Concierto de demagogos

Cuando Francisco Roig llegó a la presidencia del Valencia CF en 1994 la familia merengue pudo percibir enseguida que había comenzado una nueva etapa sin precedentes en el club, pues tal era la insólita dimensión de sus ambiciones y propuestas, tanto económicas como deportivas. Lo que difícilmente pudo preverse es que su mandato sacudiese tan abruptamente la entidad y que la estela del mismo se prolongase hasta nuestros días, no ya por la bondad de su recuerdo, sino debido a las trapisondas de su gestión, colmo de la demagogia y temeridad, con la anuencia o concurso de los consejeros cómplices y, sobre todo, de las autoridades del PP, Rita Barberá y Eduardo Zaplana. No mentarles en este trance equivaldría a negarles -especialmente a la alcaldesa- el desdoro que merecen.

Todavía está vivo el pleito iniciado por un grupo de accionistas de la sociedad deportiva disconformes con las retribuciones indebidamente percibidas por el referido mandatario, así como con la ampliación de capital llevada a cabo en 1997 y que se hizo al amparo de innumerables picardías y subterfugios. Después de un recurso de reforma y otro de apelación que ha prosperado, la demanda sigue su camino procesal y hasta es posible que los juzgadores se avengan a las razones alegadas, aunque ya será demasiado tarde. La victoria, entonces, no pasará de pírrica y la sentencia no será más que papel mojado. Como la más reciente que ha anulado otra ampliación, la del campo -que no estadio, que no lo es, todavía, al menos- de Mestalla.

Aunque es un episodio sobradamente conocido, la mentada ampliación del campo fue uno de los objetivos insoslayables del "Valencia campió" que se predicaba. Había que aumentar el graderío en 30.000 localidades más, a pesar de que únicamente se llenaba en una o dos ocasiones como máximo a lo largo de la temporada futbolística. Claro que se trabajaba con la vista puesta en el futuro y también, claro está, en el jugoso trámite de la financiación de las obras. Consejeros y afición aplaudían la iniciativa, por más que su ejecución tropezase con el Plan General de Ordenación Urbana, fuese necesario confiscar suelo público y allanar la paz y hasta la intimidad de casi un centenar de familias vecinas del viejo coliseo. Se arrolló todo para acabar aumentándose 12.000 asientos tan solo, agudizando la incomodad, ya afamada, de ese recinto. ¡Menudo negocio para quien lo hizo!

Puede comprenderse el arrojo de los directivos valencianistas, y especialmente del autócrata que los lideraba, para aventurarse en tal desatino, acerca del cual el Tribunal Supremo acaba de fallar su ilegalidad, abriendo la puerta a la demolición de las obras. Se confirma así la sentencia del más alto tribunal de justicia valenciano y, simultáneamente, la contumacia de la corporación municipal y de la Generalitat que ampararon, con el apoyo único del PP, el desmán escandaloso y cantado desde que se alumbró. Como dice Rafael Rubio, portavoz socialista en el Ayuntamiento capitalino, "alguien debería dimitir". Pero nadie lo hará. No hay costumbre. Más aún: se tiene la impresión de que al partido gobernante le ha salido gratis y redonda la jugada. "La sentencia se cumple sola", ha declarado el teniente alcalde, Alfonso Grau, en un alarde realmente olímpico de cinismo. Da por hecho que la demolición se efectuará, pero por el previsto derribo y traslado de Mestalla.

Ignoramos cómo acabará esta historia, con lo que aludimos a la restitución del suelo público chorizado y a las posibles indemnizaciones al vecindario afectado, acerca de las cuales, por cierto, no es Manuel Llorente, ex consejero delegado del Club, la persona más legitimada para opinar sobre su procedencia. En todo caso, lo apremiante es mirar con lupa qué se cuece en punto al nuevo estadio proyectado en la Avenida de las Cortes. Con los precedentes referidos, la demagogia derrochada, la dejación municipal y los datos que se conocen de la operación no debería de sorprendernos otra barrabasada legal o urbanística.