El momento de la verdad del presidente

El entonces vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunieron a almorzar en secreto, por vez primera, el 30 de julio de 2003, en el restaurante Jockey de Madrid. A Rajoy le faltaba tan sólo un mes para ser designado candidato del PP a La Moncloa por José María Aznar y Zapatero afrontaba preocupado la crisis de su partido en Madrid, tras la estampida de Eduardo Tamayo y Teresa Sáenz que echó por tierra el Gobierno que iba a presidir Rafael Simancas.

Pero no hablaron de esa cuestión. Rajoy, convencido de que a partir de marzo iba a ser presidente de Gobierno, pidió a Zapatero colaboración para afrontar juntos el plan Ibarretxe, que el lehendakari iba a materializar en septiembre. Zapatero le garantizó su rechazo al plan, como le proponía Rajoy. Pero también le adelantó que no iba a limitarse al rechazo, pues quería presentar una alternativa: la reforma del Estatuto de Gernika. Fue la primera discrepancia y no la más importante.

El encuentro entre Zapatero y Rajoy, inédito desde el 14 de enero, es un reto en sí mismo para ambos. En sus tres reuniones anteriores no han acordado nada

Zapatero ha querido situar como prioridad el problema de mayor envergadura social que tienen las comunidades autónomas: el agujero de la sanidad

Mañana lunes, el Consejo Consultivo de la Generalitat se pronunciará sobre la constitucionalidad o no del texto de reforma del Estatuto de Cataluña

El apoyo que el Gobierno logró el año pasado a sus Presupuestos de IU, ERC, CHA y Coalición Canaria pretende extenderlo este año al BNG y al PNV

El Gobierno de Zapatero sitúa el posible horizonte de la pacificación, del final del terrorismo de ETA, en las elecciones municipales de la primavera de 2007

A continuación, Rajoy preguntó a Zapatero por la propuesta de reforma de los estatutos de autonomía, promovida por el entones candidato a la Generalitat, Pasqual Maragall, y el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y que el entonces secretario general del PSOE había anunciado que aprobaría en una conferencia del partido convocada para el final del verano.

Rajoy reclamó a Zapatero que las reformas de los estatutos se pactaran entre los dos principales partidos nacionales, el PP y el PSOE, como sucedió en 1992. Zapatero le replicó que las reformas de 1992 sólo afectaban a comunidades gobernadas por populares y socialistas. Pero que, en esta ocasión, al afectar a comunidades gobernadas por nacionalistas, era necesario contar con estos partidos.

El almuerzo del Jockey terminó como el rosario de la aurora y desde entonces, Rajoy y Zapatero, en sus encuentros posteriores -24 de mayo y 7 de septiembre de 2004 y el 14 de enero de 2005 en La Moncloa-, con el secretario general del PSOE investido como presidente del Gobierno, no han hecho otra cosa que retomar la misma conversación sin terminar de acordar nada.

Más bien al contrario, sus relaciones se han complicado aún más porque en la estrategia compartida contra ETA, Zapatero se sitúa, con cautela, pero cada vez más, en la clave de la etapa terminal de la banda terrorista y Rajoy no se mueve de la línea diseñada, con los socialistas en 2000, en plena ofensiva etarra.

Todos los vaticinios que apuntaban, cuando Rajoy fue designado candidato del PP para La Moncloa, que su entendimiento con Zapatero iba a ser un hecho por el buen talante de ambos y por su antigua complicidad -Zapatero, además de compartir raíces y amistades juveniles leonesas con Rajoy, fue el primer político que interpeló en 1996 al entonces novel ministro del PP y que marcó como opositor en esa etapa- se han estrellado contra el muro de la dura realidad que para el PP fue su inesperada pérdida de las elecciones de marzo de 2004.

Rajoy está muy condicionado por su entorno, tras su derrota del 14-M, y se ha fijado como prioridad el cierre de filas de su partido con un discurso de confrontación total contra el Gobierno de Zapatero, anegando incluso los terrenos salvaguardados por los pactos de Estado, y con frecuentes ribetes catastrofistas, para salvar la desmoralización interna del PP.

Por ello, sus promesas de renovación del discurso, anunciadas el lunes, 29 de agosto, en su primera intervención pública tras las vacaciones, son acogidas con escepticismo por el entorno de Zapatero. Del mismo modo que el de Rajoy cree que Zapatero está atado y no tiene margen de maniobra por sus pactos con los nacionalistas para comprometerse con el PP en pactos de Estado.

