Los sindicatos y la patronal exigen que la reforma del Estatuto reconozca el valor de la concertación

Los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEA iniciaron ayer el turno de propuestas de las organizaciones económicas s ante la comisión parlamentaria que aborda la reforma del Estatuto de Autonomía. Un turno con aportaciones mucho más definidas que en comparecencias anteriores y ceñidas al ámbito socioeconómico. Los máximos responsables de estos agentes sociales coincidieron en reclamar que el nuevo Estatuto haga un "reconocimiento expreso" al valor de la concertación en el diseño de la política autonómica, de modo que los legisladores eleven al máximo rango legal la necesidad de que la Junta de Andalucía concierte sus políticas económica y social con sindicatos y patronal.

Tras la comparecencia de varios responsables políticos y expertos jurídicos de alto nivel vinculados con la redacción del Estatuto de Autonomía vigente, los representantes de los cuatro grupos parlamentarios saludaron ayer las propuestas de sindicatos y patronal, mucho más ligadas al momento actual. De hecho, la principal reivindicación de Manuel Pastrana (secretario regional de UGT), Santiago Herrero (presidente de la CEA) y Francisco Carbonero (secretario regional de CC OO) fue que la reforma del Estatuto eleve al máximo rango legal una práctica habitual y de importancia creciente en los últimos años: la concertación de la política autonómica entre la Junta, los sindicatos y la patronal.

"Se debe hacer un reconocimiento expreso al instrumento de la concertación social", reclamó Herrero. "Hay que impulsar y garantizar el papel del diálogo social", abundó Pastrana. "Debe reflejar la necesidad de la concertación y su potenciación", reiteró Carbonero. Los tres dirigentes coincidieron también al referise al artículo 7 de la Constitución para reclamar una valoración similar del Estatuto al papel de sindicatos mayoritarios y patronal. Y propusieron también que la definición de la estructura y objetivos del Consejo Económico y Social (CES) andaluz se incluyan también en el Estatuto. Los sindicatos extendieron esta petición a otros organismos surgidos de la concertación, como el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales o el Servicio de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía.

Carta social de derechos

Las coincidencias llegaron también a reclamar que el Estatuto marque como objetivo para la Administración autonómica facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y posicionar a Andalucía en la sociedad de la información. "Eso debe ser un objetivo básico", afirmó el presidente de la patronal. "Y es necesario el reconocimiento a la necesidad de una Administración electrónica con rango estatutario", añadió Herrero. "El acceso a la innovación tecnológica es esencial, la analfabetización digital es ya una realidad", dijo Pastrana.

Casi todo lo demás fueron diferencias. El presidente de la patronal se mostró contrario a que el Estatuto establezca en qué foros europeos tiene que tener representación o poder de codeci-sión la Junta de Andalucía, mientras que los sindicatos, en línea con el sentir mayoritario de los grupos parlamentarios, sí se mostraron favorables a ese aspecto. Al referirse al objetivo de la creación de empleo, ya incluido en el Estatuto vigente, Herrero reclamó "en consecuencia, reconocer el papel de la empresa privada". Los sindicatos, por el contrario, enfatizaron la necesidad de ponerle adjetivos: "empleo estable, seguro y de calidad".

La diferencia más radical se centró en si debe haber alguna alusión a la economía social, como reclamaron por la tarde los representantes de la organización Cepes. "Todas las fórmulas empresariales son sociales y nosotros nos sentimos representantes de todas", advirtió Herrero, quien se mostró en contra de esa referencia. Por contra, el representante de UGT defendió la mayor aportación social de las cooperativas y reivindicó que el Estatuto les de un tratamiento especial, junto a las pymes y los autónomos, "la economía autóctona andaluza".

Hubo más aportaciones. La CEA pidió "normas que garanticen la tutela efectiva del empresario ante la Administración" y reclamó también la inclusión de un "marco general de la empresa pública" que, entre otras cosas, impida que concurra en concursos de la Administración junto a empresas privadas. Además, propuso la participación de los agentes sociales en una entidad que decida sobre la política de promoción exterior y el destino de los incentivos europeos. Y exigió que desaparezca la reforma agraria como objetivo.

Por su parte, los sindicatos reclamaron la necesidad de incluir una carta de derechos sociales. A los tradicionales de acceso universal a la educación y sanidad, los representantes de UGT y CC OO añadieron el derecho de las personas dependientes, los discapacitados, los menores y los colectivos en riesgo de exclusión a que la actuación pública autonómica les dé prioridad. Asimismo, ambos sostuvieron que el Estatuto debe hacer una mención a que los inmigrantes también deben beneficiarse de esa carta de derechos y debe establecer como "principio transversal" de la actuación autonómica la apuesta por la igualdad de género.