Una inspectora de Trabajo y empresarios, entre los 28 implicados en el fraude de los cursos de formación

Un total de 28 personas han quedado en libertad con cargos por su presunta participación en un fraude que puede alcanzar los ocho millones de euros de fondos europeos para cursos de formación que no se llegaron a impartir. Entre los implicados se encuentran empresarios, sindicalistas, profesores y una inspectora de Trabajo de Cádiz, que es esposa del empresario Justo Lucas del Río Moreno, uno de los supuestos cabecillas de la trama junto con su socio Juan Luis C. S. y Herminia C. C, según fuentes de la investigación.

La investigación comenzó el 16 de junio de 2005 tras la denuncia de Antonio M. M., abogado y profesor de un centro de enseñanza de Chiclana (Cádiz). Éste denunció a los responsables de las empresas gaditanas CES, SL, Acfor 2000 y Gemfort 2000, entre otras. El abogado situó como cabecillas de la trama a Justo Lucas del Río Moreno y a la esposa de éste, la inspectora de trabajo Begoña M. U.

Por orden de una juez de Chiclana de la Frontera, agentes de la Guardia Civil se desplazaron a la sede en Madrid del Forcem (Formación Continua de Empresas) y analizaron los expedientes y documentación de 17 empresas implicadas en la trama. La llamada Operación Escuela se extendió luego a Murcia, Sevilla, Granada y Madrid.

Diplomas falsos

Los investigadores observaron que muchos cursos que tiene una duración determinada habían quedado limitados únicamente a dos clases y que una gran cantidad de alumnos habían recibido diplomas sin nisiquiera haber asistido a los cursos. El cabecilla de la trama también utilizó documentos de identidad de alumnos para confeccionar diplomas falsos.

Las subvenciones europeas defraudadas fueron concedidas entre 2000 y 2005 y correspondían a los antiguos cursos Forcem, que actualmente son gestionados por la comisión tripartita, compuesta por representantes de las empresas, sindicatos y el Instituto Nacional de Empleo (Inem).

El coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Antonio Dichas, detalló ayer las "actuaciones ilegales" de los integrantes de esta red: concedían certificados que necesitaban los estudiantes para "engordar sus currículos y poder acceder a un determinado puesto de trabajo", otorgaban títulos por cursos que no se realizaron o no se completaron y certificaban la asistencia a más clases que las recibidas.

De los detenidos, nueve son de Cádiz, igual número de Madrid, cuatro de Murcia, dos de Sevilla y uno de Granada. Todos están acusados de ser presuntos autores de delitos de estafa, fraude y falsedad documental. Salvo uno, todos los detenidos en Madrid han negado conocer al cabecilla de la trama y se han desvinculado del fraude, según fuentes de la investigación. A los detenidos se les ha preguntado por fuertes sumas de dinero detectadas en cuentas bancarias.

Entre los 28 implicados, hay dos sindicalistas de la sección de banca de CC OO, uno de Sevilla y otro de Madrid, según confirmó ayer la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Sin embargo, la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC OO en Andalucía (Comfia) negó a través de un comunicado que haya algún responsable de este sindicato implicado en este presunto fraude. No obstante, admitió que la Guardia Civil le requirió información sobre la convocatoria de unos cursos de formación en 2000.

La subdelegación del Gobierno en Cádiz desligó a la patronal del suceso y aseguró que el fraude detectado se trata de "un episodio aislado" que no puede "generalizarse".