El Estatuto divide al Gobierno catalán

El Estatuto catalán superó el pasado viernes el listón de la comisión parlamentaria, evidenciando al tiempo la división entre los partidos que dan su apoyo al Gobierno de la Generalitat. Más allá de la constitucionalidad del texto aprobado -hay interpretaciones para todos los gustos sobre la invocación de los "derechos históricos"-, la política partidista en su acepción literal ha contaminado más de lo esperado el debate sobre este dictamen de proposición de ley que el próximo mes de septiembre llegará al pleno de la Cámara catalana tras un accidentado y sorprendente recorrido.

El hecho de que Convergència i Unió (CiU) votara con Esquerra Republicana (ERC) -el partido que dio la presidencia de la Generalitat a los socialistas catalanes- y se incorporara al texto estatutario el blindaje de competencias y de la financiación en base a los "derechos históricos" ha abierto una vía de agua en el parcheado barco del tripartito catalán. En los camarotes que comparten el Partit dels Socialistes (PSC), los republicanos y los ecosocialistas de Iniciativa (ICV-EUiA), se han conjurado para no pronunciar en público la palabra crisis, pero nadie pierde de vista los botes salvavidas.

El aspecto triunfal del líder de la oposición, el convergente Artur Mas, era anteayer la imagen elocuente de esa división. CiU y Esquerra habían recompuesto una maltrecha relación. Y eso, cuando menos, crea expectativas en la oposición. Así, mientras los convergentes aguardan, ansiosos, el naufragio del Ejecutivo tripartito, el Partido Popular de Josep Piqué, desde su modesto rincón político catalán, se frota las manos a la espera de que el hundimiento cause daños algo más que colaterales al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"La situación es peor que en el anterior trámite de ponencia; allí por lo menos todos los del tripartito votamos juntos", asegura un consejero del Gobierno catalán. El presidente Pasqual Maragall, en las diversas reuniones que mantuvo esta semana con dirigentes de todos los partidos catalanes, tuvo que enfatizar en pedir la sustitución del tacticismo partidista por la generosidad del pacto ante el Estatuto.

Miedo a las encuestas

Pero la tozuda realidad se acabó imponiendo sobre el ideal consenso el pasado viernes. El frentismo nacionalista que la propia Esquerra había desterrado -al preferir en noviembre de 2004 un Ejecutivo de izquierdas antes que un Gobierno con CiU- resucitó en el trámite de comisión parlamentaria. Desde el PSC, el diagnóstico es claro: "Han cometido una deslealtad, porque se han dejado arrastrar por el ambiente mediático nacionalista, por el miedo de que parte de su electorado se vaya a CiU y porque han visto que las encuestas no les eran propicias", asegura un alto dirigente socialista. Y añade: "Hay gente en Madrid, como el ministro [Jordi] Sevilla, que debe de estar frotándose las manos al ver la estupidez de pedir el traspaso de los aeropuertos en base a unos derechos históricos forales". Así que anteayer, los socialistas votaron contra el bloque de competencias, porque están "en contra de la lógica de los derechos forales, que es distinta de la constitucional", apunta la misma fuente.

Desde el PSC se opina que el nivel de discrepancia entre las fuerzas políticas del tripartito ha sido "superior al exigible y, si la cosa no sale bien, el beneficiario es CiU, que es quien durante 23 años ha defendido que no merecía la pena iniciar una reforma".

Esquerra tiene en sus manos la doble llave: puede dar mayoría absoluta a los socialistas o a los convergentes. Los republicanos aseguran que su objetivo era atraer a CiU al terreno estatutario y que éste fue uno de los compromisos que adquirió el presidente del partido, Josep Lluís Carod Rovira, tras la reunión que mantuvo el pasado 15 de julio con el presidente Rodríguez Zapatero, sostienen los republicanos. De hecho, tras ese encuentro se desactivó la pretensión del presidente de la Generalitat de dar un ultimátum a CiU para que se sumara al consenso estatutario, tal como quería Maragall y así se lo hizo saber a Carod y al consejero ecosocialista Joan Saura en la reunión que los líderes del tripartito mantuvieron el 14 de julio, indican fuentes republicanas.

La realidad ha mostrado lo complejo que es arropar bajo el mismo consenso estatutario a PSC y a CiU. Y sin embargo están condenados a entenderse: ambos son imprescindibles para aprobar por la mayoría exigida de dos tercios (90 diputados) el proyecto de reforma. CiU cuenta con 46 diputados, el PSC con 42, ERC con 23, el PP con 15 e ICV-EUiA con nueve.

En el primer trámite parlamentario -cuando el texto de reforma fue aprobado en ponencia el pasado 8 de julio-, los republicanos se decantaron por la izquierda y fue aprobado el proyecto del tripartito (74 diputados). El pasado viernes, en el trámite de comisión, ERC votó con los convergentes (69 parlamentarios).

Los socialistas, que han redoblado esfuerzos para encajar el texto dentro del marco constitucional, hablan de "deslealtad" de ERC, pero desde la trinchera republicana se replica. "Dos días antes de que se celebrara la cumbre conocida como Miravet II [el 11 de junio pasado], entre el presidente Maragall y los jefes de filas de todos los partidos políticos, el PSC ya nos presentó sin pretender consensuarlo un documento sobre compactación de competencias que pretendía imponer unilateralmente su visión", alega un dirigente de Esquerra.

Tras la cumbre que acabó sin foto ni declaración final, el PSC presentó sin pacto previo 30 enmiendas al texto de la ponencia, que fueron duramente criticadas por sus dos socios, Esquerra e Iniciativa. "Ya fuimos a la baja en la financiación, y no vamos a bajar del burro en las competencias", añade ERC. "El sistema de blindaje de los derechos históricos es tan constitucional como cualquier otro", asegura su portavoz, Joan Ridao.

Recuperar la cohesión

"El PSC no está acostumbrado a perder", manifiesta la cúpula de Esquerra, satisfecha de haber convertido a los republicanos en árbitro político. No obstante, minimiza la importancia de la fractura: "Cuando se debatió la Constitución española, la repercusión fue mucho menor porque había muchos menos medios y la situación no estaba tan polarizada". Los republicanos confían en que las heridas cicatricen en el trámite de pleno, y niegan la crisis en el Gobierno catalán. Este diagnóstico optimista sobre el Ejecutivo autónomo —que en sus dos años de vida ha acreditado sobre todo un notable instinto de supervivencia— es compartido por el líder de Iniciativa y consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura. Sin embargo, Saura insiste en que "es necesario que el tripartito recupere su cohesión", al tiempo que critica la forma en que se ha planteado la reivindicación de los "derechos históricos".

Pero donde el Gobierno catalán ve heridas superficiales— tanto Maragall, como Carod y Saura negaron ayer la existencia de crisis—, la oposición observa los síntomas de una incipiente y dramática crisis política. La solución llegará en septiembre.