Ayuntamientos y consejerías hostiles

El informe ordinario de la Sindicatura de Greuges correspondiente al año 2004 que el Síndic, Bernardo del Rosal, entregó ayer a las Cortes refleja un aumento de Administraciones hostiles, es decir, Ayuntamientos y Consejerías que o no han contestado a los requerimientos o resoluciones de la Sindicatura o lo han hecho "de forma injustificada o insuficiente evidenciando una actitud entorpecedora y falta de colaboración".

En esta lista se incluyen los Ayuntamientos de Alicante, Benidorm, Torrevieja, Turís, Montserrat, Alboraya, Altea, Chella, Guardamar del Segura, Novelda, Pobla de Tornesa, San Miguel de Salinas, Alcoi, Callosa de Segura, Orihuela, Paiporta, Sant Vicent del Raspeig, Torres Torres y Villena. También se incluye el departamento de Bienestar Social por tres aspectos, entre los que se encuentra la dilación en agilizar los procedimientos para calificar el grado de discapacidad -"en todo caso en menos de seis meses"- frente al colapso que se prolonga ya durante años; y de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte por no aceptar la resolución que recuerda el deber legal de "resolver la incoación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural del Jardín Botánico de Valencia".

El informe refleja que durante el 2004 el número de quejas llegó a las 2.213, un 26% más que el año pasado, un comportamiento que, señaló, se mantiene en 2005. El mayor porcentaje de estas quejas (1.195) son contra las administraciones locales, frente a 788 contra la administración autonómica. Alicante es la provincia en la que se presentan un mayor número, seguida de Valencia y Castellón. La mayor parte se registraron por cuestiones relacionadas con urbanismo y vivienda (14%), seguida de las áreas de medio ambiente y servicios sociales (11%), servicios de entidades locales (9%), empleo público (6%), sanidad y enseñanza (5%), hacienda (3%) y uso del valenciano (3%).

Las intervenciones de oficio también han crecido un 30% respecto a 2003, mientras que el número de las quejas admitidas a trámite "han descendido ligeramente", debido a que "se ha incrementado considerablemente el número de quejas que son competencias del defensor del pueblo".