Reforzarla, no debilitarla

La reciente ola de escándalos en torno a la ONU ha generado una percepción pública incorrecta, que viene muy bien a quienes deseen mermar la credibilidad y el poder de esta organización. La ONU adolece de problemas de gestión y de cultura organizacional importantes -algo no tan sorprendente, dada la complejidad de la estructura y las normas que rigen esta organización, no comparable a ninguna otra-, pero no es una organización corrupta. Los problemas detectados últimamente tienen que ser abordados con urgencia y eficacia, junto con otras disfuncionalidades conocidas desde hace mucho, como la gestión del personal o las fórmulas de financiación de las diversas actividades, pero no deberían de ser utilizados como argumento para cuestionar ni la legitimidad ni la relevancia de la ONU.

Los problemas no deberían de ser utilizados para cuestionar la legitimidad de la ONU

La dimisión del Alto Comisionado para los Refugiados, Ruud Lubbers, como resultado de alegaciones de acoso sexual es un episodio aislado. Las alegaciones, si es que son ciertas -punto que no ha quedado del todo aclarado-, no pasan de referirse a una conducta individual, grave eso sí, que podría producirse en cualquier entorno de trabajo. La persona bajo sospecha ha tenido que abandonar su puesto bajo presión, antes de haber quedado probada su falta.

Más difícil es la cuestión de abusos sexuales sistémicos por parte de personal uniformado de Naciones Unidas en misiones de paz. Para evaluar esta cuestión en su justa medida habría que comparar estos comportamientos con los de soldados sirviendo bajo bandera nacional en operaciones multinacionales. Puede que el problema esté más en relación con la cultura existente en los ejércitos de algunos países que con el hecho de que estén sirviendo bajo bandera de la ONU -no hay que olvidar que la organización se nutre de contingentes nacionales y los cascos azules no son, propiamente dicho, un ejército de la ONU. ¿Debería Naciones Unidas rechazar los contingentes militares de países que no presenten credenciales impecables de comportamiento de sus soldados? La ONU, precisamente, intenta controlar estos comportamientos de forma más estricta y elevar los estándares nacionales al nivel internacional. Aun así, los casos detectados en la República Democrática del Congo son un escándalo y hay que atajarlos de manera radical. En ello está el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que ya ha tomado medidas de un rigor sin precedentes. Juega aquí un papel importante la voluntad política de los Estados que contribuyen con tropas o policías y que se suelen resistir a que sus nacionales sean juzgados por faltas, o crímenes, cometidos durante su servicio, especialmente en el país donde las han cometido. Este comportamiento es común por parte tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo. Terminar con el abuso de las inmunidades de las que se beneficia el personal internacional o sirviendo bajo bandera de la ONU necesita del concurso de los Estados miembros.

Otra cuestión diferente es la mala gestión, y potencial fraude, en el programa Petróleo por Alimentos. Como no es infrecuente, la ONU termina siendo la encargada de tareas para las que no está preparada, simplemente porque nadie más puede hacerlas. Cabe preguntarse si la ONU hubiera debido rechazar la gestión del programa Petróleo por Alimentos, al carecer de la estructura y el personal adecuados para hacerlo, y caer este encargo completamente al margen de sus funciones habituales. Las investigaciones de Paul Volker todavía no son conclusivas. Cuando lo sean, habrá que ver si existen responsabilidades penales y éstas tendrán que ser cumplidas, exactamente igual que en los casos de corrupción en administraciones nacionales. Como cualquier otra administración, la ONU no tiene un antídoto para garantizar al cien por cien el comportamiento ético de su personal, especialmente si se tiene en cuenta el volumen extraordinario de dinero que manejó este programa. Si no existen responsabilidades penales, el secretario general tendrá que evaluar las responsabilidades políticas de una gestión que -este punto sí parece suficientemente documentado- fue irregular. Y si el Consejo de Seguridad considera que tiene que intervenir, tiene a su disposición los mecanismos para hacerlo. También se cuestiona la integridad del Comité encargado de la investigación, en el que además de Volker está una persona del prestigio de Richard Goldstone. Si existen elementos suficientes, tanto el secretario general como, en última instancia, el Consejo de Seguridad podrían iniciar una nueva investigación. La cuestión aquí es que la ONU se dote y utilice sin titubeos los mecanismos necesarios para prevenir y, en su caso, sancionar las conductas ilícitas.

En cualquier caso, no se puede mezclar la discusión y el necesario escrutinio sobre el funcionamiento de la organización y de sus máximos responsables con el debate sobre la relevancia del instrumento multilateral por excelencia. Al juzgar este funcionamiento, conviene considerar a la ONU como el gran aparato administrativo y ejecutivo que es, pero teniendo en cuenta todas las peculiaridades que no se encuentran en administraciones nacionales o regionales, y entre las que destacan: las circunstancias extremas en las que tienen lugar gran parte de sus actividades, la amalgama de culturas entre su personal, las fórmulas de contratación o de cesión de recursos humanos -incluidos los militares-, la politización de sus actividades, los intereses divergentes de sus accionistas -los Estados miembros- que la organización tiene que armonizar, y el marco legal que la rige. Los recientes escándalos deberían servir para que los Estados realmente interesados en el multilateralismo dediquen más atención, recursos y voluntad política a la mejora de la organización -es decir, a reforzarla- en lugar de ser vistos como razones para debilitarla.

José Luis Herrero es director general de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE