Ciencia y tecnología: entre la industria y las políticas públicas

La evolución de la ciencia moderna y el proceso de industrialización occidental estuvieron estrechamente vinculados a la dinámica del Estado y a los intereses de las élites económicas. Su combinación dio origen a sistemas de organización y producción de conocimiento y a formas de regulación de los usos y aplicaciones de la ciencia. Las monarquías europeas, las universidades, las academias científicas, las asociaciones y los colegios profesionales fueron protagonistas de ese entramado socio-intelectual.

Desde el último cuarto del siglo XIX se empezó a establecer un nexo inseparable entre ciencia, tecnología y sociedad como polinomio al servicio del interés del estado y las políticas públicas a favor de la identidad, la seguridad y la riqueza. Esa ciencia de Estado se plasmó en institutos de investigación y laboratorios nacionales, como el Institute Pasteur o la London School of Public Health. Durante el período entreguerras, los Estados no sólo promovieron nuevas tecnologías e investigaciones en física nuclear, también impulsaron un movimiento sanitario internacional que fue el embrión de los sistemas nacionales de salud. De este modo, durante la primera mitad del siglo XX, el Estado asumió la responsabilidad de gestionar el desarrollo del conocimiento desde la esfera pública financiando la investigación y la enseñanza y creando una cultura que asociaba la ciencia y la tecnología a la preservación de la paz y la equidad. El modelo keynesiano del Estado de bienestar consolidó esta orientación.

Desde 1980, cada vez más productos de la actividad científica son propiedad privada

Los científicos españoles deben pedir un sistema con mayor dimensión social

La economía basada en el conocimiento se sustenta en nuevos productos y prácticas

Pero ese modelo ha experimentado una transformación sustancial durante el último cuarto de siglo, debido a cambios profundos en el papel del Estado, en los valores y en los usos sociales y comerciales de la tecnociencia. Si en el modelo anterior el Estado era la piedra angular de la actividad científica, regulador del equilibrio entre beneficio público e intereses industriales, la tendencia actual prima la dimensión mercantil del conocimiento científico y sus aplicaciones. Se ha producido una fractura del anterior equilibrio entre beneficio público y beneficio financiero. Pensemos en el problema de los precios de los medicamentos o la exclusión de amplias regiones del acceso a la tecnología sanitaria.

La emergencia de una floreciente economía basada en el conocimiento se viene sustentando sobre nuevos productos y nuevas prácticas sociales. El impacto ha sido espectacular en las tecnologías de la información y la comunicación, en biotecnología con nuevos aparatos y productos (fecundación in vitro, viagra, respiración asistida, diálisis...). En el último cuatro de siglo, el entramado tecno-industrial ha alterado nuestra vida, nuestros valores y nuestros hábitos de consumo, entre otras, la relación con nuestro propio cuerpo (body building, producción de esperma a partir de células troncales, órganos artificiales, cultivo de tejidos, transplantes, respiradores...). Se han creado también modelos virtuales de fenómenos naturales (terremotos, tsunamis, cambio climático, enfermedades...) que tienden a suplantar a la propia naturaleza.

Un sector creciente de la población observa con preocupación la deriva tecnocientífica industrial, que escapa de regulaciones y políticas públicas estatales al plantearse a escala global. Los comités de expertos nombrados por instituciones públicas y los planes de política científica estatales han perdido influencia en relación con la orientación que marca el gran poder económico de la industria. El panorama de la investigación científica y el uso de sus resultados se ha transformado. Las universidades y los Estados han perdido centralidad en beneficio de programas que se ajustan a demandas sociales de consumo y a la lógica del beneficio. La formación de redes, grupos y equipos internacionales ha sido la respuesta de la investigación pública y los grupos de investigación universitarios y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) colaboran y se financian mediante convenios con la industria.

Pero la nueva tendencia ha acelerado la privatización de la propiedad intelectual de los productos de la ciencia a través del sistema de patentes. Eso afecta especialmente a la electrónica, las bases de datos, la inteligencia artificial, pero también a la investigación con seres vivos, células, animales genéticamente modificados o fragmentos de material hereditario. Desde la década de 1980, cada vez más productos de la actividad científica se convierten en propiedad privada, lo que significa un cambio fundamental en el papel de la ciencia como forma de cultura y conocimiento público. El nuevo modelo al privatizar provoca exclusión. Estas cuestiones se debatieron en relación con el proyecto genoma humano y suscitaron controversias entre grupos privados y públicos a propósito de las experiencias de clonación.

Aunque la competencia entre grupos de investigación públicos y privados pudo estimular descubrimientos, la actual tendencia de colaboración implica el riesgo de someter los programas, equipos e instalaciones públicas al servicio del poder económico industrial. El auge de la tecnociencia en física, biología y medicina está impulsado por la industria y eso provoca el desplazamiento y la sustitución de los valores de la ciencia como cultural y conocimiento. En palabras de Dominique Pestre, "trabajar por el bien común suele considerarse menos atractivo que convertirse en un empresario científico".

Boltanski y Chiapello analizaron en un trabajo reciente [Le nouveau esprit du capitalisme]

la sustitución de políticas públicas de gestión por conceptos como gobernanza, procedente de la industria y la business administration. El lenguaje no es inocente y la buena gobernanza empresarial se convierte en gobernanza global, con la desaparición del Estado en beneficio del libre autogobierno, organización y negociación de las operaciones comerciales de la industria internacional en un mercado libre. Hay motivos para desconfiar de las garantías que ese panorama ofrece, especialmente en biotecnología, medicina regenerativa o investigación clínica. Lo que habitualmente aparece como un bien para la humanidad puede devenir privilegio para unos pocos y exclusión de la mayoría.

Las demandas de la comunidad científica española para mejorar el sistema español de ciencia y tecnología deben incluir no sólo mejores estándares de financiación, infraestructuras e investigadores, también normas de regulación de la investigación pública para fortalecer la dimensión social del sistema científico-tecnológico. La colaboración con la industria es deseable y beneficiosa para ambas partes, pero evitando la mera subordinación subsidiaria del sistema público. Sólo así cabe salvaguardar la ciencia como cultura, conocimiento y bien social, objetivo primero de toda política pública.

Josep L. Barona es catedrático de Historia de la Ciencia. Universidad de Valencia