo que se anunciaba a bombo y platillo: plazos reducidos, un presupuesto a todas luces insuficiente, una mala gestión de las solicitudes por incompetencia de la Comisión de Valoración, una discutible e incluso arbitraria definición del concepto de represaliados, etcétera, frustraron muchas esperanzas. Además, puesto que la labor encargada por el departamento a los historiadores se limitó a un solo archivo, se obligó a las familias a peregrinar de archivo en archivo en busca de documentación, en ocasiones para ser finalmente ninguneadas. Es ilusorio pensar que un archivo -por muy ricos que sean los fondos en él custodiados- solvente la totalidad de una investigación. Esto es todavía más claro cuando se plantea la averiguación de un tema tan complejo como el de la represión franquista, en que se suman la diversidad de situaciones, de jurisdicciones, de autoridades, de personas implicadas, etcétera.

Por estas razones consideramos que es a los historiadores y archiveros a quienes, apoyándose en esa demanda social, corresponde asumir con responsabilidad el proceso de recuperación de la memoria histórica, poniendo todos sus medios a disposición de quien lo necesite o lo requiera. Por ello queremos recalcar que la verdadera recuperación de la memoria histórica debe basarse en el conocimiento, lo más ajustado posible, de la verdad histórica y no en campañas pensadas "cara a la galería", que terminan convirtiendo la historia en algo ridículo y banal. La verdadera memoria ha de rehacerse desde la apertura de los archivos y desde la investigación historiográfica, no desde las diferentes visiones políticas actuales, por lo que es necesario continuar trabajando sobre el periodo de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en Euskadi, diferenciando ambas etapas, que requieren acercamientos heterogéneos.

Dada la complejidad del asunto, pensamos que es necesario el nombramiento de una comisión de expertos que se preocupe de poner a disposición de las familias la ingente documentación dispersa y desordenada que existe en diversos archivos. Es éste un asunto muy urgente, dado lo inexorable del ciclo vital que pesa sobre esta generación. Incluso habría que plantearse la necesidad de un Libro Blanco sobre la violencia en el País Vasco durante la guerra en ambos bandos y a lo largo de la dictadura, que dejara las cosas en su sitio para las futuras generaciones. Es necesario el máximo consenso social para que este proceso se lleve a cabo y, de este modo, poder legar a las generaciones posteriores una memoria completa de lo que supuso la Guerra Civil y la violencia de la posguerra.

Hacemos, por tanto, un llamamiento a todas las fuerzas sociales y políticas y a toda la sociedad (en especial, a las instituciones comprometidas, como es el Gobierno vasco), para lograr un gran acuerdo que nos permita -por encima de oportunismos políticos- compensar a las víctimas, reconocer a los ya desaparecidos y superar, de manera definitiva, la herida que ha supuesto en la sociedad española la Guerra Civil.

Pedro Barruso es historiador, Santiago de Pablo es profesor de historia de la UPV y Juan Pablo Fusi es profesor de historia de la Universidad Complutense de Madrid. Firman además este manifiesto otros 40 especialistas en historia contemporánea del País Vasco de la UPV, la Universidad de Navarra, la UPNA, las universidades madrileñas Complutense, Autónoma y Carlos III, el CSIC y de Gernikazarra Historia Taldea.