¿Campeones o nacionales?

Aunque no sepamos muy bien por qué, todos sabemos que nuestro sector energético está en un equilibrio inestable, perturbado de vez en cuando por amagos de concentración casi siempre frustrados. Ante cada uno de esos movimientos, nuestras autoridades han debido elegir entre mantener la competencia en el mercado interno y propiciar la creación de grandes empresas con posibilidades de proyectarse al exterior; y, con gobiernos de uno y otro signo, han manifestado cierta preferencia por lo segundo, como se ha hecho patente con ocasión de la OPA de Gas Natural sobre Endesa.

La oferta de la empresa alemana E.ON cambia los términos del dilema: nuestras autoridades deben ahora decidir si prefieren que Endesa forme parte de uno de los actores principales del panorama energético mundial -aunque se trate de un actor nacido en otro país- o si les gustaría más contar con una empresa bastante menor -Gas Natural más Endesa sumarían la mitad de EDF, el "campeón nacional" francés, y ocuparían el sexto puesto en Europa- pero con sede social en España. No hay que exagerar los extremos: ni Endesa es hoy propiedad exclusiva de españoles -de modo que la absorción en E.ON podría ser un cambio de grado más que de naturaleza-, ni el Gobierno puede hacer lo que quiera; pero hay que admitir que Endesa más E.ON quedaría menos sujeta a la influencia de nuestro Gobierno que Endesa más Gas Natural, y que el Gobierno tiene cierto margen de maniobra, así que ha de decidir. Imagine entonces el lector que ocurre algo insólito: el Gobierno le pide opinión. ¿Qué le aconsejaría?

Podría empezar por prescindir de los epítetos al uso -las acusaciones de "proteccionismo" o de "patriotismo económico", a las que cabría contraponer las de "entreguismo" o "librecambismo irresponsable"- y partir de una observación de sentido común, nada original y bien documentada, a saber: que el laissez-faire no es, ni un dogma de fe, ni una doctrina científica, sino una regla práctica; acertada en general, pero que admite excepciones. A continuación, podría proceder como hacen nuestros socios comunitarios, pensando en primer término en lo que más nos conviene, aunque procurando que eso coincida con lo que convendría a la Unión Europea; y podría por fin preguntarse: ¿qué es mejor para los intereses españoles en este caso: ser cola de león, o correr el riesgo de quedar en cabeza de ratón?

El instinto nos recomienda procurar que el sector energético español quede, en lo posible, en nuestras manos: sólo así, nos dice, quedan garantizadas la calidad y continuidad de algo tan necesario como es el suministro eléctrico; y sólo así se puede mantener el empleo en el sector. Ya ve el lector que el instinto no siempre es buen consejero: por una parte, en un sector tan reglamentado como es y seguirá siendo el eléctrico, la forma de asegurar la calidad del servicio es, no la propiedad de las empresas, sino una regulación adecuada de sus comportamientos: cualquier empresa eléctrica quedará sometida a unas reglas cada vez más uniformes en el ámbito europeo, y poco importará quiénes sean sus accionistas. En cuanto a la hipotética pérdida de puestos de trabajo, no exageremos: el sector lleva más de una década reduciendo sus plantillas por todos los medios a su alcance; una fusión, nacional o extranjera, hará que sobren algunos puestos, pero no en número suficiente como para que lo registren las estadísticas de empleo. Eso sí: algunos servicios, prestados hoy desde aquí, pasarán a ser contratados en Düsseldorf, y allá habrá que ir a ofrecer consultoría, asistencia técnica y cursos de formación para directivos. Ésta es, desde luego, una pérdida, si bien hay que observar que nuestras buenas escuelas y empresas de servicios llevan ya algún tiempo considerando el mercado europeo como su terreno natural de juego, y ofrecer sus servicios en el extranjero no es nada nuevo para ellas.

A los argumentos "nacionalistas", no muy sólidos en este caso, puede uno oponer el habitual del partidario del laissez-faire: que el mayor tamaño va asociado a una mayor eficiencia. Tampoco ese argumento es muy convincente, porque Endesa es ya bastante grande para haber agotado todas las economías de operación vinculadas al tamaño; es incluso concebible que Endesa más E.ON pueda sufrir de ser demasiado grande. Pero hay otro: un artículo reciente de Jürgen Donges nos recuerda que, durante las próximas décadas, asistiremos a una lucha por el acceso a las materias primas energéticas -petróleo, gas e incluso carbón- en todo el mundo; en esa lucha contarán sobre todo el peso de cada uno de los contendientes, y el apoyo político de que disfrute: en efecto, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional o en el europeo, el panorama energético mundial se parece más a un combate de lucha libre que a un mercado regulado. En la medida que esto sea cierto, un país como el nuestro difícilmente podrá pensar en crear campeones nacionales en este sector, e interesará más al consumidor español estar a la sombra de alguien mayor.

Hay que poner en tela de juicio otro argumento empleado por los defensores del blindaje, a saber: que todo el mundo hace lo mismo. Hasta la fecha, sólo un país -Francia- ha reaccionado con medidas defensivas; pero la empresa eléctrica francesa es, hoy, la mayor de Europa -de modo que puede ser considerada como un verdadero campeón- y, aún así, puede que esas medidas defensivas constituyan un error: no hay por qué imitarlas.

Y quizá todo ello nos lleve -sea cual sea el resultado en este asunto- a hacernos una reflexión más general: en algunas actividades, como es el caso del turismo, somos actores en la escena mundial: pero son muy pocas. En las demás, tenemos más a ganar tratando de conquistar algo del mercado europeo que empeñándonos en defender el nuestro: no se trata sólo de que no podamos ir a contracorriente del proyecto europeo; es que casi nunca nos conviene hacerlo.

Alfredo Pastor es profesor del IESE y de la CEIBS de Shanghai.