La familia del brasileño pide justicia en una concentración ante la casa de Blair
Los británicos apoyan las medidas del Gobierno contra el terrorismo, según una encuesta
Alessandro Pereira, primo de Jean Charles de Menezes, el brasileño muerto hace un mes en Londres a manos de la policía, entregó ayer, secundado por 150 manifestantes, un escrito en la residencia oficial del primer ministro, Tony Blair, en el número 10 de Downing Street. "Estamos hartos de oír cada vez más mentiras, sólo pedimos justicia", rezaba la carta. Antes de que los manifestantes se concentraran ante la casa de Blair, dos oficiales de justicia de Brasil se reunieron con las máximas autoridades de Scotland Yard.
Con motivo de los 30 días tras la muerte de Jean Charles, la familia De Menezes y los miembros de la campaña orquestada en Londres para sufragar los gastos en abogados convocaron una concentración frente a Downing Street para solicitar la destitución del jefe de Scotland Yard, Ian Blair, y una investigación pública del caso. En una tarde de lluvia, acudieron a la cita unas 200 personas, 50 de las cuales eran periodistas. "Queremos saber qué ha pasado con las imágenes del circuito cerrado", se leía en la pancarta que llevaba el brasileño Rafael Lanz, de 32 años. "La policía ha dicho que no hay imágenes de Jean Charles en la plataforma, que las cámaras del metro no la captaron. Qué curioso, ¿no? Estaba toda la ciudad en máxima alerta y qué raro que no hubiese cámaras grabando".
Muchas de las pancartas pedían ayer la dimisión de Ian Blair y protestaban contra la guerra de Irak. Pero el primer ministro expresó el domingo su respaldo hacia el comisario jefe de Scotland Yard.
Antes de que los manifestantes se concentraran ante la sede del primer ministro, dos oficiales de justicia de Brasil se reunieron ayer con las máximas autoridades de Scotland Yard, quienes les expresaron las razones por las que un representante de la policía viajó hacia la residencia de los padres de Jean Charles de Menezes, en Brasil. "Sólo queríamos expresarles personalmente nuestras disculpas y ofrecerles 15.000 libras (22.000 euros) para correr con los gastos del funeral", indicó Scotland Yard en un comunicado. El comisario jefe, Ian Blair, dijo a los dos oficiales que "sería inapropiado" por su parte hablar de los pormenores de la investigación.
Por otra parte, una encuesta de mil entrevistas telefónicas publicada ayer por el diario The Guardian revela que casi tres de cada cuatro británicos renunciarían a ciertas libertades civiles para conseguir mayor seguridad en la lucha contra el terrorismo. El anuncio de las 12 medidas que pretende desarrollar el Gobierno de Tony Blair en los próximos meses suscitó las protestas de numerosas asociaciones musulmanas y grupos de libertades civiles.
Entre las medidas de Blair se preveía la ilegalización del grupo musulmán Hizb ut-Tahrir, que condenó públicamente los atentados del 7 de julio. El portavoz de este grupo en Reino Unido, Inram Waheed, un psiquiatra de 29 años nacido en la ciudad británica de Birmingham, parafraseó a Benjamin Franklin tras el anuncio de Blair: "Cualquiera que pretenda mejorar la seguridad a costa de la libertad, perderá las dos".
Sin embargo, en la encuesta se revela que el 72% de los votantes laboristas está dispuesto a sacrificar sus libertades; los liberales, en menor medida (70%), y los conservadores del partido tory lo harían en un 79%. Y en cuanto a ilegalizar grupos radicales no violentos como Hizb ut-Tahir, el 45% se mostró a favor y el 31% en contra. El diario The Guardian, que se ha mostrado en todo momento contrario a las propuestas de Blair, aclara que la encuesta se elaboró antes de que la sociedad británica conociera el contenido de los documentos secretos que contradicen la versión oficial dada por Scotland Yard sobre la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes.
No obstante, sobre un tema que ha despertado polémica en la prensa como es el de las deportaciones de radicales musulmanes a sus países de origen, los británicos parecen tenerlo muy claro. Cuando se les pregunta si están de acuerdo con devolver a estos ciudadanos a "países donde se practica la tortura", el 62% de los encuestados se muestra a favor y sólo el 19% se opone.
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