Madrid no ha implantado ni un solo brazalete para maltratadores

El primer brazalete contra maltratadores de España, presentado hace cinco meses por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está aún sin implantar. El principal obstáculo para ello es, según la Consejería de Justicia e Interior, el excesivo tamaño del dispositivo, cuyo dimensión aún no han logrado reducir los expertos. Esta dificultad ha demorado sin fecha la fabricación en serie. La falta de aparatos impide a los jueces obligar a utilizarlos a los agresores que cuenten con una orden de alejamiento, como estaba previsto, reconoce una fuente judicial.

El pasado 25 de octubre, en un acto público, Aguirre entregó al juez decano de la ciudad el primer dispositivo electrónico contra los maltratadores que se iba a implantar en España. Constaba de dos emisores (uno para el agresor y otro para la víctima) del tamaño de un teléfono móvil antiguo y de un brazalete, con forma similar a la de un reloj, del que no puede desprenderse el maltatador. Basado en la tecnología del radar, el dispositivo envía una señal a la mujer y a la policía cuando el agresor se acerca a menos de 500 metros de la víctima cuya aproximación tenía prohibida.

"Nosotros hemos cumplido. Hemos creado un dispositivo desde cero, pero no pudimos reducir más el tamaño de los emisores", explica una fuente del Instituto de Magnetismo Aplicado Salvador Velayos, de la Universidad Complutense. Este organismo desarrolló el dispositivo a lo largo de seis meses por encargo de la Comunidad de Madrid. "Quizá se necesiten dos años de trabajo para rebajar la dimensión, si es que se consigue", añade. El coste de este proyecto y la fabricación de dos prototipos fue de 75.000 euros (35.000 aportados por el Gobierno regional y 45.000, por el Colegio de Farmacéuticos).

En la Consejería de Justicia e Interior, una portavoz asegura que es preciso reducir la dimensión de los emisores para iniciar su producción en serie. "Ahora se trata de negociar convenios para que las empresas asuman el coste de fabricar unidades más pequeñas", detalla. Reconoce que este proceso se ha revelado más difícil de lo previsto y que no hay fecha para culminarlo. Con la disminución del tamaño se busca hacer los emisores más manejables y evitar que "el maltratador y la víctima estén estigmatizados".

Por su parte, en el Instituto Salvador Velayos lamentan que el dispositivo (cuya patente pertenece a la Comunidad de Madrid) esté en punto muerto. Añaden que se han interesado por él desde otras comunidades autónomas y desde países como el Reino Unido y Alemania.