La Ley de Capitalidad permite participar al Ayuntamiento en la gestión de Barajas

El Ministerio de Administraciones Públicas, que dirige Jordi Sevilla, ha elaborado un nuevo borrador de la Ley de Capitalidad, tras rechazar uno anterior redactado por el Ayuntamiento y la Comunidad. El nuevo texto contempla que el Consistorio participe en la gestión del aeropuerto de Barajas y en Cercanías, como ocurre en la Carta Municipal de Barcelona. El borrador asume también la creación de una Comisión Interadministrativa de Capitalidad, dirigida por el presidente del Gobierno, en la que las tres administraciones funcionen "como órgano de cooperación" en "obras e infraestructuras".

El pasado 1 de agosto, Esperanza Aguirre, presidenta regional, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunieron en el palacio de la Moncloa. Aguirre reclamó en esa reunión un plan de circulación para la región, que incluía la construcción de nuevas autovías de peaje y el traspaso a la Comunidad de las competencias en Cercanías, casi toda la red excepto las estaciones de Chamartín y Atocha. El Gobierno regional llevaba tiempo, además, reclamando su entrada en el Consejo de Administración de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para poder decidir sobre la gestión de Barajas. De momento, no ha obtenido respuesta.

- Aeropuerto de Barajas. Sin embargo, el último borrador de la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, que ha elaborado el Ministerio de Administraciones Públicas después de haber rechazado uno anterior pactado entre la Comunidad y el Ayuntamiento, establece que el Consistorio podrá participar en la gestión de materias que reclama el Ejecutivo de Aguirre. El borrador explica que el Ayuntamiento participará, "conforme a lo que se establezca en la legislación sectorial correspondiente", en la gestión de infraestructuras, servicios y equipamientos del Estado, "particularmente en los servicios ferroviarios", "el aeropuerto de Barajas y en la Confederación Hidrográfica del Tajo". En la Carta de Barcelona, que se está tramitando en el Congreso, se establece que ese Ayuntamiento tendrá competencias semejantes. En vez de Barajas, se lee aeropuerto de El Prat.

- Órgano de cooperación. El borrador establece también la creación de la llamada Comisión Interadministrativa de Capitalidad. En este organismo participarán, a partes iguales, las tres administraciones, y su objetivo es crear un "órgano de cooperación para la articulación de las relaciones entre el Estado, la Comunidad y el Ayuntamiento" en las materias de seguridad ciudadana, celebración de actos oficiales, ejercicio de los derechos a la libre expresión y manifestación, "obras e infraestructuras" y "cualquier otra materia que pudiera afectar relevantemente a las tres administraciones como consecuencia de la capitalidad de Madrid". Actualmente, las competencias en infraestructuras regionales son exclusivas de la Comunidad de Madrid. El texto añade que "la concreta determinación de las atribuciones" de la comisión se regulará en un futuro reglamento.

El pleno de esta comisión estará integrado por 15 miembros (cinco en representación de cada Administración). La presidencia recaerá sobre el presidente del Gobierno de España u "órgano superior en quien delegue", señala el anteproyecto.

- Fuero especial. Este borrador, al igual que hacía el anterior, rechazado por el Gobierno central, establece que la "responsabilidad penal del alcalde y concejales" se delimitará en función de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que tendrá la competencia para conocer los asuntos referidos al alcalde y ediles, y no la Audiencia Provincial como hasta ahora.

- Incompatibilidades. El borrador establece igualmente un régimen de incompatibilidades para los concejales y el personal directivo del Ayuntamiento que desempeñen su cargo con dedicación exclusiva. "Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, no podrán realizar actividades privadas con empresas que tengan o hayan tenido, en los cuatro años anteriores, cualquier tipo de relación contractual o relaciones económicas con ánimo de lucro". Los concejales tendrán que declarar las actividades privadas que desempeñen y "de aquellas que vayan a desempeñar una vez que hubiesen cesado en el cargo".

- Junta de Gobierno. El alcalde, como ya indicaba el texto anterior rechazado por el ministerio, podrá nombrar libremente a los miembros de la Junta de Gobierno, "cuyo número no podrá exceder de un tercio" del número de concejales.

- Defensor del vecino. El pleno podrá crear un órgano especializado en "la defensa de los derechos de los vecinos". Éste supervisará la actividad municipal y elevará, mediante un informe anual, las quejas presentadas, al estilo de las figuras del Defensor del Pueblo o del Menor.