Alboraia proyecta expropiar 400.000 metros cuadrados de huerta para sus planes urbanísticos

Alboraia (L'Horta Nord) proyecta expropiar a los propietarios de 400.000 metros cuadrados de huerta para impulsar una operación urbanística que contempla la construcción de viviendas de lujo u hoteles en una pastilla de suelo frente al mar. El proyecto pasa por trasladar las superficies comerciales que ahora descansan en esta última parcela, junto a Port Saplaya, a la huerta expropiada, ahora suelo no urbanizable de especial protección. Las cerca de 90 familias de agricultores que viven del cultivo de esta tierra se oponen al plan, que afecta al 10% de la huerta de Alboraia.

El PP justifica la expropiación forzosa en el interés público de la operación

Los propietarios de las hanegadas afectadas han formado una asociación, Salvem L'Horta Alboraia, para defender sus intereses y tratar de frenar las intenciones del municipio, cuyo alcalde es Manuel Álvaro, del Partido Popular, el principal impulsor del plan. Éste, de aprobarse, lo desarrollaría una sociedad mixta formada por una constructora pública y otra privada.

"Nosotros", afirma José Alonso, presidente de Salvem L'Horta, "estamos totalmente en contra del proyecto, que conocimos por la prensa. Esta tierra es productiva al 100%. Se cultiva chufa, cebolla, patata y coliflor. Es el modo de vida de casi 90 familias. La mayoría vive, además, en las alquerías de la zona. Hay lavaderos de chufa, secaderos... No hay más que ver la actividad existente. Aquí hay varias generaciones de agricultores".

El alcalde de Alboraia sostiene que el proyecto es una "oportunidad" de crecimiento para el municipio. "Los centros comerciales frente al mar no es la mejor de las fachadas", afirma; "Es simplemente un proyecto, todavía no se ha tramitado nada". Álvaro añade que la huerta afectada por la operación está ya "castigada" por las "infraestructuras".

José Alonso disiente: "Se habla de que el acceso norte al puerto de Valencia podría pasar por aquí; y también de que el ensanchamiento de la vía de entrada a la ciudad afectaría a esta parcela. Pero son todo rumores".

La viabilidad del proyecto pasa por la expropiación forzosa de las tierras de los agricultores, medida que, según marca la ley, sólo se justifica en el interés público.

"¿A qué llamamos bien público?", se pregunta José Alonso; "¿en el traslado de un centro comercial a una tierra productiva durante todo el año? Ninguno de los proyectos generará beneficio alguno a los vecinos de Alboraia. La superficie comercial tan sólo provocará mucha más masificación, tráfico de vehículos, congestión de los servicios e incomodidades. Además, ¿cuántos vecinos de Alboraia podrán optar a las viviendas de lujo proyectadas?".

Josep Esteve, portavoz de Per l'Horta, advierte: "Si destruimos la huerta de Alboraia, adiós. Hace cinco años propusimos una moratoria urbanística para estudiar qué modelo de población queríamos y el entonces consejero, García Antón, nos contestó: 'Dejarnos trabajar'".

Manuel Álvaro, mientras tanto, afirma que el proyecto está por definir: "Estamos abiertos a propuestas. No sabemos todavía si se construirán viviendas u hoteles. Está por ver y estudiar". En caso de levantar viviendas, el ayuntamiento descarta la VPO, por lo que tendría que enajenar la parcela que ahora ocupan las superficies comerciales Alcampo, Leroy Merlin y Norauto.

Salvem l'Horta se apoya en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para denunciar las "irregularidades" del proyecto: "La destrucción de la huerta de las partidas de Vera y Calvet, calificada como suelo no urbanizable de especial protección, se hace con un fin poco loable a los intereses públicos municipales a los que se debe la corporación municipal. El ayuntamiento estudia enriquecerse con un socio privado a costa de arrasar la huerta de Alboraia y pisotear los derechos de los propietarios. Así pues, cualquier intento por parte de las autoridades municipales de reclasificar dicho suelo para posibilitar el desarrollo urbanístico del mismo atentaría contra los dispuesto en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje".

José Dolç, vicepresidente de Salvem l'Horta, abunda en las críticas al plan: "Si no se pretenden crear dotaciones públicas ni promover suelo urbanizado para atender demanda social alguna ni, menos todavía, construir viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, ¿dónde están los fines públicos en la presente actuación?".