Conde-Pumpido quiere que se juzguen penalmente más delitos de tráfico

"La seguridad vial es una de las zonas oscuras del sistema penal". Ésta fue una de las primeras frases que Cándido Conde-Pumpido pronunció ayer ante la Comisión no permanente de Seguridad Vial en el Congreso, una intervención en la que el fiscal general del Estado explicó por qué, en su opinión, los garantes de la justicia no han sido capaces de "encontrar armas realmente eficaces con las que vencer esa amenaza cotidiana contra la vida" que constituyen los accidentes de tráfico.

Conde-Pumpido afirmó que las reformas legislativas que sucesivamente han afectado a los delitos relacionados con la circulación han ido despenalizando las conductas, de forma que "la consecuencia efectiva y lamentable ha sido la práctica desaparición de las condenas por delitos de resultado imprudente, generando una cierta sensación social de impunidad".

El fiscal general criticó que, debido a la escasez de medios, el ministerio fiscal apenas está presente en las vistas sobre accidentes de tráfico, que en su mayoría son juicios de faltas, más ágiles para la obtención de la indemnización, pero que relegan "el aspecto penal al terreno de lo simbólico".

En su opinión, no se puede volver a la situación anterior, en la que estas infracciones "monopolizaban la justicia penal". "Pero hay que invertir la tendencia, colocar el péndulo en el punto intermedio y reconducir a la vía penal no todos, pero sí los delitos más graves, para poder luchar contra la sensación de impunidad de las víctimas", aseveró.

A la pregunta del portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, sobre si es partidario de endurecer las condenas relacionadas con la seguridad vial, Conde-Pumpido respondió que no cree que sea la solución. "Es más conveniente que las penas sean adecuadas y proporcionadas", aseguró.

El PSOE, por su parte, le pidió la creación de un fiscal especializado en este tipo de delitos, al igual que el que se creará para supervisar la siniestralidad laboral o el medio ambiente. Conde-Pumpido se mostró favorable a nombrar un fiscal, pero no especializado, sino delegado, que coordine y establezca pautas homogéneas de actuación en los delitos contra la seguridad vial.

Conde-Pumpido destacó también que la Memoria de la Fiscalía de 2004 recoge por primera vez un apartado específico sobre este tipo de infracciones. El año pasado se incoaron 42.666 diligencias previas por delitos contra la seguridad del tráfico, de las que un 91% se refieren a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, si bien éstas han disminuido desde 2002.