La nueva ley crea una RTVE independiente del Ejecutivo y plural
El Consejo de Administración estará compuesto por diez miembros y será paritario
Radiotelevisión Española inició ayer el proceso hacia la independencia. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, que sustituye al Estatuto de 1980, onsiderado "insuficiente y anticuado". Con el nuevo modelo, el director general ya no será designado por el Ejecutivo, sino por un Consejo de Administración profesionalizado y nombrado por las Cortes. La nueva ley tiende a garantizar la pluralidad, neutralidad y objetividad informativa de RTVE, que dejará de ser un Ente Público y será gestionada como una sociedad anónima.
La reforma emprendida por el Gobierno aspira a que TVE deje de ser una "televisión de partido" y se convierta en un medio "independiente, plural, sostenible, desde un punto de vista financiero, desgubernamentalizada y de calidad", según expuso ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
Los principales cambios, que recogen las recomendaciones del consejo de expertos nombrado por el Gobierno en abril de 2004 (el llamado comité de sabios), afectan al régimen jurídico de RTVE, los órganos de gestión, la financiación y la programación. Tras un debate en el Consejo de Ministros, se acordó que el nuevo Consejo de Administración de RTVE sea paritario. De los 10 miembros que integrarán ese organismo, la mitad serán hombres y la otra mitad mujeres, al igual que ocurre en el seno del propio Gobierno.
- Director general. Será nombrado por mayoría absoluta del Consejo de Administración mediante un proceso "público y transparente", y entre personas cualificadas y con experiencia en la gestión. Hasta ahora, la designación del máximo responsable del Ente Público era potestad del Gobierno. Tendrá competencias para elaborar el anteproyecto de presupuesto de la compañía y diseñar la programación, pero estará sujeto a las orientaciones del Consejo de Administración.
- Consejo de Administración. Asumirá la dirección ejecutiva de la compañía y estará compuesto por 10 miembros (dos menos que ahora), con "suficiente cualificación y experiencia profesionales" (que hayan desempeñado durante al menos cinco años funciones de administración o alta dirección) o de "relevantes méritos" en el ámbito de la comunicación. Serán elegidos por dos tercios de las Cámaras. El Senado nombrará a cuatro y el Congreso a seis (dos de ellos propuestos por los sindicatos más representativos). No se exigirá que durante los seis años anteriores a su nombramiento no hayan desempeñado altos cargos en la Administración o actividades políticas. Los aspirantes deberán comparecer en audiencia pública para que las Cortes puedan conocer su idoneidad. El mandato será de seis años y se renovará parcialmente por mitades (cinco consejeros) cada tres años. Serán responsables de la gestión de la compañía, tendrán dedicación exclusiva y podrán ser destituidos si no cumplen los objetivos presupuestarios.
- Corporación RTVE. El Ente Público RTVE pasará a denominarse Corporación RTVE, una sociedad anónima con capital íntegramente del Estado y compuesta por sociedades mercantiles: TVE y RNE. Sus estatutos serán aprobados por el Consejo de Ministros y se inscribirán en el Registro Mercantil. La Corporación elaborará las directrices estratégicas del grupo, podrá crear fundaciones para llevar a cabo sus funciones, pero no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos, que serán siempre de producción propia. Hasta que se configure la Corporación, se creará un Consejo de Liquidación del Ente Público, de cinco miembros nombrados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo al que está adscrita RTVE desde 2001.
- Programación. Tanto la producción como la programación de TVE y de RNE se ajustará a su función de servicio público y vendrán determinadas por un contrato-programa. Se preservará la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad. Los contenidos atenderán especialmente a los colectivos sociales que requieran una atención específica, como es el caso de la infancia y la juventud. Durante las campañas electorales
se aplicará la legislación electoral. El Gobierno podrá obligar a difundir declaraciones y comunicaciones de interés público.
- Publicidad. El contrato programa con el Estado podrá recoger restricciones a la emisión de publicidad respecto a las cadenas privadas (12 minutos por hora).
- Consejo asesor. Diseñado como un órgano de participación de la sociedad en la Corporación RTVE, estará integrado por 13 miembros designados por el Consejo Económico y Social, el Instituto de la Mujer, el Consejo de la Juventud y el Consejo General de Inmigración. También estarán representadas las asociaciones de consumidores, anunciantes, discapacitados y periodísticas. Se convocará al menos una vez al trimestre.
- Consejo de informativos. Son los órganos de representación de los profesionales de la Corporación de RTVE. Su misión será velar por la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos. Promoverán la independencia editorial y participarán en la elaboración de los libros de estilo.
El cambio en el modelo financiero limita la posibilidad de endeudarse
Uno de los cambios más radicales en RTVE afectará al modelo de financiación. Hasta ahora, la compañía ha obtenido recursos a través de tres fuentes: subvención, ingresos publicitarios y endeudamiento. Atendiendo a las exigencias de la Unión Europea, RTVE no podrá recurrir al aval ilimitado del Estado y tendrá prohibido generar deuda. A final de año, el acumulado se situará en 7.561,7 millones de euros. RTVE solo podrá recurrir al endeudamiento para la financiación de sus inversiones en inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería.
A través de los Presupuestos Generales del Estado, RTVE recibirá una subvención suficiente para hacer frente a las obligaciones del servicio público. Serán alrededor de 600 millones de euros, una cifra sustancialmente más elevada de la que ha recibido en los últimos años (alrededor de 80 millones de euros por ejercicio).
Las Cortes aprobarán mandatos-marcos de nueve años de duración para definir el servicio público que desempeñará la radio y la televisión estatal. Dentro de estas líneas generales, el Gobierno y la Corporación RTVE suscribirán un contrato-programa trienal detallando sus objetivos y las aportaciones a cargo del Estado.
El Consejo de Medios Audiovisuales emitirá un informe sobre proyecto del contrato-programa, que deberá ser presentado a las Cortes. La subvención que corresponda a TVE y RNE se presentará cada año de forma separada, estará sometidas a las normas de la contabilidad analítica y no superará el coste neto del servicio público de cada ejercicio presupuestario.
El proyecto de ley no especifica la aportación del Estado, aunque el Ejecutivo estima que cubrirá en torno al 40-45% del presupuesto. Un porcentaje similar procederá de la publicidad y alrededor de un 10% de la comercialización de programas.
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