La guerra del agua

El Gobierno ha decidido otorgar un trasvase de 82 hectómetros cúbicos a la cuenca del río Segura desde la cabecera del Tajo para paliar los efectos de la sequía: 39 irán para abastecimiento, y el resto, para riego. Ni son los 160 que reclaman desde la cuenca baja del Segura (Alicante y Murcia) ni los 30 que proponía Castilla-La Mancha a condición de que fueran para consumo. Es el más polémico trasvase desde 1995 y, desde luego, no parece, por muy salomónica que sea la decisión, que vaya a acabar con la guerra del agua, en la que, a diferencia de lo que ocurrió con el trasvase del Ebro, la posición no viene fijada por los partidos, sino por el territorio. Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Barreda, la considera "irresponsable y desproporcionada", mientras que la Comunidad de Murcia, controlada por el Partido Popular, la califica de "insuficiente" y advierte que 70.000 familias perderán su sustento.

España padece periodos cíclicos de sequía y extensas zonas afrontan el peligro de la desertización. El agua es un recurso escaso y desigualmente repartido, que exige soluciones que tengan en cuenta la cohesión territorial. Hay que articular un mercado del agua que acabe con la ficción de que es un bien gratuito, utilizable en el campo sin barreras ni limitaciones. Tan difícil resulta creer que 70.000 familias murcianas perderán su empleo si no se trasvasan unos cuantos hectómetros más para riego como que las balsas de Murcia están rebosantes de agua.

El último episodio duro de sequía fue en 1995. Forzó la aplicación de restricciones a los abastecimientos a más de 11 millones de personas en la mitad sur. Gobernaban los socialistas y dejaron preadjudicadas desaladoras de grandes dimensiones en el sureste, un borrador de Plan Hidrológico que Felipe González dejó en el cajón por los conflictos territoriales que suscitó entre la filas de su propio partido y tres planes de cuenca sin consensuar (Tajo, Júcar y Segura) por las mismas razones que hoy enfrentan a la Junta de Castilla-La Mancha con los Gobiernos de Murcia y Valencia.

Diez años después, ni la derogación del trasvase del Ebro que el PP aprobó vencida la segunda legislatura, cuando contaba con mayoría absoluta, ni las reformas legales introducidas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) para que Castilla-La Mancha acceda al uso preferencial del trasvase Tajo-Segura han servido para amainar las disputas por el uso del agua. La apelación a la "solidaridad regional" ha desvanecido su peso en el argumentario de quienes piden agua procedente de otro territorio cuando a ese recurso se le puede obtener un beneficio adicional en zonas amenazadas de despoblación como Aragón o La Mancha, aunque la usen para campos de arroz o de golf.

El reciente decreto-ley para paliar los efectos de la sequía en la agricultura ha condonado el coste anual de la factura del agua a los regantes, incluidos los del trasvase Tajo-Segura, que asciende a unos 20 millones de euros. ¿Qué más solidaridad se puede pedir al conjunto de los contribuyentes? En el régimen económico vigente, y al margen de situaciones de emergencia donde la solidaridad debe primar por encima de todo, cualquier demanda de agua que no sea la del consumo de las poblaciones actuales y los riegos legítimamente constituidos está fuera de lugar.

El Gobierno ha reaccionado con rapidez ante el actual episodio de sequía, con un decreto de ayudas a los agricultores y la agilización del plan de obras de desaladoras, pero se echa de menos la puesta en marcha de una figura recogida en el PHN como son los bancos públicos de agua. De haberlos activado, sería un instrumento idóneo para resolver extrajudicialmente litigios como el planteado entre La Mancha y el sureste.