La Generalitat avala la seguridad de los pisos del Carmel durante 15 años

La Generalitat se comprometió ayer con los abogados de unos 750 afectados del Carmel a garantizar la seguridad de los pisos de la zona del socavón durante 15 años, y no 10 como en un principio. El Gobierno también se comprometió a evitar que los pisos pierdan el valor que tenían antes de los hundimientos y propuso que la compensación mensual sea de 500 euros por persona mientras estén fuera de sus casas.

"Nos dicen que su precio subirá por los planes de reforma. Lo aceptamos, pero pedimos que la Generalitat avale estos pisos o bien que se comprometa a comprarlos si los vecinos lo piden", aseguró la abogada Mari Carmen Pérez-Pozo, que salió satisfecha de la reunión.

El secretario general de Presidencia, Ramon García-Bragado, consideró que no se producirá ninguna pérdida de patrimonio entre los vecinos afectados por el socavón. "Es un tema muy complicado, pero aceptamos que no deben sufrir pérdidas de patrimonio", aseguró.

La satisfacción también la dió la nueva oferta del Gobierno catalán para indemnizar a los afectados por los daños morales. En la última reunión propuso una compensación de 6.000 euros por familia, un pago único de 1.000 euros más por persona y añadió una paga de otros 1.000 euros por familia y mes que ésta pasara fuera de casa. Esta última será ahora de 500 euros por persona y mes en que estén fuera de sus casas.

Los abogados rechazaron la nueva oferta, porque creen que es "insuficiente", pero se felicitaron porque "se habla de personas y no de familias". Siguen pidiendo compensaciones de 15.000 euros por persona por daños morales y una mensualidad de 2.000 euros por persona y mes fuera se su vivienda. Según esta propuesta, una familia de tres personas que estuviera seis meses fuera de casa, por ejemplo, cobraría 81.000 euros. Con la propuesta de la Generalitat, 12.000 euros.

Ayer siguieron los derribos de los bloques 6 y 8 del pasaje de Calafell y el 6 de Conca de Tremp, que durarán cinco semanas. Este fin de semana los vecinos que residían cerca de estos inmuebles, a los cuales ahora no se permite la entrada, podrán entrar a sus casas.