De ahí que ni Zapatero ni Rajoy esperen gran cosa del encuentro que celebrarán mañana, lunes, en La Moncloa, aunque el presidente del Gobierno se consuela, en su caso, con el cumplimiento de un compromiso electoral: informar al líder de la oposición de sus planes en política de Estado, lo que no hace desde el 14 de enero.

No obstante, la reunión es importante porque inaugura el curso pues Zapatero y Rajoy van a poner sobre la mesa de la reunión todos los temas decisivos de este momento político, que va a ser el de la verdad del Ejecutivo socialista, surgido de las elecciones del 14 de marzo de 2004: la conferencia de presidentes, que el 10 de septiembre abordará el problema más grave de las autonomías, el déficit sanitario; la reforma de los estatutos de autonomía, con el debate sobre la admisión a trámite en el Congreso del Estatuto valenciano, el 13 de septiembre, con el que se inicia la cadena de reformas estatutarias, que tiene en el de Cataluña la piedra de toque del proceso; el terrorismo y la estrategia ante el proceso terminal de ETA, y la política exterior.

Conferencia de presidentes

La segunda conferencia de presidentes autonómicos, convocada el 10 de septiembre en el Senado para afrontar el déficit sanitario, es la primera cita crucial de Zapatero en este curso. El presidente ha querido situar como prioridad, en el calendario del debate territorial, el problema de mayor envergadura social que tienen las comunidades autónomas, el agujero de la sanidad, tal y como le han confirmado los presidentes autonómicos en la doble ronda de conversaciones que ha mantenido con ellos en 2004 y 2005 en La Moncloa.

La gravedad del problema en las comunidades autónomas, sobre todo en las más pobladas -algunas de ellas gobernadas por el PP, como Madrid y la Comunidad Valenciana-, garantiza de antemano a Zapatero el éxito de la convocatoria.

Otra cosa será el desenlace de la conferencia. Todo apunta a que la propuesta del Gobierno de Zapatero -aumentar la capacidad de las comunidades para subir los impuestos para afrontar el gasto sanitario y subvencionar con 2.000 millones iniciales, a partes iguales entre Administración central y autonomías, una parte del déficit acumulado- va a contar en la conferencia con las críticas de las seis comunidades gobernadas por el PP -Madrid, Valencia, Baleares, La Rioja, Navarra y Castilla y León-, además de Ceuta y Melilla.

Del mismo modo que la estrategia política de la dirección del PP de Rajoy consiste en impedir el éxito de la convocatoria de Zapatero, el Gobierno socialista cuenta con que, posteriormente, las comunidades, incluidas las gobernadas por el partido de Rajoy, intentarán llegar a acuerdos con él por la vía del diálogo bilateral para paliar sus déficits sanitarios.

Reforma de los estatutos

La reforma de los estatutos de autonomía, particularmente el de Cataluña, es el reto más difícil que afronta Zapatero y en el que el PP tiene más esperanzas en que tropiece. También le espera otro desafío complicado, con la reforma de la Ley de Educación, dónde a la dura oposición que anuncia el PP se une la Conferencia Episcopal, que ya ha anunciado movilizaciones callejeras.

Mañana el Consejo Consultivo de la Generalitat se pronunciará sobre la constitucionalidad texto de la reforma del Estatuto de Cataluña. Por lo que se conoce del dictamen, los aspectos más duros del texto -como los derechos históricos como fuente de competencias- serán declarados inconstitucionales. A partir de ahí se reabrirán las negociaciones de los partidos catalanes para tratar de pactar el proyecto de la reforma que, de haber acuerdo, lo votará el Parlamento de la comunidad a fines de septiembre o primeros de octubre.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se están situando en la hipótesis de que el Parlamento de Cataluña aprobará un Estatuto que tendrá una tramitación "larga y complicada" en las Cortes. Una hipótesis que toma cuerpo, en la medida en que el dictamen del Consejo Consultivo declarará inconstitucionales los aspectos más duros del proyecto y dejará abiertos otros.

A su vez, el primer secretario del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), el también ministro de Industria y Comercio, José Montilla, se ha comprometido con Zapatero a que "sólo habrá Estatuto en Cataluña si es constitucional".

CiU se sitúa en el pesimismo sobre la viabilidad del Estatuto. "No veo a ERC bajando el listón de sus propuestas sobre el blindaje de competencias o sobre el sistema de financiación autonómica", dice Manel Silva, de CiU.

ERC e IU-IV, socios del PSC en el Gobierno de la Generalitat, sin embargo, ven viable la reforma del Estatuto. Joan Puigcercós, portavoz de ERC en el Congreso, cree que la batalla en la que se decidirá si hay Estatuto estará en la financiación autonómica".

