La Junta permitirá en La Axarquía ciertas viviendas aisladas en suelo rústico

Los alcaldes de la comarca malagueña de La Axarquía y la Consejería de Obras Públicas han conseguido alcanzar un acuerdo sobre la regularización de las aproximadamente 9.000 viviendas diseminadas que se alzan sobre suelo no urbanizable en la zona, y las condiciones en que se permitirán nuevas casas aisladas siempre que no supongan la consolidación de nuevos núcleos de población y que los propietarios costeen los servicios básicos.

Los alcaldes han conseguido así su propósito de que la comarca tenga un tratamiento algo especial en la aplicación del precepto de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que prohíbe cualquier tipo de vivienda en suelo no urbanizable rural que no esté vinculada a los usos agrario, ganadero o forestal y siempre que dispongan de una parcela mínima de 25.000 metros cuadrados.

El precepto dejaba así en situación de ilegalidad a unas 9.000 viviendas diseminadas que la Junta calcula que existen en la comarca. Y es que en los últimos años, con la pérdida de la capacidad agrícola de la zona, se han reconvertido en viviendas muchas construcciones tradicionales agrarias, desde cortijos hasta secaderos de pasa, fenómeno fomentado además por una creciente demanda, especialmente de ciudadanos extranjeros. La consecuencia ha sido un cierto desorden -un buen número de los 31 municipios de la comarca carecen hasta ahora de normas urbanísticas- tanto en el crecimiento urbanístico como en las infraestructuras de estas viviendas.

Inicialmente, el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía no planteó ninguna alternativa a estas viviendas más que el cumplimiento de la ley, lo que en octubre de 2003 llevó a los alcaldes a rechazar el documento elaborado por la Junta. Hasta 28 de los 31 alcaldes, la mayoría de ellos socialistas, pidieron a la Junta que hiciera una excepción y que permitiera estas construcciones, dadas las características especiales de la comarca y que este desarrollo inmobiliario se había convertido en una interesante alternativa de desarrollo económico.

El acuerdo alcanzado después de que la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, se entrevistara con los alcaldes durante un recorrido de tres días por la zona, establece una serie de condiciones para la legalización de las viviendas, aunque no todas, ya que aproximadamente el 15% de las mismas no podrán cumplirlas y quedarán por tanto fuera de ordenación.

Las viviendas que se legalicen deberán llevar en compensación una serie de actuaciones de reforestación o acondicionamiento paisajístico, lo que permite una vinculación a la condición de forestal que exige la ley. Para ello deberán introducirse especies autóctonas, mayoritariamente olivos y almendros.

Además, deberán tener garantizado los servicios básicos de abastecimiento de energía eléctrica y agua, y de saneamiento y de recogida de basura que serán costeados por los propietarios y no por las arcas municipales.

Las viviendas, nunca de más de una planta, tendrán también que sujetarse a una tipología arquitectónica autóctona y propia del medio rural tradicional, y podrán disponer de alberca, pero no de piscinas.

Estas normas servirán también para las viviendas de nueva construcción que se permitan excepcionalmente en parcelas menores de 25.000 metros cuadrados, siempre que se acredite que obedecen a la división tradicional del terreno. Habitualmente, las parcelaciones en La Axarquía solían hacerse por fanega y media, el equivalente a 9.000 metros cuadrados.

Y por supuesto, siempre manteniendo la condición de diseminados, pues lo que la ley justamente pretende es la proliferación de urbanizaciones y nuevos núcleos de población.

La autorización de los proyectos de acuerdo a todos estos requisitos las realizará un consorcio que constituirán la Junta, los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Málaga. Una de las virtualidades de este organismo será descargar también de la presión que reciben los alcaldes de los propietarios para obtener autorizaciones de construcción.

Además, la Junta se ha comprometido también a realizar con la Diputación un plan de mejora de las infraestructuras de la comarca.

En ningún caso podrán legalizarse o autorizarse viviendas construidas sobre suelo protegido, en pendiente, o las realizadas en núcleos que no son realmente diseminadas.