Tres detenidos y tres heridos durante el desalojo policial de 70 granjas ilegales en Alcorcón

El derribo de un asentamiento ilegal formado por 70 granjas en el camino de Carrolomillo (Alcorcón) terminó ayer con tres personas detenidas y tres heridas después de que se produjese un fuerte enfrentamiento entre unos 50 vecinos afectados y un centenar de agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía.

Al amanecer, se vivieron los momentos de máxima tensión, cuando las máquinas excavadoras entraron en el poblado, formado por 70 edificaciones repletas de animales: pollos, caballos, pavos, gallinas y cabras. Los vecinos no estaban dispuestos a perder sus construcciones, algunas con 30 años de antigüedad. "¡Antes pasáis por encima nuestro!", gritaron los residentes. El Ayuntamiento de Alcorcón intentaba, por cuarta vez, derribar este asentamiento. En él está previsto levantar un desarrollo industrial.

Pero los afectados, que en su mayoría tienen huertos y casas donde pasan los fines de semana, decidieron enfrentarse a las máquinas. Un grupo se plantó delante para evitar el paso. Otros, los más jóvenes, se subieron a la grúa. Los agentes de Policía Municipal se encararon con los vecinos. Hubo golpes, empujones, carreras, lloros y gritos. Uno de los jóvenes que había conseguido encaramarse a la grúa jaleó a los presentes: "¡Vecinos, qué no se diga!". Luego, al ver cómo su padre era golpeado por los policías, se tiró sobre la muchedumbre que se había formado en torno a la grúa. Padre e hijo, Antonio Santiago, de 71 años, y Julen, de 21 años, fueron detenidos. Ambos tuvieron que ser escayolados en los brazos y tienen distintas contusiones, según sus abogados. Además, un policía municipal sufrió heridas leves.

Al ver que las excavadoras no se detenían, otro vecino, Enrique L., decidió presuntamente quemar los pastos. El fuego tuvo que ser sofocado por los bomberos de Alcorcón. Este hombre también fue detenido.El detenido de mayor edad fue puesto en libertad, pero los otros dos vecinos continuaban en la tarde de ayer en las dependencias policiales, pendientes de pasar a disposición judicial, según explicaron sus abogados. Durante la protesta, los vecinos contaron con el apoyo de los jóvenes de El Desguaze, un centro okupa situado muy cerca de los terrenos afectados. Pasadas las siete de la mañana, un centenar de policías (la mayoría de ellos municipales) vigilaba el entorno del asentamiento. Poco a poco se fueron desplegando por el campo, como un auténtico ejército. "¡Ojalá os tiren vuestra casa!", gritó una mujer ante la llegada de los policías.

Cuando entraron las grúas, se desató el caos. Además de los detenidos, otros vecinos recibieron golpes y empujones durante el enfrentamiento con la policía. En el multitudinario forcejeo, a uno de los residentes se le adivinaba la forma de un martillo dentro de una bolsa de plástico. Un hombre tuvo que calmar a su hija, que se puso muy nerviosa al ver que su padre iba a perder su vivienda. Otros se agarraron con fuerza a la grúa y tuvieron que ser sacados a rastras por los agentes. "¡Fuego, fuego!", avisó un policía al resto, al ver cómo eran incendiados los pastos. La situación estaba tan descontrolada que agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que intervenir en apoyo de los municipales. Después de las detenciones, el resto de vecinos se rindió ante la evidencia: las máquinas iban a derribar las casas ilegales.

El abogado de los afectados, Francisco Moreno, presentó ante la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Alcorcón una denuncia contra el Consistorio "por la actuación desproporcionada que ha tenido la Policía Municipal con los vecinos". Desde el Ayuntamiento de Alcorcón no quisieron comentar lo sucedido.

A partir de ahí, los afectados vieron con resignación cómo el gran brazo de la excavadora destruía las construcciones como si fuese mantequilla. El derribo, que será terminado mañana, se demoró porque muchos residentes tuvieron que sacar todos los muebles de sus casas. "No me lo esperaba, por eso no he sacado nada antes", contó un residente. Luego, en medio de los perros, las gallinas, los vecinos y la policía aparecieron tres hombres vestidos de blanco, muy protegidos, como si fuesen astronautas. La policía tuvo que hacerles sitio para que pasaran. Su misión consistió en deshacerse de la uralita de los tejados, ya que es una sustancia contaminante.

Los vecinos levantaron de manera ilegal hace 30 años sus viviendas en los terrenos, que en su momento pertenecieron al Ministerio de Defensa. En 1998, el solar fue vendido a una empresa privada, que es la que ahora quiere construir en ellos un polígono industrial. El caso, según el abogado de los vecinos, está pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia.

Los afectados reconocen que el suelo donde han levantado sus casas no es suyo, pero consideran que, después de tantos años, ya tienen sobre sus propiedades "unos derechos adquiridos". Pero del grupo de 70 vecinos tan sólo hay cuatro (un hombre que vive solo y un matrimonio y su bebé) que realmente viven allí todos los días. El resto pasa el fin de semana o temporadas muy cortas en las granjas, perfectamente equipadas.

El Ayuntamiento de Alcorcón negó que el derribo de los asentamientos fuese ilegal. "El Consistorio se ha limitado a ejecutar un acto administrativo para permitir el desarrollo de un área industrial en la zona", señaló el director de Urbanismo municipal, Dionisio Chaparro. Desde el Ayuntamiento insistieron en que las construcciones son "ilegales". El Consistorio efectuó en su momento un inventario de los bienes que poseían estas personas y estableció las indemnizaciones que podrían recibir y, que según los abogados, está en torno a los 600 euros por vecino.