Un acuerdo para incumplir

Al hilo del último caso de transfuguismo en Gibraleón (Huelva), EL PAÍS organizó un debate con los partidos en el que participaron Carmen Tovar, miembro de la ejecutiva regional del PSOE y alcaldesa de Castilleja de la Cuesta; Carlos Rojas, diputado andaluz y miembro de la dirección del PP; José Luis Centella, responsable municipal de IU; e Isabel Donado, secretaria de Comunicación del PA. Lo que sigue es un resumen.

Pregunta. Si todos los partidos están de acuerdo en lo que es la definición del transfuguismo, ¿por qué a la hora de la verdad no se cumplen los pactos?

Carmen Tovar (PSOE). Todos conforme con lo que es la palabra tránsfuga y el transfuguismo y prácticamente todos los partidos mayoritarios a favor y en defensa del pacto antitransfuguismo, lo que sí es necesario es conocer en cada circunstancia lo que está pasando en cada pueblo y saber por qué se ha llegado a esa situación, no para tomar una medida en contra del pacto antitransfuguismo, pero sí para saber discernir por qué se toman esas decisiones en esos momentos precisos en cada localidad.

Carlos Rojas (PP). El partido socialista, que gobierna en Madrid y en Sevilla, no ha puesto en marcha medidas antitransfuguismo porque está utilizando a los tránsfugas, así de claro. Desde 1998, cuando gobernaba el PP, se dio el avance más significativo que ha habido contra el transfuguismo. Me da la sensación de que el PSOE no quiere mover ficha porque está utilizando a los tránsfugas. El propio presidente de la Junta, el señor Chaves, no quiere ni siquiera abordar el problema, está lanzando globos sonda igual que los lanzó ya hace tres años, ahora mismo con el tema de los independientes, por no querer dar la cara y convocar la mesa antitransfuguismo.

José Luis Centella (IU). Para nosotros el problema está en que mientras no haya cambios legislativos, dejar este tema en manos de la buena voluntad es sustentar la hipocresía. La verdad es que decir que cada pueblo es un mundo, pues eso se puede decir para cada caso judicial. Entonces no habría leyes, porque todo el mundo que comete un delito le encuentra una justificación. Para nosotros, el transfuguismo no se puede atajar con pactos de buena voluntad, sino con leyes.

Isabel Donado (PA). La definición de tránsfuga viene en el código de conducta política, en el pacto antitransfuguismo, pero curiosamente cuando se van sometiendo los casos en las distintas comisiones, uno empieza a reinterpretar lo que la letra del código dice: un tránsfuga es un señor que abandona su grupo político de pertenencia para mantener, modificar o alterar una mayoría de gobierno en un municipio. Hay una clara falta de voluntad política de solucionar el problema. La comisión antitransfuguismo se convierte en una pelea PSOE-PP: uno diciendo que lo mío no es porque en el pueblo ocurrió no se qué, y el otro diciendo que lo mío no es porque en el pueblo ocurrió otra cosa. Hay que adoptar medidas legislativas que vayan a solucionar el problema político, no solamente medidas legales de reforma del Código Penal, o de la ley urbanística... Yo creo que, como muchos problemas de fondo que permiten el caldo de cultivo a los tránsfugas, hay un inadecuado sistema electoral local, hay un bajo régimen de incompatibilidades de los concejales y un problema crónico de insuficiencia financiera de los ayuntamientos...

P. ¿La elección directa del alcalde sería una solución?

J. L. C. Sería todo lo contrario. Si estamos hablando de que el problema es que el tránsfuga puede cambiar de partido e irse con el extraño, el que se elija directamente al alcalde no solamente no lo arregla, sino que lo puede dificultar, porque cambiando solamente al alcalde se estaría cambiando todo el gobierno. La solución es cambiar la ley para que una persona no pueda cambiarse de partido y llevarse el acta.

C. R. Yo creo que eso tiene que ir acompañado de un gran consenso entre todas las fuerzas políticas porque si no, al final, no sirve. Esa norma va a seguir siendo estable, por consenso de todas las fuerzas políticas. Yo creo que se puede buscar una fórmula de consenso para reformar la ley. Se puede hacer y estaríamos evitando muchos casos como éste...

J. L. C. Pero el consenso existe...

C. R. Existe el consenso, pero el consenso existe en las formas, cuando se lleva a la práctica. Si no, no hay consenso.

C. T. Encima de la mesa hay dos soluciones: una puede ser temporal e interpretable que es el tema de la comisión de expertos y otra más profunda, duradera y necesaria en la reforma legislativa. Hay muchas cosas que ver en la ley de reforma electoral.

P. ¿En qué sentido iría la reforma legislativa?

C.T. Se debe regular qué pasa cuando un concejal adscrito a una organización pasa a ser un no adscrito. No hay nada regulado, depende todo de la voluntariedad del representante de la institución en ese momento. Ha estado a debate el tema de la retirada del sueldo porque en eso no hay una regulación expresa. Todo lo que no sea una regulación jurídica no van a sacarnos de este pollo y cogerá protagonismo en tan-