Tierras roturadas

La primera lectura de los resultados de las elecciones vascas es la derrota de Ibarretxe y de su plan, pero, como suele ocurrir, todo problema resuelto hace emerger otro diferente. En este caso, el severo castigo del nacionalismo gobernante va unido a un leve incremento del conjunto del nacionalismo, interrumpiendo una tendencia al retroceso que venía manifestándose desde mediados de los ochenta. Y va unida, sobre todo, a la permanencia de Batasuna en el Parlamento, ahora con nuevo disfraz, lo que ha provocado reacciones muy airadas del PP, incluyendo la insostenible acusación a Zapatero de haber reflotado a una ETA casi derrotada.

El nacionalismo crece cuatro décimas, pero pierde poder. Ya ocurrió en 1986, tras la aparición de EA. Con la incorporación de Aralar en estas elecciones había tres candidaturas nacionalistas en liza. La presencia de más partidos de esa ideología permite diversificar la oferta y atraer a más sectores, pero también dispersa el voto. Esta dispersión, sumada a la dificultad de articular alianzas estables entre fuerzas tan diversas, reduce el poder del nacionalismo. Otro dato de la realidad es el crecimiento de Batasuna en ausencia de atentados de ETA. Ya ocurrió en 1998, cuando consiguió casi un tercio del voto nacionalista coincidiendo con la tregua de la organización terrorista.

El Estado de derecho consiguió sacar a Batasuna de los ayuntamientos, pero no ha logrado impedir su presencia en el Parlamento vasco, pese a que los motivos para su ilegalización siguen vigentes. ¿Justifica esto el catastrofismo de Acebes diciendo que las elecciones "las ha ganado ETA" o las acusaciones de Rajoy contra Zapatero? Si el Gobierno hubiera querido que Batasuna se presentase no habría impugnado las candidaturas de Aukera Guztiak. Y es sostenible el argumento de que el Constitucional no habría aceptado, con los indicios que habían acumulado las fuerzas de seguridad, avalar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Es grave que Batasuna se haga presente a través de esa franquicia, pero no lo sería menos que el Tribunal Constitucional hubiera considerado inconstitucional su prohibición.

El fiscal general dijo ayer que no descarta actuar en el futuro si aparecen pruebas. Para que no aparezcan, los dirigentes de Batasuna tendrán que acomodarse a la legalidad, y de momento no estarán directamente en el Parlamento, lo cual no es un detalle secundario. Uno de los efectos políticos de la ilegalización es que por primera vez existen intereses no coincidentes entre ETA y los jefes de Batasuna, que aspiran a seguir en política y a vivir de ella. Es muy probable que si hubiera habido atentados en la campaña, como los hubo en la de 2001, la lista fantasma hubiera sido ilegalizada. De hecho, la de Batasuna se produjo tras el atentado de Santa Pola, no condenado por los de Otegi.

Las acusaciones del PP no sólo son injustas, sino incongruentes con la estrategia de alternativa constitucionalista: no se puede propugnar el pacto con un partido al que a la vez se acusa de sacar del pozo a ETA. Y la expectativa de un próximo final de la banda exige reforzar, y no dar por roto, el Pacto Antiterrorista.