El 'caso Mena'

Con el cese y el pase definitivo a la reserva del jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, teniente general José Mena, decidido ayer por el Consejo de Ministros por su discurso sobre el Estatuto catalán el día de la Pascua Militar en Sevilla, hay que suponer que el caso queda definitivamente cerrado, al menos en lo que respecta a su vertiente administrativa.

Sería ingenuo, sin embargo, concluir que el asunto no ha dejado heridas en el estamento militar y convulsiones en el ámbito político. En el primero, parece que la solidaridad de algunos de sus conmilitones es inferior a la opinión de quienes creen que el teniente general se excedió al mezclar un discurso institucional con un tema que es objeto de confrontación política. Un mando militar está en su derecho a simpatizar con un proyecto político, pero viola las ordenanzas militares, y debe por tanto ser sancionado, si proclama sus opiniones en público.

¿Qué decir del ámbito político? Por desgracia hay que destacar una vez más que el principal partido de la oposición no ha estado a la altura de las circunstancias. Las primeras manifestaciones complacientes del portavoz popular justificando las palabras de Mena fueron deplorables. Tampoco parecen responsables las de su presidente Rajoy, al afirmar que la actitud del presidente del Gobierno sobre el proceso estatutario provoca este tipo de comportamientos. Salvadas todas las distancias, sería como atribuir a Adolfo Suárez la responsabilidad por la intentona golpista del 23-F, de la que se cumplen 25 años.

Conductas como la de Mena sirven, además, para exacerbar sentimientos nacionalistas, para que emerjan las letanías de victimismo autonómico o para que algunos líderes del PNV comparen ETA y el Ejército al rechazar "tutelas" en el País Vasco y pidan la abrogación del artículo 8 de la Constitución, que otorga a las Fuerzas Armadas la misión de "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Puede resultar discutible la redacción de ese artículo y el hecho de que forme parte del núcleo constitucional especialmente protegido, pero las Constituciones son hijas de su tiempo y muchos creyeron en 1978 que era una forma de rebajar los temores ante el nuevo Estado autonómico. En todo caso, el texto constitucional no plantea ninguna duda sobre el sometimiento de los Ejércitos al poder civil que emana de la soberanía popular. Sería temerario plantear la reforma del artículo 8, que exige doble referéndum, para eliminar un riesgo inexistente.