El PP ve cada vez más difícil que lo haya. Josep Piqué, su presidente en Cataluña, advierte de que "igual en el PP no tenemos el mismo concepto de constitucionalidad que el Consejo Consultivo de la Generalitat -que se pronuncia el lunes sobre su constitucionalidad-, pues el proyecto de Estatuto puede terminar siendo asumible en su modelo territorial, pero reflejar un modelo social que no aceptamos". Piqué estima que "más que una reforma, lo que se está haciendo es un hiperestatuto, que pretende regularlo todo".

En todo caso, si el proyecto de la reforma fracasara, no sería lo mismo que lo fuera en Cataluña que en las Cortes Generales. En el primer caso, la responsabilidad recaería en los partidos catalanes, y en el segundo, en el Gobierno de Zapatero.

Si fracasa en Cataluña, Silva, de CiU, y Piqué, del PP, vaticinan una crisis del Gobierno tripartito de la Generalitat, que encabeza el socialista Pasqual Maragall. Pero tanto el PSC como ERC, ante esta hipótesis, ya están preparando sus baterías para responsabilizar a CiU del fracaso.

Para salvar la segunda hipótesis, la llegada de Cataluña a las Cortes Generales de un texto inasimilable, el primer secretario del PSC, José Montilla, se ha convertido en garante ante Zapatero y el PSOE. Pero cuando se le pregunta qué posibilidades hay, por tanto, de que haya Estatuto, lo sitúa en un "mitad-mitad".

A su vez, Piqué observa nerviosismo en las filas del PSOE por el temor de que llegue a las Cortes "un Estatuto no digerible" que "crearía serios problemas a Zapatero". En ese contexto interpreta las advertencias que el dirigente del PSOE, José Blanco, ha dirigido a Maragall al inicio del curso.

En tal caso, Piqué precisa la responsabilidad de Zapatero en su compromiso, durante las elecciones catalanas de 2003, de asumir el proyecto de reforma que aprobase el Parlamento catalán sin retocarlo. Desde el Gobierno socialista empiezan a preparar su respuesta ante este posible debate. Precisan que Zapatero se refería a la reforma de cuestiones internas del autogobierno catalán, pero no a las que invadieran competencias del Estado. De ahí que haya exigido, desde que se abrió el proceso de reformas estatutarias, que los textos, para contar con la aprobación del Ejecutivo socialista, debían ajustarse a la Constitución.

Lo que sí parecen garantizar tanto el PSOE como Puigcercós, por ERC, y Llamazares, por IU, como socios del Gobierno de Zapatero, es el papel de cortafuegos, de modo que un hipotético fracaso del Estatuto catalán no salpique a sus apoyos al Gobierno socialista en las Cortes Generales.

Presupuestos

En este sentido, el Gobierno de Zapatero da por asegurados los apoyos de sus socios -ERC e IU-IV- a los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo cuenta también con el favor del calendario. Los Presupuestos los negociará con los socios parlamentarios en septiembre y se votarán en las Cortes a finales de diciembre.

Si el Parlamento de Cataluña vota la reforma del Estatuto a fines de septiembre o primeros de octubre, para cuando se debata su admisión a trámite en las Cortes españolas será febrero o marzo, dos o tres meses después de la votación de los Presupuestos. El procedimiento lo marca la reforma del Estatuto valenciano, aprobado el 2 de julio en el Parlamento autonómico y cuya votación para la admisión a trámite se producirá en las Cortes a mediados de septiembre, dos meses y medio después.

Además, el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, destaca cómo "los Presupuestos de 2006 se van a beneficiar del crecimiento de la economía". "Las partidas de investigación, educación, sanidad, vivienda y pensiones van a crecer sustancialmente, lo que va a dotar a los Presupuestos de fuerte contenido social y les va a garantizar un amplio apoyo", precisa. También éste es el curso en el que Zapatero pretende lanzar su proyecto estrella de la legislatura en materia social: la Ley de Dependencia, que afrontará los problemas de los ancianos y las personas dependientes.

El apoyo que el Gobierno de Zapatero logró el año pasado a sus Presupuestos de IU, ERC, CHA y Coalición Canaria pretende extenderlo este año al BNG y al PNV. En el caso del BNG lo tiene relativamente fácil, tras la participación de este partido con el PSOE, tras las elecciones de junio, en la Xunta de Galicia.

