Democracia con desarrollo

Recientes polémicas sobre la continuidad del embargo de armas a China o el suministro de material militar a Venezuela han permitido al menos volver a poner encima de la mesa un tema algo olvidado, como es la repercusión política y económica del comercio armamentista, así como su influencia en la formación de dinámicas regionales de militarización. En una época tan particular como la que vivimos en el inicio del milenio, debería discutirse seriamente si el descontrol de este comercio impide configurar políticas globales de seguridad.

Los detonantes de la discusión son sólo eso, detonantes, es decir, simples ejemplos de un proceso de una amplitud mucho mayor, y en la que participan bastantes países, sea como vendedores o como compradores de armas. En el fondo de todo, las preguntas de siempre: ¿cuáles son los límites razonables en cuanto a posesión de armas para la seguridad nacional? (el "cuánto es suficiente"), ¿no son las armas un instrumento cada vez más obsoleto en cuanto a su capacidad de generar seguridad?, y una última: ¿en el siglo XXI es razonable continuar pensando en políticas de seguridad nacionales basadas en lo militar, en vez de avanzar en políticas regionales basadas en la cooperación no militar y muy centradas en la resolución de conflictos?

La venta de armas es la peor estrategia para crear confianza y seguridad

Volvamos a los detonantes, como simple excusa para un análisis de mayor alcance. Rusia se ha convertido, en los últimos años, en el primer exportador mundial de armas pesadas, superando incluso a Estados Unidos, y con unas ventas de 7.000 millones de dólares en el 2003. Sus grandes clientes, India y China, pero con una larga lista que incluye ahora a Venezuela, país al que piensa suministrarle 100.000 fusiles AK-47 y otros productos. Pero han sido justamente los fusiles los que han merecido preocupación, tanto por la posibilidad de ser desviados hacia las guerrillas colombianas, como por ser la plasmación de proyectos de defensa popular que comportaría un tipo de militarización social propia de otros tiempos. Puede argüirse que Venezuela tiene el mismo derecho que otros países para ponerse al día en cuanto a material que resulta anticuado. Siendo ello evidente, la pregunta que me parecería más oportuna es la de si Venezuela no podría obtener las garantías legítimas de no ser invadido y prestarse a colaborar en un proyecto latinoamericano de seguridad compartida basada en cooperaciones tecnológicas, económicas y de otro tipo, como algunas que se plantearon en la reciente cumbre de Guyana, a la que asistió el presidente Zapatero.

¿Qué es más oportuno para España: relanzar su industria armamentista a costa de rearmar a países o regiones que necesitan inversión social, o ser coherentes con el discurso de "pacto de civilizaciones", lucha contra el hambre y cumplimiento de los Objetivos del Milenio? No pueden hacerse ambas cosas a la vez, y es un pésimo precedente que un ministro de Defensa torpedee las líneas maestras de una política exterior innovadora, civilista y con capacidad de arrastre. Remediar el problema de Izar no puede hacerse a costa de la incongruencia. Y volviendo al escenario internacional, no deja de haber una gran dosis de cinismo entre unos y otros al debatir si ha de levantarse el embargo de armas a China, cuando hay tan pocos miramientos a la hora de hacer negocios con esta potencia emergente. A Estados Unidos le preocupa sin duda el aumento sostenido e importante del gasto militar chino, pero ello no ha sido obstáculo para que pueda rearmar a sus vecinos, e incluso que tenga un proyecto de venta de armas por valor de 1.200 millones de dólares para el Nepal, cuando ningún avión de combate traerá la democratización de este o de cualquier otro país. India y Pakistán, por ejemplo, están llevando a cabo una extraordinaria suma de medidas de confianza que pueden lograr un final feliz sobre Cachemira, pero su rearme de la mano de Rusia y Estados Unidos puede frenar en el momento menos pensado esta evolución. En estos instantes hay más de veinte países con programas de Desarme y Desmovilización, que permitirán que unos 300.000 combatientes vuelvan a la civilidad. ¿No sería mejor financiar estos procesos que estar torpedeando una y otra vez mediante el rearme varios procesos de paz que están en curso?

En un mundo en donde se está buscando intensamente el fin de la violencia en dos de cada tres conflictos armados, la venta de armas es la peor estrategia para crear confianza y seguridad nacional o regional, particularmente en las zonas de tensión. El siglo que hemos empezado necesita de nuevas miradas que no pasen por la egoísta e insensata actitud de mantener en pie unas industrias que en España no han sabido reconvertirse en su momento, y que sin embargo tienen tanta capacidad de desestabilizar y de contrarrestar las estrategias de seguridad humana.

De entrada, pues, urge reforzar las políticas de transparencia y de control parlamentario y social sobre este negocio, cumplir de manera clara el Código de Conducta europeo sobre las transferencias de armas, cooperar para un estricto control de las ventas de armas ligeras e impulsar el establecimiento de un código de conducta a nivel internacional, pero sin olvidar que antes o después habrá que encarar los aspectos más de fondo señalados anteriormente. España debería revisar algunos de los pasos que está dando últimamente en esta materia, pues de lo contrario nos situaremos de nuevo en un lugar destacado del ranking del cinismo. Distingámonos por exportar talante, democracia y desarrollo, y no armas para zonas inestables.

Vicenç Fisas es director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.