La revolución legal del 11-S

Hace dos años, Andrew O'Connor, estudiante en la Universidad de Santa Fe (Nuevo México), regresó a casa tras un día de trabajo intenso en clase. Llevado por su interés por la política y el debate, O'Connor entró, como en muchas otras ocasiones, en un foro de Internet que permite el intercambio de opiniones entre estudiantes universitarios. Al día siguiente, cuando salía de casa, O'Connor se vio rodeado por trajes negros y gafas oscuras: un grupo de agentes del Servicio Secreto le comunicó que estaba detenido por "proferir amenazas contra el presidente Bush".

La transcripción de su conversación cibernética demostró horas después que no hubo amenazas sino comentarios críticos contra la política de Bush. O'Connor descubrió que el servicio secreto no sólo había actuado alertado por una falsa acusación, sino que también había investigado sus convicciones políticas: le comunicaron que "sabían" que el día anterior había hablado en la biblioteca con una joven que llevaba una chapa contra la guerra en Irak a quien dijo que "Bush estaba fuera de control".

La norma facilita los 'pinchazos' telefónicos y cibernéticos sin orden judicial

Cinco horas después de la detención, O'Connor quedó en libertad. Las cinco horas pudieron haberse convertido en cinco meses sin acceso a un abogado, sin acusaciones formales y sin comparecencia ante un juez. Así lo permite la Patriot Act, el marco de modificaciones legales redactado cuando no habían pasado dos meses desde los atentados del 11-S. Algunos aspectos polémicos de la ley vencen este año; demócratas y republicanos creen que antes de renovarlos hay que debatirlos de nuevo con la cabeza fría y la Constitución en la mano.

Las grandes consecuencias legales y administrativas del 11-S se reducen a la redacción y aprobación de la Patriot Act, la remodelación de los servicios de inteligencia y la creación del Departamento de Seguridad Interior. Pero es ese texto legal, con las prerrogativas que otorga a los organismos de investigación y al Departamento de Justicia, el que genera un debate interminable por limitar, según sus detractores, los derechos de los individuos.

La Patriot Act se aprobó el 26 de octubre de 2001. Toma sus siglas del título "Unir y Reforzar Estados Unidos Mediante las Herramientas Adecuadas para la Interceptación y Obstrucción del Terrorismo". Este marco legal expande la capacidad de investigación de la policía, que desde entonces puede llevar a cabo labores de vigilancia de individuos considerados "sospechosos". En uno de sus capítulos más polémicos, la nueva ley facilita los "pinchazos" telefónicos y cibernéticos sin orden judicial y consiente el acceso a los datos médicos, profesionales, académicos y financieros del cualquier individuo.

La policía puede también revisar los libros que ha sacado de una biblioteca o los que ha comprado en una librería sin tener que notificarle que está sometido a vigilancia. Para los ciudadanos no estadounidenses, la ley ampara la encarcelación preventiva basada en sospechas, la deportación y la denegación del permiso de entrada sin justificación expresa. La Patriot Act permitió, entre otros miles de ejemplos, que un vuelo a Nueva York fuera desviado a Canadá porque entre el pasaje estaba Yusuf Islam, el nombre musulmán del cantante Cat Stevens, que fue devuelto a Gran Bretaña.

Otro caso más reciente es el de Maher Arar, un ciudadano canadiense nacido en Siria que fue detenido cuando hizo escala en EE UU a la vuelta de unas vacaciones con su familia en Marruecos. Arar fue interrogado y confinado durante meses en una prisión. A pesar de que su pasaporte, su residencia y su familia son canadienses, las autoridades de EE UU lo deportaron a Jordania para que desde allí fuera expulsado a Siria; cuando entró en ese país, en el que nació pero del que reniega, fue encarcelado y torturado en una prisión. Recuperada la libertad, Arar ha vuelto a Canadá y ha demandado al Gobierno de EE UU. El editorialista Bob Herbert, en un artículo de condena a la Patriot Act, escribió en el The New York Times: "Lo que le pasó a él le puede pasar a usted". Según la American Civil Liberties Union (ACLU, la mayor organización de defensa de los derechos civiles en EE UU), la Patriot Act sólo consiguió la aprobación en el Capitolio porque Bush supo apresurar el texto para aprovechar la estela sentimental del 11-S.

En una comparecencia reciente, el nuevo fiscal general de EE UU, Alberto Gonzales, uno de los inspiradores de esa ley y autor también de los informes de la Casa Blanca que cuestionaban el concepto de "torturas", pidió la renovación de la Patriot Act "porque está funcionando: ha ayudado a prevenir nuevos ataques terroristas". Otros expertos legales consideran que los beneficios han sido nulos y que el coste en demandas ante los tribunales acabará siendo astronómico.

El Senado consiguió introducir en la ley una fecha de caducidad para algunos de los artículos más polémicos, que vence a final de año. Un buen grupo de demócratas, entre ellos el influyente Patrick Leahy, máximo representante de este partido en el Comité Judicial, ha acusado al Departamento de Justicia de ocultar "los resultados reales que ha proporcionado la aplicación de esta ley" y de no haber demostrado "por qué deberíamos extender su aplicación" cuando acabe su vigencia dentro de unos meses.