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El PSOE denuncia un 'pelotazo' de 21 millones de los constructores ligados al 'caso Tamayo'

El Ayuntamiento de Navalcarnero niega haber recalificado una parcela a Vázquez y Bravo

El diputado regional del PSOE Modesto Nolla denunció ayer que los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez han obtenido un "pelotazo de 21 millones de euros" gracias a que el Ayuntamiento de Navalcarnero, gobernado por el PP, ha aprobado una modificación del planeamiento urbanístico que permite construir viviendas en una finca, propiedad de ambos, prevista para uso terciario. Un portavoz del Ayuntamiento aseguró que la operación es totalmente legal.

Nolla fue a Navalcarnero para denunciar un supuesto pelotazo inmobiliario del que habrían sido beneficiarios los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez. Ambos fueron implicados ya por el PSOE en una supuesta trama urbanística que estaría detrás de la defección de los dos ex diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, defección que impidió a gobernar a PSOE e IU en 2003 y obligó a repetir las elecciones municipales, tras lo cual el PP obtuvo mayoría absoluta.

Según Nolla, los constructores adquirieron el terreno hace tres años por adjudicación directa y muy por debajo de su precio, y se han beneficiado de un "espectacular aumento del valor de ese terreno: 21 millones de plusvalía que no han ido a parar a las arcas municipales en detrimento de los vecinos de Navalcarnero".

Según la denuncia de los socialistas, la empresa Euroholding, de la que son propietarios Bravo y Vázquez, concursó en 2002 para adquirir una parcela de más de 277.000 metros cuadrados que estaría destinada a uso terciario. Cuenta Nolla que "ese terreno no les fue adjudicado entonces por un defecto de forma, puesto que en el proyecto presentado por la empresa de los dos constructores ya se había previsto uso residencial en esa parcela".

Más tarde, siempre según la versión del PSOE, el Ayuntamiento de Navalcarnero "adjudicó directamente a Euroholding este suelo, sin concurso y muy por debajo de su precio". Este extremo ya había sido denunciado en 2002 por el diputado socialista, que aseguró entonces que el precio por el que habían obtenido los dos empresarios este terreno era tan irrisorio que habían logrado unos beneficios de nueve millones. Según los socialistas, el uso previsto seguía siendo terciario: para la construcción de un parque empresarial, como decía el pliego de condiciones.

Modificación del plan

"El pasado 25 de agosto, la Junta de Gobierno de Navalcarnero aprobó una modificación del plan parcial que permite el uso residencial del 50% de este terreno", continúa Modesto Nolla. "Esto significa que el valor del suelo ha subido de los 15,75 euros por metro cuadrado, cuando el uso era terciario, a 95 euros por metro cuadrado. Un incremento de más de 11 millones; y, si se les añaden los nueve millones de beneficios de la adjudicación directa, suponen cerca de 21 millones de pelotazo para los constructores", concluye Nolla. El grupo socialista de Navalcarnero presentó el pasado día 21 alegaciones para que se anule esa modificación del plan parcial. Y el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, para que explique si va a consentir esta operación.

Un portavoz del Ayuntamiento de Navalcarnero negó ayer todas las acusaciones del PSOE. Según este portavoz, "no hay ninguna modificación del pliego de condiciones de esta parcela". A juicio de este responsable municipal, "el PSOE intentar engañar a la opinión pública y echar basura sobre el Ayuntamiento de Navalcarnero y sobre la Comunidad de Madrid".

"En la propia ficha de este terreno se explica que es un sector mixto, cuyo uso principal es terciario, y el secundario, residencial, y hasta aparece el porcentaje concreto de residencial que puede levantarse en él", insistió el portavoz municipal.

Sin respuestas en la comisión

Durante la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid en el verano de 2003 para intentar desentrañar qué se escondía trás la deserción de los dos ex diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, el partido socialista llamó a declarar a los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual.

Ambos se negaron a responder a casi todas las preguntas que les formularon los representantes del PSOE e IU. Pero Francisco Bravo, durante su exposición de motivos antes de su comparecencia, aseguró que su relación con Tamayo "deviene sólo de asuntos profesionales", y admitió que "simplemente" se limitó a "hacer reservas hoteleras". "Puesto que Tamayo sabe la relación que tengo con el sector hotelero", dijo.

El constructor alquiló, supuestamente, la habitación de hotel en la que se refugiaron Tamayo y Sáez el día que abandonaron la Asamblea y frustraron un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid.

EL PAÍS se puso en contacto ayer con los constructores, a los que dejó un mensaje para que dieran su versión sobre este supuesto pelotazo inmobiliario denunciado por el PSOE. Ni Bravo ni Vázquez contestaron.

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