El proyecto de nuevos estatutos de Cajasur prevé la creación de una presidencia honoraria

El borrador de los nuevos estatutos de Cajasur, resultado del acuerdo alcanzado entre la Junta y la Iglesia católica para el retorno de la caja a la tutela autonómica, contempla que el Consejo de Administración podrá "otorgar el título de presidente, vicepresidente o consejero honorario". Estaría reservado para los miembros de órganos de gobierno no en activo que "se hayan distinguido por los servicios prestados" a la entidad. El acuerdo establece que el actual presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, dejará el cargo en noviembre tras un cuarto de siglo al frente de la caja.

El miércoles por la tarde, al domicilio particular de cada uno de los miembros del Consejo de Administración de Cajasur llegó un sobre. Dentro, había una copia del acuerdo alcanzado en diciembre entre el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, para la vuelta de la entidad a la tutela autonómica, un ejemplar de la Ley Andaluza de Cajas y el proyecto para la renovación de los estatutos de Cajasur. 66 páginas en las que se detallan las normas básicas por las que se regirá la caja cordobesa.

Una de las novedades que se incluyen es que el Consejo de Administración podrá "otorgar el título de presidente, vicepresidente o consejero honorario a los miembros de los órganos de gobierno que, habiendo cesado en sus cargos, se hayan distinguido por los servicios prestados y, excepcionalmente, a aquellas personas que hayan demostrado su amor a la institución". En el texto no se detalla si este tipo de cargo honorífico, que prácticamente ninguna caja española contempla, tendrá alguna remuneración. Además, la entidad que presidirá hasta noviembre el sacerdote Miguel Castillejo, también podrá otorgar la "Medalla de Honor Cajasur en su doble categoría de oro y plata" para recompensar "los servicios prestados a la institución" o las personas o entidades que hayan destacado "en los campos del ahorro, cultural, científico o social".

En el borrador de estatutos, que deberá ser votado y ratificado por el Consejo de Administración y la Asamblea General, se indica, tal y como se acordó con la Junta, que los miembros del cabildo catedralicio que no ejerzan funciones ejecutivas "podrán permanecer en el cargo como máximo hasta los 75 años", un límite más amplio que el que establece la ley andaluza (70 años) para los consejeros (Asamblea y Consejo de Administración) de las cajas de la comunidad. Esta disposición afectará a cuatro de los seis canónigos que ahora se sientan en el Consejo de Administración, aunque no se especifica qué limite de edad se establece al presidente ejecutivo. Los estatutos, en cumplimiento de lo acordado con la Junta, confirman que esa presidencia ejecutiva la ejercerá uno de los canónigos, como es el caso ahora de Castillejo.

El proyecto, que será votado por el Consejo de Administración en un plazo de unas dos semanas, fija también que "los órganos de gobierno que resulten de la renovación" de la entidad "deberán quedar constituidos (...) antes del 30 de noviembre de 2005", fecha límite para la salida de Castillejo.

La renovación de los órganos de gobierno, fruto del cambio en los porcentajes de participación que tendrá la Iglesia, la Diputación de Córdoba, las corporaciones municipales, los empleados, la Junta y los impositores- será válida para todos los representantes salvo para los impositores, que sólo se renovarán en su mitad. Este grupo causó a principios de año algún quebradero de cabeza cuando pidió en un Consejo de Administración que el acuerdo entre la Junta y la Iglesia fuera revocado o ratificado en una Asamblea General, algo que finalmente no ocurrió. Castillejo dijo entonces que todo había surgido por el temor de estos representantes de no poder continuar en sus cargos, pero que podría llegarse a "soluciones satisfactorias" que los tranquilizara.

El borrador de los estatutos, reconoce a la Iglesia católica una representación privilegiada respecto a la que tienen otras entidades fundadoras de cajas en la ley andaluza (un máximo del 13% de los cargos). En la Asamblea General (160 miembros), el 34% (54 consejeros) corresponderá al cabildo; el 5% (8), a la Diputación Provincial; el 25% (40) a los impositores; el 21% (34), a las corporaciones municipales; el 5% (8), al personal de la entidad; y el 10% (16), a la Junta. En el Consejo de Administración, la Iglesia tendrá un 35% de los representantes (6 miembros); la Diputación, un 10% (2); los impositores, un 25% (5); las corporaciones municipales, un 20% (4); los empleados, un 5% (1); y la Junta, un 10% (2).