Unos 200 vecinos exigen al alcalde de Alboraia que paralice sus proyectos

Unos 200 vecinos de Alboraia (21.500 habitantes), la mayoría afectados por los planes urbanísticos del gobierno municipal, del Partido Popular, se manifestaron ayer frente al Consistorio, que proyecta urbanizar 1.200.000 metros cuadrados de huerta. Los manifestantes desplegaron pancartas en contra de las intenciones del alcalde, Manuel Álvaro. Éste expulsó del pleno al concejal del Bloc, Francesc Navarro, por formular varias preguntas sobre la operacion que contempla la expropiación forzosa de 400.000 metros cuadrados de huerta. Representantes de Per L'Horta y Salvem L'Horta Vera-Alboraia exigieron al alcalde que paralice sus proyectos.

El pasado 27 de julio, el consejo de administración de Egusa, empresa municipal creada por el Ayuntamiento de Alboraia, aprobó el expediente de selección de una constructora privada para desarrollar a través de una sociedad mixta sus planes. El 6 de agosto, el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia recoge el anuncio de la Empresa de Gestión Urbanística y Servicios de Alboraia (Egusa). Es entonces cuando los propietarios de la huerta afectada, sector denominado ST5 (400.000 metros cuadrados), se enteran de las intenciones del consistorio, que pasan por la expropiación forzosa, medida que justifica el Ayuntamiento en el "bien público" que el proyecto supone para el municipio.

"Nadie nos informó de nada", lamenta José Alonso, presidente de la plataforma Salvem L'Horta; "todo se hizo con nocturnidad y alevosía, un día en pleno mes de agosto". La asociación, que se opuso desde el principio al proyecto, contrató los servicios de un prestigioso despacho de abogados, que recurrió los procedimientos de licitación iniciados por el Ayuntamiento. La pasada semana, los juzgados 2 y 6 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia admitieron a trámite los dos recursos interpuestos por Salvem L'Horta Vera-Alboraia, que ha desempolvado un caso similar: en julio de 2003, el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal el Plan de Actuación Integral (PAI) que el Ayuntamiento de Aldaia aprobó en 1996, así como el de Quart de Poblet en la superficie conjunta, que amparó la Generalitat y en el que se ubica el centro comercial Bonaire. La sentencia, recurrida por el Ayuntamiento de Aldaia y la Generalitat ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado, sostiene que la modificación del plan urbano no se ajustó a derecho porque no se determinó el interés general ni se ejecutaron la expropiaciones forzosas como marca la ley.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Moncofa logró ayer que tres empresas y tres agrupaciones formadas por propietarios del suelo y afectados pactaran la próxima adjudicación para la urbanización de dos Planes de Actuación Integrada (PAI) que suman una superficie de 3,6 millones de metros cuadrados, informa María Fabra. Así, según informaron fuentes municipales, el Sector Golf se adjudicará a Dragados, mientras que el Sector Balnearios se adjudicará a Promociones Mogar.