En cuanto al PNV, Josu Erkoreka, su portavoz en el Congreso, está dispuesto a negociar ese apoyo, aunque plantea una cuestión previa: la resolución del contencioso sobre el Cupo vasco y de los gastos derivados de la catástrofe del Prestige que mantienen los Gobiernos central y vasco.

Este asunto se zanjará, previsiblemente, en la reunión que el 7 de septiembre mantendrán el presidente Zapatero y el lehendakari Ibarretxe. También pretende el PNV que el Ejecutivo central aumente las inversiones en Euskadi, así como "el logro de una sintonía entre los Presupuestos del Estado y el vasco".

El PNV, dispuesto a apoyar al Gobierno socialista en sus Presupuestos, pretende, como contrapartida, que el PSE ayude al Gobierno de Ibarretxe, en minoría en el Parlamento vasco. Esta situación puede generar tensiones entre el PSOE y el PSE porque el partido de Patxi López pretende hacer oposición dura a Ibarretxe.

Pacificación de Euskadi

Pero Zapatero e Ibarretxe tienen pendientes otros dos temas claves: la pacificación y la normalización de Euskadi. En el primer caso, el Gobierno vasco ha cedido el protagonismo a Zapatero, que, como presidente del Ejecutivo central, tiene en sus manos instrumentos básicos en un hipotético proceso de paz, como el control de las cárceles, donde se encuentran más de 800 presos de ETA.

El Gobierno contempla con una mezcla de cautela y esperanza las posibilidades de un proceso de paz, una vez que ha constatado que ETA lleva 27 meses sin cometer asesinatos, y este verano, la banda prácticamente no ha realizado su tradicional campaña de atentados de verano. Paralelamente, la ilegalizada Batasuna va emergiendo, sustituyendo de forma progresiva a ETA.

Desde el Gobierno socialista se va percibiendo cómo la ilegalizada Batasuna va cumpliendo el compromiso que hizo público en la Asamblea de Anoeta (Guipúzcoa) de noviembre de 2004, donde proclamó la sustitución progresiva de la vía armada por la política para encarar el llamado "conflicto vasco". También parece funcionar el tándem entre ETA y Batasuna, entre Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, y Arnaldo Otegi, en la orientación de este proceso. Algo que no sucedió ni en las conversaciones de Argel, de 1989, celebradas en tiempos de Felipe González, ni en las de Suiza, de 1999, con José María Aznar al frente del Gobierno.

El contexto internacional está contribuyendo sin duda a animar esa progresiva sustitución de la violencia por la política en el mundo de la izquierda abertzale. La irrupción del terrorismo internacional ha eclipsado los terrorismos locales, y el abandono definitivo de las armas por el IRA irlandés, en el que tanto se ha mirado ETA desde el origen de su historia, el 28 de julio pasado, es un factor que también cuenta para animar el final del terrorismo vasco.

El Gobierno de Zapatero sitúa el posible horizonte de la pacificación, del final del terrorismo de ETA, en las elecciones municipales de 2007, que son los comicios en los que Batasuna quiere concurrir como partido legalizado. Pero para ello o condena la violencia o tiene que lograr que ésta desaparezca. El Gobierno de Zapatero va a jugar fuerte la carta de exigir el cese del terrorismo como condición para que Batasuna sea legalizada. Mientras, Batasuna trata de ocupar el espacio político, en la calle y ante los medios de comunicación, en un intento de retar al Estado y prepararse ante un posible proceso de paz.

Si a Zapatero le corresponderá protagonizar el proceso de paz en el supuesto de que, en un momento determinado, ETA anuncie el cese de la violencia, a Ibarretxe le corresponderá, como lehendakari, dirigir el proceso de normalización de Euskadi, que conllevará la reforma del Estatuto de Gernika, y que pretende encauzar a través de una mesa de partidos.

La formación de la mesa de partidos será lenta, pues el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha condicionado la participación de Batasuna en el proceso a que cese definitivamente la violencia etarra. Esta posición le ha originado tensiones con el sector más radical de su partido, el que encabeza Joseba Egibar, que no quiere que se imponga esa condición.

La lucha por la dirección estratégica en el PNV es otra de las claves de este curso político. Imaz defiende, de forma cada vez más explícita, un proyecto de sociedad plural en Euskadi, que le gustaría traducir en una futura colaboración entre nacionalistas y socialistas. Egibar está en el inmovilismo del pacto entre nacionalistas, que tuvo su esplendor con el acuerdo de Lizarra en septiembre de 1998.

En todo caso, todo apunta en Euskadi a que ambos procesos, el de pacificación y el de normalización, pueden ir confluyendo en el tiempo y marcar una parte sustancial de la agenda del curso.