Insolidarios

Un estatuto de autonomía, cualquier estatuto, no es un instrumento del separatismo. Más bien es todo lo contrario, es el marco jurídico que determina la relación que debe existir entre una comunidad y el Estado. Puede suscitar contradicciones, diferentes opiniones, intereses opuestos, pero no puede, en modo alguno, llegar a ser un documento escisionista, puesto que quienes lo propugnan, buscan una forma de unidad, tratan de propiciar un acuerdo. Se discuten las condiciones y las formas de inserción de una región, de una nacionalidad, de una determinada colectividad, en un estado central, nunca la separación de ese estado. Por muy importantes que sean las cesiones que deba hacer el estado (y en todos los estatutos se trata de cesiones, grandes o pequeñas, de soberanía) en ningún caso la finalidad de los acuerdos puede consistir en la separación. Puede ocurrir que algunos independentistas o nacionalistas consideren, acertada o erróneamente, que un grado mayor de autonomía puede aproximar y allanar el camino de la separación, cosa en realidad nada probable. Generalmente los estatutos de autonomía son de largo alcance, pueden durar, con pequeñas reformas, toda la vida y, de hecho, garantizan una larga unidad con el estado de que se trate, al margen de los beneficios que puedan aportar a la comunidad en cuestión. No facilitan, más bien frenan, la independencia, que requiere truculencias de otro tipo. El Estat Català fue proclamado en 1931, antes que el Estatuto del 32 viniera precisamente a moderar las ansias independentistas de los catalanes.

No trato de comentar el proyecto catalán, que no conozco, sino la situación creada donde, a juzgar por el escándalo suscitado por la propuesta de ampliación del estatuto, no parece que la gran mayoría de españoles opine que los estatutos sirvan para preservar la unidad de España, tal como yo pienso. Un gran número de ciudadanos, que ignoran todo sobre estatutos y a los que les importan muy poco, se cree las tonterías que, apelando a su patriotismo, repite el PP sobre sus peligros. No es que yo crea que los dirigentes del PP son tontos, ni mucho menos. Pueden ser reaccionarios o muy reaccionarios, pero no tontos. Creo que saben de sobra de qué va el asunto. Se trata de tonterías tácticas: sobre que España se rompe, sobre la imaginada igualdad de los españoles, sobre la desintegración de la justicia, sobre la insolidaridad. El interés del PP se centra en desgastar al Gobierno para recuperarlo cuanto antes y desprestigiar, con insultos, a Zapatero culpándole de todo. De lo que hace o no hace, de lo que dice o no dice, sea cierto o falso, sin tener en cuenta las importantes afinidades de fondo que mantienen ambos partidos respecto al problema de los estatutos. En un tono menos agresivo e insultante que los presidentes de autonomías del PP (si exceptuamos a Rodríguez Ibarra), los argumentos de los presidentes socialistas son muy parecidos. No puede haber más nación que una, cosa que la Constitución no dice, solo señala que España es una nación; la Justicia no se puede dividir; no existe la necesidad de cambiar algo que funciona bien; la bilateralidad discrimina las demás autonomías; la solidaridad quedará menoscabada. En mi opinión vaticinios sin consistencia. Nada que pueda ser contrastado en la práctica.

Este último argumento de la solidaridad, bastante tópico, resulta curioso. Una colectividad acepta voluntariamente obligaciones comunes, no necesariamente iguales, después de llegar a acuerdos sobre su aportación y los límites de su contribución. Si se le obliga a aceptar una situación que considera injusta no cabe hablar de solidaridad. Habrá que llamarlo compensación obligatoria o de cualquier otra manera. Quienes tanto hablan de solidaridad, se suelen mostrar absolutamente insolidarios al reclamar todo lo que los demás reciban. Si una autonomía negocia más financiación o más competencias por considerarlas necesarias, la inmediata e idéntica reclamación de las comunidades restantes, que de entrada ni pensaban, pone en peligro su concesión. Teniendo en cuenta que la profusión de reclamaciones impide que sean atendidas las primeras, se puede deducir que las posteriores han sido planteadas para bloquearlas. Por lo cual resulta profundamente insolidaria la actitud del "nosotros no vamos a ser menos", frase que además revela una cierta disposición a la envidia. Por otra parte, afirmar que un estatuto funciona muy bien y a continuación reclamar todo aquello que pide aquel que necesita ampliarlo, a mí me parece contradictorio y, repito: profundamente insolidario.

Doro Balaguer es escritor.