Gaspar Zarrías afirma que "huele a podrido" en el entorno de la alcaldesa de Cádiz
Teófila Martínez califica las acusaciones de los socialistas como "insinuaciones malvadas"
El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, afirmó ayer que las irregularidades denunciadas en la Zona Franca, organismo presidido por la regidora de Cádiz, Teófila Martínez, y la supuesta relación de dos de sus ediles y del esposo de otra concejal con un promotor, hacen que "cada vez huela más a podrido en los alrededores de la alcaldesa". Martínez defendió a su ediles y calificó de "insinuaciones malvadas" las acusaciones del PSOE, partido al que instó a que presente pruebas que avalen sus críticas.
El concejal socialista Rafael Román exhibió en el último pleno un poder notarial que faculta al primer teniente alcalde, Enrique García Agulló, a representar al promotor Enrique Arroyo como procurador, y al concejal de Urbanismo, José Loaiza, y al marido de la también edil popular Mercedes Colombo, Alfonso Pozuelo, como abogados. Enrique Arroyo fue acusado por los presidentes de las asociaciones de vecinos de los barrios de La Viña y El Mentidero, Manuel Iglesias y Francisco Gallardo, respectivamente, de ser un asustaviejas, recurrir a coacciones para desalojar viviendas con rentas antiguas y bajas, ocupadas habitualmente por personas mayores.
Sobre este caso, Zarrías afirmó ayer. "Es triste que se quiera, de alguna forma, utilizar las carencias y los problemas de los ciudadanos para especular y de alguna forma lucrase. Primero fue la Zona Franca y ahora los asustaviejas, lo que demuestra una vez más el talante y la forma de hacer política de Teófila Martínez y su equipo de gobierno en Cádiz"
Zarrías recordó que la Junta está llevando a cabo un plan de rehabilitación del casco de Cádiz que "ha significado la actuación en más de 3.000 viviendas durante este periodo". "Lo que pretendemos con ello es la no especulación", explicó.
"Frente a esta política de regeneración y dignificación de la vivienda en el centro de Cádiz", añadió Zarrías, "nos encontramos con otros que con procedimientos que distan mucho de lo que tiene que ser la normalidad, están creando la especulación como procedimiento de actuación. Teófila Martínez, que pide explicaciones por todo a todo el mundo y todos los días, debería por una vez, y esperemos que sirva de precedente, pedir explicaciones de qué es lo que está pasando ahí".
La alcaldesa salió ayer en defensa del delegado de Urbanismo, José Loaiza. Al mismo tiempo, arremetió contra el portavoz del PSOE, Rafael Román, a quien acusó de lanzar "insinuaciones veladas y malvadas". "El PSOE no puede limitarse a lanzar insinuaciones, debe aportar pruebas y para ello están a su disposición los expedientes de urbanismo", dijo Martínez en referencia a los 22 licencias de obras que obtuvo el promotor inmobiliario Enrique Arroyo en los últimos 16 meses, más que la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz.
Asimismo, Martínez recordó la existencia de un poder notarial que vincula a la abogada y concejal de PSOE, Teresa Agudo, y a otros cinco abogados con este mismo promotor inmobiliario. Este poder notarial que hizo público el PP tiene fecha del 13 de julio de 2004. Según publicó ayer Diario de Cádiz, estos letrados ignoraban completamente haber sido incluidos en ese documento.
Agudo ya anunció que estudiaba presentar una querella contra Arroyo por "falsedad ideológica". Otro de los letrados, Miguel Ángel Torres García, realizará un requerimiento al empresario e iniciará también acciones judiciales. Los seis abogados aseguraron que era la primera vez que sus nombres aparecen en un poder notarial sin su consentimiento.
En una carta al director de la prensa local, Alfonso Pozuelo negó que desde su oficina se hayan abordado asuntos tratados en la junta de gobierno local. "En el despacho de abogados que comparto desde hace años con Pepe Loaiza jamás se ha llevado nada que fuera, no ya ilegal, sino siquiera inmoral", afirmó Pozuelo. En la misiva llega a asegurar que, si algunas de las insinuaciones vertidas contra el edil de Urbanismo son ciertas, debería dimitir como político. Añade que, si no fuera así, el que debería "irse a su casa" es el portavoz socialista, Rafael Román.
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